Impiden a trabajadores el ingreso a panadería ocupada

Desde el mismo miércoles 15 de marzo, cuando la Sundde ocupó el local, los trabajadores fueron literalmente desalojados, una vez llegó el grupo que tomó la panadería con el apoyo del Estado Mayor de Caracas, al frente del cual está Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador y uno de  los principales directivos del partido de gobierno, PSUV.

El primer día los colectivos le pidieron que realizaran un inventario de toda la maquinaria, materia prima, mobiliario y productos que se encontraban en el local, “terminada la tarea, nos dijeron que volviéramos el día siguiente en el horario normal, pero no nos permitieron el acceso a la panadería”, señaló uno de los afectados.

Los colectivos alegaron que en Masion’s Bakery no se vendía suficiente pan, que el precio no correspondía con las regulaciones establecidas por el Gobierno, que el local no reunía las condiciones de salubridad para funcionar y que los clientes eran maltratados por los dueños del establecimiento.

“Somos los trabajadores y podemos dar fe de que todas estas acusaciones son falsas, diariamente los panaderos utilizaban 18 sacos de harina para preparar el pan salado que se le vendía al público, quienes como en todos los locales de este tipo hacen cola para comprar el producto, sin ningún tipo de maltrato. En cuanto a la limpieza, hay un personal dedicado a estas labores, pero todos allí colaborábamos para mantener el espacio limpio, cumpliendo todas las normas, conscientes que este es nuestro lugar de trabajo y de allí sale el sustento de nuestras familias”, dijo otro de los empleados.

Señalaron que los colectivos realizaron una “toma cultural”, pintaron la fachada de muchos colores y un rostro del Libertador Simón Bolívar. También le cambiaron el nombre a la panadería y de Mansion’s Bakery pasó a ser Minka.

Así mismo colocaron un cartel que señala que de ahora en adelante solo se producirá pan salado, que será vendido a las personas que se encuentren registradas en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, que hagan vida en la parroquia Altagracia. No tendrán derecho a comprar pan las personas que trabajen en la zona, pero que vivan en otra parroquia y cualquier transeúnte que pase por el lugar”, señaló un vecino de la zona, quien indicó no estar de acuerdo con la medida de intervención.

Algunas personas que pasaban por el lugar, señalaron que a falta de harina de maíz para hacer arepas, acudían diariamente a comprar pan en el local para preparar las cenas o desayunos, o la merienda de los niños para la escuela.

“Trabajo como secretaria cerca de la avenida Baralt y cada vez que salía, hacía la cola y me llevaba el producto sin mayor contratiempo, ahora vamos a ver que pasará con la administración de esta panadería”, dijo Ana Becerra este lunes 20 de marzo.

El grupo de trabajadores señaló que les informaron que se reunieran con la jefe de Gobierno, Carolina Cestari, pero al llegar a su despacho nadie los quiso atender.

“Exigimos a las autoridades del Gobierno que respete nuestro derecho al trabajo, que nos permitan seguir laborando en la panadería atendiendo al público como lo hemos venido haciendo, desde hace varios años”, dijo otro de los trabajadores.