El gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó este martes su determinación de llevar a la cárcel a todas las personas que incurran en remarcajes de precios, acción que es calificada como un delito penal, justo en medio de una voraz hiperinflación en un sistema que ha destruido todas las referencias de precios en la economía local.
Un comunicado oficial de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee)d divulgado a través de las redes sociales, ratifica la vigencia de una providencia administrativa que data de 2015.
La norma hace extensiva la responsabilidad solidaria penal por remarcaje de precios a todos los integrantes de una empresa, desde sus presidentes y directores hasta sus trabajadores, ya sea a título personal o en el ejercicio de sus funciones.
Especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía, son los cargos a los cuales están expuestas las personas que sean procesadas de acuerdo a la providencia 070/2015, del 27 de octubre de ese año y de acuerdo a la Ley de Precios Justos vigente.
La hiperinflación en Venezuela ronda el 4.000% anual, según cálculos de economistas independientes, y es un fenómeno único en el mundo, en medio de un control de precios, de cambio, de tarifas que dura casi dos décadas.
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Estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) muestra que en promedio los precios retroceden levemente en febrero gracias a la estabilidad del tipo de cambio y la contracción de la demanda y del consumo. Es una deflación puntual, pero en dos meses la inflación acumulada es de solo 3,7%.
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Una familia promedio de tres miembros requiere $517,79 dólares mensuales para pagar lo que vale el consumo de una canasta básica de 61 bienes y servicios, recoge estudio de Cedice Libertad.
