La renegociación de la deuda externa en 5 pasos

Ante las dificultades para cumplir a tiempo con las próximas obligaciones de la deuda soberana y de Pdvsa, Maduro convocó una reunión con los acreedores para refinanciar y reestructurar toda la deuda.

Esta decisión largamente esperada se toma en un mal momento, justo cuando el gobierno estadounidense dictó prohibiciones a bancos y fondos de inversión para que realicen transacciones con bonos de deuda venezolanos, como una medida de presión a un gobierno considerado dictatorial.

La mayoría de los países se sienten intimidados por la agresividad de los acreedores. Les aseguran que no van a caer en default y terminan aceptando lo que los tenedores de bonos les exigen.

Diversos estudios revelan que desde 1980, 52% de las reestructuraciones soberanas con acreedores privados, en los cinco años siguientes cayeron nuevamente en incumplimiento de pagos y se vieron obligados a iniciar una nueva reestructuración, pero en condiciones mucho más desfavorables.

Grecia es el ejemplo más reciente: reestructuró su deuda en 2012 y pocos después tuvo que enfrentarse nuevamente a otra renegociación.

¿Cómo construir la viabilidad política, económica, financiera y legal de la reestructuración de la deuda venezolana? A continuación presentamos una propuesta para renegociar en cinco pasos la deuda externa:

1. Asumir la operación como un problema de Estado
La crisis política que se prolonga en Venezuela puede obstaculizar el proceso de refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa, generando consecuencias impredecibles que pueden extenderse en el largo plazo.

De cara al interés nacional, el gobierno y la oposición deberían hacer un alto en su confrontación interna para lograr un acuerdo político que permita encarar la crisis de la deuda externa como un problema de Estado, de tal forma que el acuerdo al que finalmente lleguen el gobierno, Pdvsa y los acreedores cuente con el aval de las fuerzas políticas en pugna y la validación legal de la Asamblea Nacional.

A propósito de las denuncias que la oposición viene haciendo sobre la crisis humanitaria, una condición para apoyar el proceso de renegociación de la deuda sería que el gobierno se comprometa a destinar los fondos liberados al financiamiento de las importaciones de materias primas, repuestos y maquinarias que se requieren para reactivar la producción nacional de alimentos, medicinas, productos de higiene personal y aseo del hogar, cuya prolongada escasez azota a la población.

Así, el proceso de renegociación de la deuda aprovecharía el rango de licencias que permiten las sanciones del gobierno estadounidense, toda vez que no están sancionadas o prohibidas las operaciones que faciliten el suministro de alimentos, medicinas y bienes esenciales para garantizar la vida humana.

2. Programa de reformas económicas para recuperar la capacidad de pago
Los errores de política cambiaria, monetaria y de precios, las expropiaciones que causaron la improductividad de millones de hectáreas y la quiebra de centenares de empresas, la sobrecarga que ha sufrido Pdvsa -cuyo ingreso en divisas ha caído por el descalabro de los precios del petróleo y por la caída de la extracción de crudos-, han provocado una caída del 36% PIB en los últimos cuatro años.

En consecuencia, la deuda externa no se puede tratar al margen de las desviaciones y errores de política económica que es necesario corregir. Si el gobierno quiere convencer a los acreedores de que puede recuperar su capacidad de pago para cumplir con las nuevas condiciones del refinanciamiento o reestructuración de la deuda, tiene que presentar una estrategia económica bien diseñada, con las medidas que son de consenso, la secuencia y velocidad con que serán aplicadas, así como el tratamiento que se dará a las resistencias sociales, económicas y políticas que pudieran presentarse, una vez que el programa de reformas económicas se ponga en marcha.

La renegociación de la deuda debe estar precedida de la unificación del régimen de cambios múltiples en una sola tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo, el abandono de los controles de cambio y de precios, la erradicación del financiamiento monetario del déficit fiscal, la sinceración del precio de la gasolina y tarifas de servicios públicos, la sustitución de los subsidios indirectos a los productos que estimulan el contrabando de extracción por subsidios directos a los hogares pobres, la suspensión de los acuerdos de PetroCaribe, la desestatización y verdadera socialización de las empresas que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción, y la reingeniería de Pdvsa para liberarla de la sobrecarga de funciones que padece.

3. Nueva comisión negociadora con funcionarios no sancionados
Las sanciones no solo impiden al gobierno venezolano colocar nueva deuda en EEUU, sino que también prohíben a los inversionistas que operan en ese país renegociar la deuda vieja con funcionarios sancionados. De allí que un grave obstáculo para los acreedores es sentarse con el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, a quienes la casa Blanca incluyó en la lista negra.

El Departamento del Tesoro sentenció que, si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones para renegociar los bonos, está terminantemente prohibido sentarse a negociar con personas que estén sancionadas y dejó claro que tratar con estos funcionarios puede generarles graves penalizaciones. Por eso ha advertido a los inversores que actúen con extrema precaución para evitar ser víctimas de las sanciones impuestas por la administración Trump.

A pesar de que el gobierno venezolano prometió a los acreedores que los funcionarios sancionados no participarían en esta reunión, el resultado era previsible. En la reunión convocada por Maduro, de 400 invitados acudieron menos de 100. El encuentro apenas duró media hora y, a pesar de lo prometido, participaron el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro Zerpa. El vicepresidente prometió que Venezuela continuará cumpliendo con sus obligaciones, pero no presentó ninguna estrategia concreta para conducir la renegociación de la deuda.

De allí el imperativo de designar una nueva comisión negociadora, integrada por verdaderos expertos en economía, finanzas y aspectos legales, con los cuales los tenedores de los bonos se puedan sentar a negociar las nuevas condiciones de pago, sin el riesgo de ser sancionados.

4. Diferenciar la deuda de la República de la deuda de Pdvsa
El Estado venezolano es el dueño de las riquezas del subsuelo y el único accionista de Pdvsa, que es la fuente de 96% del ingreso en divisas del país. Por tal razón, los acreedores e inversionistas pudieran exigir ante un tribunal el embargo de los ingresos por exportaciones de petróleo y activos de Pdvsa para obligar al Estado a responder por sus deudas.

De hecho, transnacionales que fueron afectadas por las expropiaciones, ahora tienen en la mira los activos de Pdvsa, tal como lo planteó la minera canadiense Crystallex, a la que el gobierno expropió una explotación de oro.

Esta empresa tiene en curso una demanda para que los activos de Pdvsa sean sujetos de incautación y embargo. Si la compañía canadiense logra un fallo favorable, esto crearía un importante precedente y abriría las compuertas para que los acreedores en masa intenten embargar los activos de Pdvsa.

Si bien es cierto que el principio de la inmunidad soberana protege al Estado venezolano del embargo de sus activos, no ocurre igual con Pdvsa, que por ser una compañía mercantil, sus activos si pueden ser embargados en caso de incumplir con el pago de una deuda o las condiciones de un contrato.

Para evitar que a Pdvsa le embarguen Citgo, los buques y el petróleo que envía a otros países, los depósitos en divisas que posee en la banca internacional e, incluso, las facturas que tiene por cobrar, tendría que declararse en quiebra y así acogerse a la protección que se concede a las empresas en bancarrota para que no la canibalicen los acreedores.

Otra opción sería crear una nueva persona jurídica a la que se transfieran los activos de Pdvsa y así evadir la voraz rapiña que desatan los acreedores cuando una empresa cae en default. En cualquier caso se dificultarían considerablemente las operaciones de extracción y venta de petróleo, que es prácticamente la única fuente de divisas con la que cuenta Venezuela.

Como Pdvsa puede ser embargada pero la República no, una estrategia para renegociar la deuda externa pudiera ser la de separar el tratamiento de la deuda de Pdvsa de la deuda de la República. Como los pagos que tendrá que hacer Pdvsa en 2018 y 2019 no son precisamente los más pesados en el cronograma, parte del menguado ingreso de divisas se pude destinar a mantener el ritmo de pagos de la compañía, a cambio de que los acreedores acepten refinanciar la deuda de la República.

Si los pagos de Pdvsa no sufren retraso, esto despejaría la probabilidad de un default y el país tendría un alivio para recuperar su capacidad de pago.

La reestructuración de la deuda de la República aprovecharía el principio de la inmunidad soberana y las cláusulas de acción colectiva que determinan que una reestructuración acordada por mayoría sea de obligatorio cumplimiento para el resto de los acreedores. Esto evita que cualquier fondo buitre o acreedor descontento decida unilateralmente iniciar juicios contra el Estado venezolano.

En 2001 Argentina incumplió pagos por $132.000 millones y luego reestructuró su deuda con una rebaja de dos tercios del valor de los bonos. Más de 90% de los acreedores aceptó el trato. Pero entre la minoría que lo rechazó, estaban los inversionistas que compraron los bonos que se remataban en los mercados. Estos se ganaron el nombre de fondos buitre al comprar a precios viles la deuda de un país hundido en la miseria. Tales depredadores desplegaron todo tipo de maniobras para obligar a Argentina a pagar. Incluso intentaron embargar en un puerto de Ghana la fragata Libertad, buque insignia de la Marina argentina.

En 2012, un juez de Nueva York dictó una sentencia favorable a los fondos buitre que obligaba a Argentina a pagar el valor total de los bonos, equivalente a $4.650 millones, lo cual representaba un retorno de 1.500% de la inversión, debido a los bajos precios que pagaron por la deuda.

Adicionalmente se fijó una tasa de compensación de 9%. Y, por si fuera poco, se impuso una condición más que impidió a Argentina pagar a la mayoría de los acreedores que habían aceptado el acuerdo hasta tanto se cancelara la totalidad de la deuda de los fondos buitre. Este desenlace es un grave precedente, pues estimula a los fondos buitres a no aceptar las condiciones de la mayoría y abortar así cualquier acuerdo de reestructuración.

5. Acordar que la AN es la que debe autorizar la operación
A las restricciones económicas y limitaciones financieras que imponen las sanciones del gobierno estadounidense, hay que sumar los problemas legales que se derivan del actual conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional (AN) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La legislación venezolana establece que cualquier operación de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma debe pasar por la revisión y aprobación de la AN, cuya mayoría opositora advirtió que no reconocerá la reestructuración de la deuda si no se somete antes al debate parlamentario para su aprobación.

En consecuencia, si la renegociación es autorizada por la ANC -órgano que no está reconocido internacionalmente-, la operación no será considerada legal, incluso si se levantan las sanciones de Estados Unidos.

Esto impedirá que los tenedores de bonos acepten los nuevos términos de la renegociación, toda vez que sería muy riesgoso que el acuerdo no cuente con el aval de la oposición y luego sea repudiado y desconocido por un nuevo gobierno, tal como ha ocurrido en otros países donde montos importantes de deuda externa fueron anulados por vicios de legalidad en su proceso de negociación o renegociación.

La renegociación de la deuda externa venezolana pudiera ser un proceso menos traumático si se lleva a cabo con la aprobación de la AN y no es objetada por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Como no se trata de colocar una nueva deuda en el mercado estadounidense, sino de modificar los términos de los bonos viejos, esta operación puede ser viable aún en el marco de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump, siempre y cuando el gobierno restaure los poderes del Poder Legislativo para blindar legalmente el proceso de renegociación.

Esto exige dejar a un lado la arrogancia del poder y el orgullo político de quienes no quieren dar su brazo a torcer, para priorizar un acuerdo de interés nacional que evite una catástrofe financiera muy difícil de reparar, incluso por un gobierno de la MUD que cuente con respaldo financiero internacional.