La industria manufacturera retrocede a niveles de 1973

A falta de cifras oficiales, Conindustria estima que desde 1998 han desaparecido más de 5.000 empresa y las que siguen en pie laboran a menos de la mitad de su capacidad. A ello se suma una abrupta caída de insuficiente inversión para apalancar la actividad manufacturera.

Es innegable que la industria venezolana vive uno de sus peores momentos. Basta con observar la más reciente medición de la Confederación Venezolana de Industriales, según la cual en el segundo trimestre de este año la capacidad ociosa del sector alcanzó 52%, una cifra que tiende a empeorar a razón de la caída en los inventarios de materia prima expresada por 87% de los industriales nacionales.

“Ha habido un proceso de desindustrialización que se ha acelerado en los últimos años… La amenaza de cierre de todo el sector es real si no se acometen acciones urgentes”, afirma Juan Pablo Olalquiaga, presidente del ente gremial, para quien el retroceso que vive la industria es consecuencia lógica de políticas desacertadas que han llevado al traste con el desarrollo alcanzado durante la década de los 70 y principio de los 80.

No exagera Olalquiaga cuando dice que Venezuela vive un proceso de desindustrialización. Aunque sin data reciente que permita medir la realidad actual, las cifras oficiales hablan de un progresivo deterioro que ya para 2007 era más que acentuado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 1998, año en el que Hugo Chávez es electo presidente por primera vez, en el país existía un total de 11.117 locales industriales. Nueve años después, la cifra había descendido a 7.093, una contracción de más de 36%.

Aunque desde 2007 el INE no actualiza la información, los empresarios sostienen que la cifra ha caído por debajo de las 6.000 unidades industriales en la actualidad; es decir, en los últimos 16 años han desaparecido cerca de 5.100 industrias, lo que significa que durante los gobiernos Chávez-Maduro la actividad industrial venezolana se redujo cerca de 46%.

A ello habría que sumarle que ese 54% del parque industrial que queda en pie labora a menos de la mitad de su capacidad instalada, por lo que, de acuerdo con las matemáticas más elementales, el sector manufacturero labora hoy a 27% de la capacidad que tenía 16 años atrás.

En pocas palabras, la producción industrial actual se compara con la de 1973, cuando la economía nacional aun no disfrutaba del impulso industrial que conllevó la nacionalización del hierro (1975) y del petróleo (1976).

– Se veía venir –

Aunque desde el alto gobierno las opiniones son contrarias, todos los intentos por explicar los orígenes de la reducción del aparato industrial nacional apuntan en una sola dirección: el fracaso del modelo de producción socialista, implementado por Chávez una vez concluido el proceso constituyente de 1999.

La economista y experta en políticas públicas Anabella Abadí, sostiene que el punto de partida de este proceso de desindustrialización puede ubicarse en la promulgación de las 49 leyes en el marco de los poderes habilitantes otorgados a Chávez en 2001.

“Ya desde entonces se preveía que el gobierno buscaba el control del aparato productivo”, señala Abadí, quien explica que para ello el Ejecutivo adoptó el modelo de planificación centralizada típico de los regímenes socialistas, el cual se sustenta en el control de todos los eslabones de la cadena: desde la producción hasta la distribución, pasando por la entrega de materia prima, el precio, transporte y cualquier actividad conexa.

Los ejemplos sobran a la hora de demostrar que la estrategia productiva del gobierno no ha dado resultados: nacionalizó la industria siderúrgica y ésta trabaja hoy a 20% de su capacidad; expropió 70% de la industria torrefactora y la producción cayó a la mitad; confiscó la industria cementera y actualmente se importa cemento; se adueñó de 70% de la industria azucarera y hoy se produce cerca de 40% de lo que siete años atrás.

Abadí señala que el caudal de recursos que llovió sobre el país entre 2002 y 2014 permitió minimizar el impacto de la caída de la producción con el aumento indiscriminado de las importaciones, que pasaron de 14.492 millones de dólares en 1999 a la astronómica cifra de $59.339 millones en 2012, monto que se mantuvo prácticamente inalterable en 2013.

En este mismo orden, el presidente de Conindustria recuerda que la conflictividad política surgida a raíz de la promulgación de las leyes habilitantes de 2001 degeneró en la instauración de las otras dos grandes causas del deterioro actual: el control de precios y el control de cambio.

El primero, a juicio de empresarios y economistas, ha sido responsable de que productoras de artículos regulados hayan enfrentado dificultades financieras que en casos extremos conllevaron el cierre, o por lo menos a la suspensión de líneas de producción, en especial de las pequeñas empresas dedicadas a la manufactura de insumos regulados, lo que se corrobora cuando se tiene en cuenta que el sector de las pymi carga con el mayor número de cierres.

Sobre el control de cambio, Olalquiaga concuerda en cuanto a ser la principal causa de que los productos importados sean más baratos que los nacionales, amén de las dificultades logísticas que ha traído para la industria en los últimos años, toda vez que la restricción en el otorgamiento de divisas ha provocado la caída de la producción dada la escasez e insumos, tanto de materia prima como de bienes de capital.

– Ola expropiadora –
La caída de la actividad productiva nacional está salpicada por los efectos del proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que comenzó en 2005, estrategia que según un estudio del Observatorio Venezolano de la Propiedad Privada llevó al gobierno a invertir más 23.000 millones de dólares en la creación de empresas socialistas de dudosa productividad.

De acuerdo con datos de Conindustria, entre 2005 y agosto de 2013 más de 1.300 empresas se han visto afectadas por acciones contra la propiedad privada, lo que a juicio Anabella Abadí solo ha servido para que el gobierno central aumente su presencia pero no su aporte a la producción.

La economista demuestra su teoría con números al señalar que en 1998 el aporte del sector privado al PIB era de 65%, valor que en 2014 se ubica en 64%. “Esto indica que el aporte privado ha permanecido invariable, es decir, que pese a que hay menos empresas, éstas aportan más. Por el contrario, el peso del Estado es prácticamente nulo a pesar de la gran cantidad de empresas que ha expropiado, nacionalizado o creado”, afirma.

En este sentido, al analizar las cifras del BCV queda claro que en los últimos 16 años la industria ha perdido peso como generadora de riqueza: mientras que en 1998 su aporte al PIB consolidado era de 17,4%, en 2014 ese porcentaje descendió a 13,4%; caída que es mucho más significativa cuando se compara con el pico coyuntural de más de 21% alcanzado en 2003 por el repunte de la manufactura tras el paro general de finales de 2002 y principios de 2003.

Sin embargo, es conveniente señalar que ni en sus mejores tiempos el sector industrial ha sido un aportador de peso al PIB, conclusión a la que se llega cuando se toma en cuenta que en Colombia la industria aporta cerca de 48% al PIB consolidado.

Al respecto, el presidente de Conindustria acota que las intervenciones, expropiaciones, confiscaciones y otros desmanes contra la propiedad privada solo han servido para desestimular al empresariado. “El factor confianza se desmoronó con la revolución”, afirma Olalquiaga, para quien regresar el pico alcanzado a principios de los 80 pasa por una mayor inversión pública y privada.

– No hay confianza –
Aunque apoya este planteamiento, Eduardo Porcarelli, director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri) afirma que, históricamente, Venezuela no ha sido un gran receptor de inversión extranjera directa, cuyos picos se limitan a momentos muy particulares como la privatización de la Cantv, la apertura petrolera o de las telecomunicaciones.

Si a este récord se suma la política abiertamente intervencionista del gobierno central, el resultado es muy desfavorable. De hecho, con base en cifras oficiales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que en 2014 Venezuela recibió apenas 320 millones de dólares en inversión extranjera (cifra que discrepa con los $673 millones aducidos por el BCV), una caída de más de 95% frente a los 7.040 millones de dólares captados en 2013.

El monto, de cualquier manera, es más que bajo si se compara con los 17.000 millones de dólares que recibió Colombia en 2014, los cerca de $20.000 millones que se invirtieron en Chile, o los $55.000 millones que en promedio recibe Brasil desde hace varios años.

Es más, Porcarelli recuerda que según un estudio que realizó la Unctad (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) desde hace muchos años Venezuela no atrae el nivel de inversiones necesarias de acuerdo al tamaño de su economía, lo que, lógicamente, ha limitado las posibilidades de expansión de su aparato productivo.

Adicionalmente, señala que en los últimos 20 años el aporte acumulado de la inversión extranjera al Producto Interno Bruto no llega a 3%, un monto demasiado bajo para un país cuya economía no genera los capitales suficientes para atender sus necesidades de desarrollo.

Desafortunadamente, el marco legal vigente produce un efecto contrario. “Es imperativo hacer más atractiva la legislación para que venga más inversión extranjera y promover que la inversión nacional no busque otros destinos”, dice Porcarelli.

Esto cobra mayor vigencia cuando se toma en cuenta que aunque entre 2004 y 2013, la manufactura captó 55% de la inversión extranjera dirigida al sector no petrolero (unos 10.000 millones de dólares), un monto que en valores absolutos sigue siendo muy bajo pero que bien habla del potencial de la industria endógena.

– Menos empleo –
La importancia de sector privado como creador de empleo es incuestionable, al aportar ocho de cada 10 plazas de empleo formal. “Aun con la crisis que le ha tocado soportar, el sector privado es el pulmón de la economía como fuente generadora de empleo”, afirma Anabella Abadí.

No obstante, la contracción del tejido industrial ha mermado el positivo impacto. Según datos del INE, para 1998 el sector industrial daba empleo a más de 449.600 personas, cifra que 2007 había descendido a 345.000, y aunque no existen estadísticas recientes se estima que la caída es proporcional al desplome del número de industrias.

Algunas estadísticas oficiales permiten un acercamiento a la realidad. Con base en las cifras del INE, Abadí explica que entre 2001 y 2014 desaparecieron 200.000 empleadores “y si se calcula que en promedio cada empresa tiene 5 trabajadores, entonces se han perdido cerca de un millón de empleos formales”.

Los datos que maneja Juan Pablo Olalquiaga son aún más contundentes, pues asegura que si el empleo industrial descendió de 650.000 plazas en 1996 a cerca de 400.000 en actualidad, eso significa que el solo el sector manufacturero redujo su nómina en un millón de personas, considerando empleos directos e indirectos.

“En la medida que no se producen bienes y servicios, la población tiene menos acceso al trabajo, y quienes tienen trabajo se especializan cada vez menos”, concluye el presidente de Conindustria, quien aclara que no existe un estudio que cuantifique las inversiones necesarias para recuperar la productividad a los niveles existentes en 1998.

“Según los indicadores internacionales, un país ha logrado su grado de industrialización cuando el sector manufacturero aporta al menos 20% del PIB”, ha señalado el economista Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda, cuya tesis apunta que para alcanzar semejante cifra la industria requiere generar unos 110.000 millones de dólares, un número que en las actuales condiciones resulta imposible.