La gigante automotriz General Motors (GM) pagará 900 millones de dólares para sellar un acuerdo judicial por su fracaso en resolver los problemas en vehículos con fallas en su sistema de encendido y que provocaron más de 100 víctimas, anunció el jueves el Departamento de Justicia.
Paralelamente, GM anunció una carga de 575 millones de dólares en sus cuentas del tercer trimestre debido al acuerdo judicial.
La mayor empresa estadounidense del sector aceptó el acuerdo como forma de cerrar un proceso que investigaba porqué GM no tomó medidas para resolver el problema a pesar de conocer su existencia por más de una década.
El gobierno acusó a GM de fraude, además de ocultar el defecto en los automóviles a las entidades reguladoras.
El acuerdo estipula el abandono por parte del gobierno del proceso a cambio de la multa y el nombramiento de un monitor independiente en la compañía.
«GM admite que falló en revelar a los reguladores y al público un defecto de seguridad potencialmente letal que hizo que las bolsas de aire (‘airbags’) no se desplegaran en algunos modelos, y que engañó a los consumidores sobre la seguridad de los automóviles afectados por ese problema», apuntaron los fiscales en una carta a Anton Valukas, quien condujo la investigación.
GM inició el llamado a talleres para unos 2,6 millones de vehículos en febrero de 2014, después de años de evitar admitir el crítico problema.
Los dispositivos con problemas hacían que la ignición de los modelos desactivaba el control y con ello los airbags y otras funciones del vehículo quedaban desactivados aunque los automóviles seguían en movimiento.
El defecto fue relacionado a unas 124 muertes confirmadas, y alrededor de 275 casos de heridas graves.
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La compañía resaltó el impacto que la huelga de empleados en Estados Unidos, la más larga en 50 años, tuvo en sus resultados. Destacó que se perdieron cuatro semanas de producción en el último trimestre del año y que se dejaron de vender 191.000 unidades.
El diputado del parlamento venezolano Angel Alvarado, apeló al Comité de Etica del Banco de Desarrollo Corporación Andina de Fomento (CAF) para exigirle investigar dos créditos por un total de 900 millones de dólares, otorgados al gobierno de Nicolás Maduro, porque presuntamente se han cometido fraudes para ocultar impagos de Venezuela con el propio organismo regional y además se apoya a un régimen violador de los derechos humanos y cuestionado internacionalmente.
