La delgada línea entre inventario y acaparamiento

Zuli Milk fue la primera empresa afectada por la medida del gobierno el 9 de enero. 160 toneladas de materia prima que tenían pocos días de haber llegado a sus depósitos en el Zulia, fue uno de los argumentos usados por Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria para intervenir la compañía que empacaba leche en polvo.
Industriales consultados afirmaron que tener mucha mercancía en sus almacenes sin despachar puede prestarse a malas interpretaciones, pero todo depende del tamaño de la industria. Por ejemplo, para una compañía grande, tener 3 o 4 días de producto terminado es algo habitual. Sin embargo, en situaciones de desabastecimiento las autoridades pueden ponerse más «sensibles» a la hora de juzgar los niveles adecuados de stock.
«Existe mucha discrecionalidad y desconocimiento de los funcionarios», declaró un empresario que prefirió mantenerse en el anonimato.
Otra fuente explicó que los inventarios dependen del tipo de industria, del producto y del tiempo de reposición.
“Cuánto usa de acuerdo a la programación, cuánto es la duración y cuánto necesita para garantizar la reposición. Es una multiplicación de lo que se utiliza diariamente de materia prima por el tiempo de reposición. Los empresarios deben tener un inventario se seguridad”, señala uno de los consultados vinculado al sector industrial.
Varios factores inciden en el mantenimiento de inventarios, como la disponibilidad de almacenamiento y el nivel de apalancamiento financiero, dice otro representante empresarial.
En condiciones normales, los empresarios pueden programar sus operaciones de producción. Sin embargo, la irregularidad con la que el gobierno asigna las divisas impide la planificación.
Señala que muchas empresas deben estar vendiendo los inventarios de seguridad, caso en el cual -según indica- la compañía puede reducir el consumo de materia prima -y disminuir producción para extender la materia prima en el tiempo-, o la paralizan en el caso más extremo.
Cuando la misma materia prima se utiliza para varios productos, se puede paralizar una línea de producción y mantener otras. «Se trata de una decisión gerencial para tratar de rendirla», dice uno de los consultados.
Las empresas del sector privado están produciendo a máxima capacidad de acuerdo con la materia prima en existencia.
-A toda máquina-
La Ley Orgánica de Precios Justos sanciona el delito de acaparamiento con prisión de 8 a 10 años, multas de 1.000 a 50.000 unidades tributarias y ocupación temporal de las instalaciones.
Esta semana, el gobierno, y en especial la Sundde, ha acentuado las fiscalizaciones y aplicación de multas por violaciones a la LOPJ. Arrancaron con la inspección y ocupación temporal de Herrera C.A., una empresa distribuidora de productos de consumo masivo con presencia en nueve estados del país.
La mercancía encontrada en los almacenes fue decomisada, en medio de las protestas de los trabajadores que se hicieron sentir en las redes sociales. Los empleados de la distribuidora divulgaron fotografías sosteniendo pancartas en las que afirmaban que no eran acaparadores.
Un artículo publicado en el periódico de Ciudad Guayana, Correo del Caroní, recogió declaraciones de la gerente regional de venta, Luisa González, quien afirmó que toda la mercancía que se encontraba en el depósito estaba cancelada y facturada, y el lunes, cuando llenaban cinco camiones para su despacho, llegaron los funcionarios de la Sundde y ordenaron el cierre del depósito y la retención de toda la mercancía.
Entre miércoles y jueves, 71 resultaron sancionadas, de acuerdo con las notas de prensa publicadas en el portal de la Sundde. Las multas ascendieron a 85.350 unidades tributarias, lo que equivale a 10,8 miillones de bolívares. También se decomisó mercancía, pero el organismo no especificó cuántas toneladas de productos se retuvieron.
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