El economista Francisco Rodríguez explica que no está a favor de levantar las sanciones, aunque cree deben ajustadas para reducir su impacto en la población general de Venezuela. Además, no ve una solución negociada a la crisis, pese a los que apuestan por nuevas conversaciones entre los gobiernos de Biden y Maduro
El economista Francisco Rodríguez, con una larga trayectoria en EEUU como analista de inversiones, no cree que una negociación tenga mucho espacio hoy en Venezuela para superar la crisis política. Por eso insiste en la necesidad de ajustar las sanciones contra el régimen chavista de Nicolás Maduro para atenuar sus efectos sobre la población.
«Yo no tengo mayor optimismo sobre la negociación política. Creo que hay que intentarla, pero no creo que va a dar mucho resultado», dice Rodríguez a El Estímulo.
«La posición mía es que tiene que haber una negociación humanitaria que esté desvinculada de la política. O sea, la flexibilización de sanciones (que no sería un levantamiento) es para crear esquemas humanitarios financiados con ingresos petroleros. La idea no es conseguir concesiones políticas a cambio (que creo que no las conseguiríamos) sino ajustar las sanciones de forma de mitigar sus efectos sobre los venezolanos», explica.
Este miércoles el chavismo ratificó al 60% de los magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un Poder Público que se supone debería ser independiente pero que es controlado por el chavismo desde hace lustros como su brazo judicial.
Otros analistas observan que esos nombramientos ratifican el talante del régimen chavista, y su negativa a emprender cambios que den confianza en las instituciones y en futuros acuerdos para resolver la crisis política, económica y social del país.
Rodríguez fue escueto al respecto:
«Me parece muy negativo, aunque no me sorprende. El gobierno sigue con la estrategia de copar todas las instituciones, lo que dificulta las salidas institucionales. Por supuesto, en la medida en que siga habiendo un TSJ totalmente subordinado a Maduro, habrá una inseguridad jurídica latente que pondrá límites a cualquier recuperación de la economía venezolana», dijo.
Rodríguez, educado en Harvard y cuyo padre fue un histórico ex ministro de Planificación (Cordiplan) de la era democrática (Gumersindo Rodríguez), es uno de los firmantes de una reciente carta dirigida por un grupo de venezolanos al presidente Joe Biden, carta que causó revuelo por lo álgido del tema de las sanciones, el chavismo y la crisis humanitaria.
Muchos actores interesados suelen saltar como resortes cuando se asoma la posibilidad, remota o no, de que se levanten esas sanciones impuestas por Washington contra el chavismo por sus continuos atentados contra la democracia y los derechos humanos.
Algo así ocurrió en las últimas horas, cuando corrió una versión, atribuida a The Economist, pero que en realidad partió de medios venezolanos, de que se prepara una supuesta reunión esta vez en Trinidad.
Desde Washington, fuentes del gobierno de Biden consultadas para El Estímulo, niegan que hasta ahora haya previsto tal encuentro.
En el mundo de los negocios petroleros y de la desahuciada deuda externa venezolana hay muchos actores interesados en que en algún momento se normalicen las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero esos intereses no se limitan a ese contexto.
“Como economista como analista, no puedo decir si están interesados o no ciertos actores, los que lo pueden decir son ellos”, comenta Rodríguez al ser consultado sobre si los tenedores de bonos de deuda están especialmente interesados en estas conversaciones.
“Puedo hablar de los beneficios que puede tener para distintos actores una renormalización de las relaciones económicas y financieras de Venezuela con el resto del mundo”, añadió.
“Y sí, efectivamente una reinserción de Venezuela en la economía mundial traería beneficios a actores del sector privado que están involucrados o quisieran estar involucrados en transacciones económicas con Venezuela. Esto es cierto para los mercados financieros internacionales, para las compañías petroleras y para muchísimos otros actores”, agregó.
“No creo que los acreedores tenedores de deuda pública venezolana son necesariamente diferentes de otros actores que se han perjudicado por el colapso económico venezolano”.
Rodríguez pone el ejemplo de la vecina Colombia, que exportaba $6.000 millones en mercancías a Venezuela anualmente y hoy le vende menos de $300 millones.
«Se beneficiaría el sector privado colombiano de una renormalización de la relación de Venezuela con el resto del mundo y con Colombia”, dijo sobre la realidad más general.
La carta enviada por un grupo de 25 personas entre economistas, académicos, políticos y hasta periodistas pide al gobierno de EEUU que «negocie posiciones para el mejor interés del pueblo».
“Nadie está hablando en este momento de un levantamiento de sanciones. El planteamiento que se ha hecho, que hemos hecho algunos de los que suscribimos la carta al presidente Biden, es una una flexibilización gradual, progresiva negociada, del régimen de sanciones», dice Rodríguez.
Una flexibilización «que permita que Venezuela recupere acceso a mercados petroleros internacionales bajo un estricto condicionamiento de que esos recursos sean utilizados bajo esquemas humanitarios para la compra de alimentos, medicinas, insumos para el sector agrícola, en general bienes y servicios que permitan atender la crisis humanitaria venezolana”, ratifica.
Algunos críticos insisten en que los acreedores de Venezuela serían unos de los primeros beneficiaron de la flexibilización de las sanciones que hoy impiden renegociar esa deuda en default (impagos) desde 2017.
Ese año Maduro rompió con la firme tradición de Venezuela de ser un deudor serio y riguroso en sus pagos. En medio del colapso de la industria petrolera declaró el cese unilateral del servicios de la deuda. Eso fue antes de que se agravaran las sanciones impuestas contra el régimen chavista.
Aunque tampoco ha habido nuevas emisiones de deuda en estos años, el cese de pagos lleva al constante crecimiento de la deuda pública total.
Francisco Rodríguez estima que la parte relacionada a los bonos de deuda estaba al cierre de 2021 en 72.500 millones de dólares, lo que incluye los intereses causados por el default, los pagos que no se han hecho por cupones acumulados en este período.
El monto solo de capital no pagado está más cercanos a los $60.000 millones.
«Esa es una de las consecuencias del default, en la medida en que no se paga se van acumulando intereses que van engrosando el monto nominal de la deuda», observa.
Esos bonos son solo una parte de la deuda total del sector público que está en el orden de los $170.000 a $172.000 millones, una cifra que coincide con la de otros economistas e instituciones, según la fecha de referencia.
“La deuda en bonos termina siendo una parte importante, pero menor, menos de la mitad de toda la deuda externa del sector público que también incluye préstamos, deuda de Pdvsa con contratistas, deuda surgida de laudos arbitrales en Ciadi (Centro Internacional de arreglo de diferencias, vinculado al Banco Mundial) y otros tribunales contra Venezuela», explica.
Algunos pocos acreedores de la República y de la estatal Petróleos de Venezuela han iniciado acciones legales en cortes e Estados Unidos para intentar cobrar de algún modo.
“Si, hay algunos que han iniciado, son pocos, la mayoría no ha iniciado, porque pareciera ser que esto se debe a que por un lado ven poca probabilidad de éxito (no en los tribunales reconozcan su acción) de poder efectivamente obtener un cobro en base a eso», señala.
“La deuda venezolana está principalmente en manos de fondos de inversión cuyo modelo de negocios no es litigar sino más bien de negociar una reestructuración con los deudores y eso ha sido altamente problemático…en el sentido de que no ha habido espacio para este tipo de negociación sobre reestructuración y eso es lo que los ha llevado a no demandar, esperando el momento para una posible reestructuración”, observa.
Si se llegaran a dar en algún momento, las negociaciones de esa deuda no necesariamente van a ser hostiles, como se demostró en los casos de Ecuador, Uruguay, y en el más reciente proceso en Argentina, añade.
Los bonos de la deuda venezolana se transan por debajo de 10% de su valor facial (nominal) y en algunos casos hasta en 5%.
Paradójicamente, el propio Maduro se beneficia porque puede recomprar deuda barata y disminuir los montos.
“Si no hay una flexibilización de sanciones, la situación actual le permite a Maduro recomprar deuda a precios muy bajos y a mí no me sorprende, puede hacerlo perfectamente porque las sanciones que impiden que el gobierno venezolano entre en transacciones de deuda solo restringen al mercado financiero estadounidense», observa.
Recuerda que algo así hizo Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.
“No es que el levantamiento de sanciones o la flexibilización de sanciones va a permitir que Maduro haga esto. Es que Maduro lo puede estar haciendo ahorita perfectamente bajo la situación actual y más bien una flexibilización de sanciones que llevase a unas negociaciones probablemente le haría más difícil a Maduro recomprar a estos precios» actuales.
Hay algo además que se ha ventilado poco: algunos bonos de la República y de Pdvsa tienen cláusulas de prescripción, lo que significa que si después de cierto plazo los acreedores no han demandado ni llegado a un acuerdo de reestructuración entonces se pierde, se borra esta deuda.
«Eso ocurriría gradualmente y eso lo que quiere decir en el actual estatus quo puede haber un caso en que esta situación prolongada le permita a Maduro borrar la deuda, quedarse sin tener que pagar nada porque los derechos de los acreedores van a a comenzar a extinguirse permanentemente», señala Rodríguez.
Esa extinción es gradual, a seis años a partir del momento en que el bono entra en default.
«Esto quiere decir que comenzaría a operar para algunos bonos a partir de noviembre de 2023. Y aplica a todos los bonos, no solo los de Pdvsa», explica.
Desde hace pocos años Rodríguez promueve un programa de petróleo por alimentos, que permitiera usar recursos del estado para comprar insumos destinados a atender la crisis humanitaria de Venezuela.
El año pasado el régimen chavista vendió sus acciones en una refinería en República Dominicana por debajo de lo que le costó, para destinar el dinero pagar deuda externa, según la versión oficial.
Los críticos y políticos opositores deploraron esa operación.
Hoy Rodríguez la pone como ejemplo de lo que no se debe hacer.
“Esa operación refleja prioridades distorsionadas del gobierno de Maduro y no es el uso que se debería dar a los recursos. Justamente a lo largo de los últimos años desde la fundación hemos estado abogando por esquemas que impidan que el gobierno haga eso», para que los ingresos adicionales derivados de una flexibilización de sanciones vayan dirigidos a atender la crisis humanitaria y «no vayan dirigidos a pagarle a los acreedores», recalca.
“Hay que sentarse a hablar con acreedores pero se tiene que hacer de forma transparente, con todos. No se tiene que hacer través de operaciones oscuras en los que se les beneficia y se les paga por encima de su valor de mercado las deudas solo a ciertos actores económicos», denuncia.
«Objeto totalmente esa transacción y precisamente por eso es que se tiene que llegar a acuerdos y cuales son las restricciones que se le deben imponer al gobierno de Nicolás Maduro sobre que es lo que puede hacer con los recursos», dice.
Rodríguez señala que sus opiniones sobre los mercados de deuda son personales y no representa a ninguna de las partes.
«Durante ocho años de mi carrera trabajé en el sector financiero en calidad de analista», dice sobre su trabajo en instituciones financieras internacionales que por razones regulatorias deben estar separadas de otros ámbitos de funcionamiento.
«En general muchos economistas hemos trabajado en sector privado y participado en debate público cuando pensamos que hay algo que podamos añadir a la discusión…En este momento mi actividad principal es académica y como director de la fundación Petróleo por Venezuela . Invito a que la discusión pública se centre en las ideas, propuestas, soluciones y pasemos menos tiempo en quien dice las cosas y un poco más de tiempo hablando de las discusiones sustantivas», declara.
Hacer un inventario de la deuda externa es el primer paso para entrar en un proceso de reestructuración, que consiste en establecer nuevas condiciones en el pago de una deuda. Sin embargo, el contexto de sanciones no lo hace sencillo para el chavismo
"Han cometido un grave error y tratando de hacernos un daño se están haciendo un doble daño ustedes mismos porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener", afirmó Maduro. Y anunció la firma de 20 contratos en el marco de la Ley Antibloqueo aprobada en 2020
Expertos coinciden en que el anuncio dejó algunas "ventanas abiertas" que pueden minimizar el impacto de las medidas. La 44A incluye un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas
