Oposición desmonta discurso de psicoterror del gobierno tras derrota del 6D

Tanto el jefe de Estado como distintos voceros del oficialismo repiten como un mantra que dirigentes opositores pretenden -una vez investidos como diputados- revertir leyes y programas sociales.

Funcionarios de distintas instancias oficiales se han dado a la tarea de iniciar una campaña de psicoterror con la que buscan convencer a parte de la población que con la victoria aplastante de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, perderán los beneficios sociales obtenidos desde la administración de Hugo Chávez.

Los parlamentarios electos no se han manifestado en contra de las misiones sociales ni de las legislaciones a las que alude con frecuencia el gobierno para desmerecer el triunfo de la oposición y satanizarlo, con el fin de amedrentar a quienes votaron en contra del gobierno y reafirmar el apoyo de quienes aún se muestran incondicionales.

Durante el programa En contacto con Maduro del 8 de diciembre, Maduro dijo: «Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año, y ahorita lo estoy dudando. No porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste».

Por el contrario, algunos de los asambleístas han adelantado que mejorarán las políticas sociales existentes. Miguel Pizarro, quien repite en el parlamento, habla de reorientar la inversión de estructuras de salud, educación y alimentos para hacerla más eficiente y poner coto al gasto sin control que mantiene hoy el gobierno, con una mayoría oficialista en la Asamblea que autoriza cuanto crédito se presente para su aprobación.

Otros, como el economista José Guerra, son partidarios de entregar títulos de propiedad a quienes han sido beneficiados con una unidad habitacional de la Misión Vivienda Venezuela, generando con ello incentivos para el mantenimiento y la inversión en áreas comunes en condominios y urbanizaciones.

A pesar de estas declaraciones, el Ejecutivo nacional insiste en que llegarán al Capitolio a echar para atrás los beneficios otorgados por la «revolución» para imponer una agenda capitalista, detrás de la cual está lo que Maduro ha llamado la «guerra económica» del sector privado para desestabilizar a su gobierno y a la que acusa de la crisis económica del país.

Maduro sumó a sus reacciones desesperadas, las supuestas intenciones opositoras de privatizar la Cantv, Pdvsa, Sidor y Corpoelec, según dijo el sábado durante el acto de salutación de Navidad y fin de  año a la Fuerza Armada Nacional.

“No permitiremos que la derecha sacrifique estos años de lucha social”, dijo el mandatario el sábado en la Academia Militar.

Venezuela libra una guerra no convencional que en 2015 se concentró en el ámbito económico, indicó para afianzar lo manifestado por él la madrugada del 7 de diciembre, cuando reconoció el revés electoral diciendo: «Ha ganado la guerra económica».

Maduro busca la movilización de los trabajadores en defensa de una causa que no existe. Este martes, empleados de la compañía de telecomunicaciones marcharon hasta el Palacio de Miraflores en defensa de la nacionalización de la empresa, ocurrida en 2007. Pero los asambleístas opositores no se han pronunciado sobre privatizaciones.

El gobierno defiende las leyes del trabajo y de precios justos como instrumentos modernos, pero hasta los mismos sindicatos piden la revisión de la LOT que el propio Ejecutivo incumple y que entre otros aspectos cuestionados por la dirigencia trabajadora está la restricción a la libertad sindical.

Delsa Solórzano, electa diputada, dijo que la mayoría opositora de la nueva AN aprobará leyes sociales, a la vez que rechazó las afirmaciones oficiales sobre la eliminación de la Ley Orgánica del Trabajo.

“El Gobierno ha tratado de sembrar miedo diciendo que vamos a eliminar la Ley del Trabajo, y eso es una gran mentira”, aseveró Solórzano.

La ley de precios vigente resulta punitiva en extremo tanto en sanciones pecuniarias como en cárcel limitando la actividad comercial ante el temor de incurrir en algunos de los 16 delitos tipificados en la legislación.

En materia de precios, la oposición persigue orientar y ofrecer una mejor educación al consumidor mediante una ley que desarrollará derechos que aún no encuentran soporte jurídico y apenas aparecen nombrados en la Ley de Precios Justos como la situación de los presupuestos incumplidos; garantías de buen funcionamiento; devoluciones de productos y reintegro de precios; y ofertas engañosas, entre otros.

La MUD, alianza con la que la oposición alcanzó 112 escaños en la Asamblea Nacional. presentó a la opinión pública la semana pasada una agenda legislativa con 8 propuestas en materia económica que buscarán llevar a cabo, las cuales no contemplan la derogación de leyes ni la pérdida de beneficios sociales.