Tomando como base los datos de la OMC y del Banco Mundial, el costo de importar un contenedor en Venezuela supera los 3.700 dólares, monto que prácticamente cuadriplica el costo promedio en Chile (menos de mil dólares) y Perú ($ 1.000), y supera por más de 1.200 dólares el costo en Colombia ($2.450), segundo país con los valores más altos en la región.
En el caso de las exportaciones, Venezuela también se ubica en la última posición de la tabla al promediar $3.500, siete veces más de lo que cuesta en Panamá ($500), 3,5 veces más costoso que en Chile ($1.000).
Y si el balance se hace con base en el tiempo necesario para el acceso a la mercancía, las desventajas de Venezuela dejan al país al final de la cola a escala mundial.
Jana Borges, de la oficina de prensa de la OMC en Bruselas, señala que en promedio el arribo de la mercancía a su destinatario puede tardar más de 90 días, un lapso que triplica el tiempo en los países africanos (30 días) y supera por mucho el período en Chile, República Dominicana o Panamá, donde la tramitación apenas dura 10 días.
Exportar es igual de engorroso: aproximadamente 58 días demora en salir un despacho desde Venezuela tiempo que duplica el lapso promedio en Paraguay –segundo país de la región en cuanto a tardanzas-, mientras que en Panamá o República Dominicana el despacho se hace entre siete y ocho días.
– Sí se puede –
Para corregir todas esas fallas, la OMC propuso en 2013 el Acuerdo Para la Facilitación del Comercio (APFC), un sistema que busca sacar ventajas al hacer más eficientes y baratas las transacciones, pues según cálculos iniciales puede generar ganancias de 0,26% del PIB global al reducir en 15% el costo total del comercio, lo que se traduce entre 400 .000 y 1.000 millón de dólares en ahorro para la economía mundial.
“Lo que la OMC busca no es otra cosa que aplicar el sentido común”, afirma Borges al referirse a los postulados del acuerdo cuyo esquema fue delineado y aprobado en la reunión ministerial de la OMC de 2013 en Bali, Indonesia, y formó parte de un paquete de medidas alcanzadas en consenso entre todos los países miembros de la organización, aunque todavía no ha entrado en vigencia.
Señala igualmente que entre otras situaciones que busca remediar el acuerdo está la facilitación de la documentación requerida en los procesos aduanales, tomando en cuenta que en promedio en una transacción de este tipo intervienen entre 20 y 30 partes diferentes que exigen como mínimo 40 documentos y 200 tipos de datos distintos, 30 de los cuales se repiten en los documentos hasta 30 veces.
Explica Borges que las medidas a tomar son de simple aplicación, como es la transparencia y facilitación en la publicación de la información sobre procedimientos y tránsito de mercancía, derechos y cargos aplicados, que no sea un proceso discriminatorio, permitir la tramitación previa de documentación, realizar la tramitación por medios digitales –en lo posible-, aceptar pago electrónico, y establecer mecanismos acelerados para envíos urgentes.
Del mismo modo, el acuerdo prevé un trato diferenciado y especial para países en vías de desarrollo, siendo la primera vez que la OMC concede este tipo de prerrogativas.
De hecho, se estableció un mecanismo de aplicación que creó un fondo de ayuda para países que enfrenten problemas en la aplicación de las medidas, por medio del cual las naciones más pobres pueden estimar sus necesidades, intercambiar información, recibir ayuda técnica e incluso solicitar apoyo económico para implementar proyectos que tiendan a facilitar el comercio.
El acuerdo también establece tres categorías de países que según su grado de avance, están obligados a cumplir de manera más o menos rápida los parámetros establecidos: en la categoría A están los países desarrollados y algunos otros que estiman poder cumplir inmediatamente con lo establecido, mientras que en la B se inscriben naciones que demandan un tiempo prudencial para aplicar las medidas. En la C están los países que además demandan ayuda técnica para cumplir los compromisos.
No obstante las ventajas que presenta el acuerdo, su entrada en vigencia demanda que dos terceras partes de los 162 miembros de la OMC lo ratifiquen, y hasta el momento solo 84 países (51% del padrón de la organización) lo ha hecho, siendo América Latina la región que menor apoyo ha brindado pues solo seis naciones lo han aprobado: Brasil, Trinidad y Tobago, Guyana, Nicaragua, Panamá y Jamaica.
En el caso particular de Venezuela, las autoridades nacionales ni siquiera han establecido la categoría en la cual se inscribe el país y, por ende, no se ha manifestado la expresa voluntad de acogerse al acuerdo que facilitaría los procedimientos comerciales del país con el peor desempeño en esa materia en la región.
