Un reportaje publicado por The Washington Free Beacon revela que las petroleras venezolanas han pagado más de $5,3 millones a 6 firmas de lobby desde el primer trimestre de 2014, para evitar ser afectadas por sanciones estadounidenses.
En aquel momento pesaban sobre la filial de Pdvsa en los Estados Unidos, Citgo, las consecuencias de una sanción legislativa interpuesta por los senadores Robert Menendez y Marco Rubio contra funcionarios venezolanos. Entonces, la inversión en cabildeo tuvo sus frutos: el proyecto aprobado protegía a la subsidiaria de las sanciones impuestas por el presidente Barack Obama.
A Citgo le preocupaba que estas penalidades pudieran bloquear las importaciones del crudo venezolano que se procesa en sus refinerías del Golfo de México.
Desde entonces, el lobby a favor de las petroleras ha continuado. En mayo de 2014, Citgo contrató los servicios de Squire Patton Boggs -que también se encargó de la demanda contra DolarToday, dos veces desestimada– y Cornerstone Government Affairs.
Posteriormente, incorporó a la firma Brownstein Hyatt Farber Schreck, mientras Pdvsa seleccionó a Rasky Baerlein Strategic Communications para trabajar con el Congreso estadounidense en el proyecto de sanciones de noviembre de 2014, su primera gran campaña de lobby desde 2008.
Para enero de 2015, cinco diferentes firmas estaban trabajando en las sanciones por violación a los derechos humanos y otros asuntos relacionados en nombre de Pdvsa y Citgo. Empleados de todas ellas habían donado dinero a la campaña de Menendez en 2012.
Entonces, el 8 de diciembre de 2014, Menendez propuso una enmienda al proyecto de sanciones. «El requisito de bloquear y prohibir todas las transacciones en todas las propiedades e intereses (de los individuos sancionados) no debe incluir la autoridad para imponer sanciones a la importación de bienes», señalaba el texto corregido.
Esta fue solo una de las varias enmiendas que se hicieron sobre el papel original para eximir a Citgo de las consecuencias de los castigos a funcionarios venezolanos.
En enero de 2015, Pdvsa encargó a la firma Hogan Lovells la tarea de mantener el mercado petrolero en los Estados Unidos. Hasta marzo de 2016, los senadores Norm Coleman y Charles Simpson (ambos lobistas de Hogan) reportaron haber trabajado con el Departamento de Estado y el Departamento de Energía en nombre de la petrolera venezolana.
Esta información está sustentada en los reportes públicos de cabildeo divulgados a través de la página web del Senado estadounidense.
Un informe de Reuters señala que Pdvsa exige que cualquier nuevo cliente que solicite realizar transacciones petroleras mantenga criptomonedas en una billetera digital
"Han cometido un grave error y tratando de hacernos un daño se están haciendo un doble daño ustedes mismos porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener", afirmó Maduro. Y anunció la firma de 20 contratos en el marco de la Ley Antibloqueo aprobada en 2020
Expertos coinciden en que el anuncio dejó algunas "ventanas abiertas" que pueden minimizar el impacto de las medidas. La 44A incluye un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas
