Laboral

Observatorio de Justicia advierte fracaso de los Consejos Productivos de Trabajadores

La ONG Observatorio Venezolano de Justicia advierte que mayores controles, en lugar de incentivos, no impulsarán la producción nacional, para referirse a la normativa que regirá la constitución y organización de los Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT), aprobada por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

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Foto: Archivo| Fausto Torrealba | AVN

«Cada empresa, pública, privada o mixta deberá instalar un CPT con el objetivo de instaurar un sistema interno de vigilancia sobre su proceso productivo, a fin de que aquel participe o denuncie al ente gubernamental cualquier información relevante sobre volúmenes de producción, distribución, irregularidades o paralización del proceso productivo o de comercialización», según la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial 41.336.
Asimismo, el nuevo texto dispone expresamente que los CPT deben “denunciar la reventa especulativa de productos, el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de precios, contrabando de extracción y otros ilícitos, así como cualquier acción contraria al sistema socioeconómico que rige en el país”, señala una nota de prensa de la ONG.
El Observatorio Venezolano de Justicia indica que la productividad no se decreta, y que por el contrario es el resultado de múltiples factores, entre los que destacan seguridad jurídica, la estabilidad económica y política, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada, lo cual incentiva mayor inversión, innovación y confianza. Esto redunda en elevada producción, calidad del servicio, mejor distribución y disminución de los precios como consecuencia de mayor y más eficiente oferta.
La organización señaló que la nueva Ley de CPT no trae nada nuevo, simplemente refuerza lo ya establecido en el decreto N° 17, publicado en la Gaceta Oficial del 8 de noviembre de 2016, dictado en el marco de la “emergencia económica”, por lo que destaca que los CPT ya habían sido instaurados en más de 800 empresas (privadas y públicas), que están articuladas con la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
Además, indicó que surgen varias interrogantes frente a los CPT: «¿Cuál producción vigilan? ¿Cuáles denuncias han presentado sobre la paralización de los procesos productivos con sus respectivas causas si son atribuibles a las malas políticas económicas del gobierno? ¿Funcionan realmente en el sector público?» En tal sentido, recuerda el famoso caso de los alimentos podridos de la extinta Pdval y muchos otros similares que todos conocemos.
Reiteró que el Estado es el que fija arbitrariamente el precio de la producción de las empresas. «La consecuencia es evidente: la empresa, para tener alguna viabilidad, tendrá que vender lo que le quede recargando en el precio lo que el pago del gobierno no reconoció. Entonces, ¿quién es el responsable de los altos precios, la empresa o el gobierno que impone controles y paga precios arbitrarios?»
Para el Observatorio Venezolano de Justicia, los CPT están condenados al fracaso, como todos los demás intentos de controlar la economía.

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