Laboral

Pedirán nulidad de seguro obligatorio con empresas del Estado

La resolución que obliga a entes y órganos de la administración pública nacional, estadal y municipal a contratar pólizas de seguros para sus empleados con empresas de salud del Estado, causó malestar entre sindicatos que buscan un consenso para demandar la nulidad del decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia.

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«La decisión es arbitraria y abusiva», dijo a Elestimulo.com José Elías Torres, presidente de Fetrabanca y miembro del comité ejecutivo de la Confederación Venezolana de Trabajadores.

El representante sindical señaló que la decisión gubernamental es una violación a la contratación colectiva, la mayoría de los cuales  permite a los empleados seleccionar en conjunto con los patronos, la empresa con la que contratarán los servicios de salud.

«Estamos conversando con organizaciones sindicales para lograr un acuerdo y el basamento legal para introducir un recurso de nulidad contra la medida», dijo Torres.

De acuerdo con dirigente de la CTV, varios sindicatos se han acercado para manifestar su rechazo a cambiar las pólizas de seguros de empresas privadas con las que han estado relacionadas a las aseguradoras del Estado (Federal, La Previsora, Horizonte).

Torres expresó el temor porque la migración de alrededor de 3 millones de empleados públicos a las tres empresas públicas que manejan los contratos de seguro, rebase la capacidad técnica de las empresas y los trabajadores puedan verse afectados.

Indicó que la Asociación de Jubilados de Empleados Públicos que agrupa a 30 organizaciones ha manifestado su inconformidad de pasar sus pólizas a seguros del Estado.

«En agosto muchos de los trabajadores salen de vacaciones con sus familias, por lo que esperamos que para septiembre y después de una amplia consulta, podamos introducir el recurso de nulidad ante el TSJ», aspira Torres.

El presidente de Fetrabanca señala que no puede pasar por encima de la Federación de Empleados Públicos para llevar a cabo la medida, por lo que ya cuentan con el apoyo de la mayoría de las alcaldías del área metropolitana.

«Hemos tenido contacto con sindicatos de base, pero necesitamos un consenso para proceder», dijo para afirmar que existe un malestar generalizado que ha quedado de manifiesto, mientras que otros -convencidos de que se trata de un error- prefieren no oponerse por miedo a represalias.

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