El jefe del Gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, defendió al titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, acusado de un presunto delito de "administración fraudulenta" por la polémica emisión de un bono soberano de deuda a 100 años, y destacó su "excelente trabajo".
«La verdadera revolución del crédito hipotecario que estamos viviendo hoy permite que (…) la Argentina pueda empezar a proyectar un contexto de financiamiento como lo tienen otros países, con un bajísimo nivel de riesgo» y de «vulnerablidad», apuntó el funcionario.
En una rueda de prensa celebrada en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, Peña hizo hincapié en que «el contexto internacional fue extremadamente favorable» al polémico bono a 100 años emitido la pasada semana a una tasa del 7,9 %.
En ese sentido, señaló que se trata de una «sorpresa positiva» que un país que hace apenas 14 meses salió de un cese de pagos que duró tres lustros y que hace dos años «tan solo conseguía préstamos de Venezuela» a una tasa «usurera» del 15% esté «pudiendo generar financiamiento a largo plazo».
«Ratificamos el excelente trabajo que ha hecho el ministro Caputo en esta tarea», aseveró.
Un fiscal federal argentino pidió ayer que se investigara a Caputo al imputarle un presunto delito de «administración fraudulenta» por dicha emisión, haciendo lugar así a parte de una denuncia presentada el 22 de junio por el opositor Frente Para la Victoria (FpV, peronismo kirchnerista).
Diputados de esta formación habían acusado al ministro, así como a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, al presidente Mauricio Macri y al propio Peña de haber realizado una colocación «a una tasa altísima» y «totalmente ruinosa» para el Estado.
Sin embargo, el jefe de Gabinete defendió esta medida y aprovechó para denunciar que tres de cada cuatro dólares que paga el Gobierno de deuda externa es para «deudas viejas» porque la gestión de Cristina Fernández (2007-2015) generó «una vulnerabilidad en la falta de credibilidad de la Argentina».
Este martes, el Ejecutivo resolvió elevar en un 24% el salario mínimo en tres tramos, hasta alcanzar los 10.000 pesos (602,4 dólares) para julio de 2018, después de que representantes de los sindicatos y de las patronales no pudieran acercar posiciones en una reunión convocada por el Gobierno.
Al ser consultado por esta decisión, Peña aseguró que la propuesta fue «posible y positiva» en un contexto «con restricciones», ya que no se logró llegar a un acuerdo.
En ese sentido, insistió en que tuvieron en cuenta factores «combinados con el esfuerzo en la reducción de la inflación, y con las etapas y ayudas sociales que, además, refuerzan ese monto».]]>
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