El oficialismo argentino, sin mayoría en el Congreso, confía en beneficiarse de las divisiones en la oposición para sacar adelante el proyecto de ley que autoriza al país a saldar la deuda en cese de pagos desde 2001 con acreedores litigantes en Nueva York.
Pese a ser la primera fuerza política en la Cámara de Diputados, el partido gobernante Cambiemos cuenta tan solo con 89 legisladores de un total de 257, mientras que en el Senado, conformado por 72 bancas, la situación es aún más complicada, ya que el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) es el bloque mayoritario, con 39 legisladores, frente a los 15 de Cambiemos.
La primera prueba para el Gobierno encabezado por Mauricio Macri es conseguir un dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
El titular del FpV en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, avanzó hoy que Cambiemos no podrá contar con sus votos para alcanzar los 129 necesarios para habilitar el debate en el recinto. «Es un hecho gravísimo volver a endeudar el país», afirmó sobre el proyecto de ley para justificar su negativa en diálogo con radio Vorterix.
Sus palabras quedaron en entredicho poco después, cuando el gobernador de la provincia central de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció en otra emisora que pedirá a sus cinco diputados del FpV que habiliten el tratamiento de la iniciativa. «Hay que dar el debate y si hay algo que no convence, hay que discutirlo dos veces. Argentina no puede seguir después de 15 años con un problema de default», dijo.
El peronista disidente Sergio Massa, líder de Unidos por una Nueva Alternativa se mostró favorable a que el proyecto de ley se debata y, además, dejó entrever que lo respaldará si se realizan algunos cambios. «Argentina tiene que salir si o si del default, y vamos a apoyar para ayudar en esa salida. Proponemos algunos cambios en la ley para que esa salida sea lo mejor posible, para evitarnos futuros dolores de cabeza y para que no repitamos los mismos errores del pasado», dijo en un comunicado.
El expresidente peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) también alzó su voz a favor de «darle al gobierno la posibilidad» de cerrar el conflicto con los fondos de inversión que demandaron al país ante la corte estadounidense.
Las negociaciones con los fondos y el Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015) fracasaron, pero tras el cambio de Gobierno en Argentina las nuevas autoridades alcanzaron un acuerdo con una amplia mayoría de los acreedores beneficiados por el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa contra el país suramericano.
A estos acreedores, Argentina deberá pagar en efectivo antes del 14 de abril, dinero que el país planea conseguir mediante una emisión internacional de bonos por 11.684 millones de dólares. Para poder hacerlo, el Congreso debe antes derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano: la primera impide volver a negociar con los acreedores y mejorar la oferta realizada a los bonistas en los canjes de deuda de 2005 y 2010, mientras que la segunda desplazó de Nueva York a Buenos Aires la sede de pago.
Los acreedores de la República de Venezuela por expropiaciones o impago de bonos tiene hasta el 12 de enero para agruparse y emitir las órdenes de embargo. Acciones serán rematadas para pagar a los que lleguen primero.
Se "exige que los fondos liberados por Portugal al régimen de Nicolás Maduro sean asignados al fondo social y que sean administrados por la Organización de Naciones Unidas", dijo en una nota de prensa el viejo Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015
Kuwait, una de las naciones más ricas del mundo, enfrenta una crisis porque no puede pagar su deuda. La pandemia del coronavirus hace que el petróleo tenga las cotizaciones más bajas de su historia y obliga a este país a reconsiderar sus hábitos dispendiosos, justo cuando se vienen las elecciones parlamentarias de diciembre.
