La firma Barclays advierte en su más reciente reporte que las reformas ejecutadas por el presidente Nicolás Maduro a través de la Ley Habilitante son una señal de una mayor radicalización del gobierno, lo que aleja aún más la posibilidad de ajuste económico.
El banco considera que desde las elecciones del 6 de diciembre, el gobierno no ha dado muestras de moderación ni ha tomado medidas económicas significativas. Por el contrario, ha radicalizado su postura en dos frentes: el político, con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la suspensión de tres diputados electos de la Mesa de la Unidad Democrática; y el económico, con la reforma de una serie de leyes orgánicas que incluyen la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
Para Barclays, las modificaciones tributarias no contribuirán a reducir el déficit de 25 puntos de PIB que se calcula para este año, mientras que la reforma a la normativa del BCV atenta contra la independencia de la autoridad monetaria y probablemente perpetúe la impresión de dinero, tan nociva para el comportamiento de los precios.
«El presidente Maduro anunció que designará hoy un nuevo gabinete; sin embargo, después de las señales de radicalización, no creemos que esto tendrá un efecto positivo», indicó la firma.
Además, destaca que el presidente se ha estado rodeando de asesores radicales y dejando de lado a los más pragmáticos. Citó los nombres de Luis Salas y Tony Boza, ambos economistas, que, según el banco, «continúan creyendo que el país está en medio de una ‘guerra económica’ y, por lo tanto, apoyan la implementación de controles más estrictos en vez de cualquier tipo de flexibilidad».
«Creemos que la designación de cualquier miembro de este grupo como posible nuevo ministro de finanzas será malas noticias. En el medio de una profunda crisis económica, creemos que el gobierno estaría agudizando las distorsiones y, de este modo, la crisis», concluye.
Un gobierno que no recauda suficiente impuesto sobre la renta, ni IVA, ni aranceles, ni regalías debido a la contracción económica y al colapso de la industria petrolera, se financia, entonces, con el impuesto inflacionario.
El proceso podría aportar al menos $11.000 millones al estado brasileño. Eletrobras posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión y subestaciones del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos y una capacidad instalada de generación de en torno a los 50.000 megavatios (MW).
"La Nación demanda con urgencia un cambio de modelo que nos permita recuperar la confianza que tanto necesita nuestra economía para apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia", argumenta Fedecámaras en el documento, presentado pocos días después de una inédita reunión con influyentes figuras civiles del chavismo.
