Una investigación de Transparencia Venezuela determinó que desde 2001 hasta 2017 el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas a poseer 526. Las compañías funcionan en diversos rubros, principalmente en los sectores manufacturero, agroalimentario y petrolero.
Diversos son los mecanismos que ha utilizado el Estado Venezolano para expandirse y tener protagonismo en diversas áreas de la economía nacional: expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones o re-negociación de acciones.
Todo esto le ha permitido pasar de 74 empresas en 2001 a ser el dueño de 526 compañías en 2017, y la cifra puede seguir creciendo. 74% de estas compañías fueron adquiridas o creadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Transparencia Venezuela comenzó una investigación en julio de 2016 para documentar la “expansión dramática” del Estado y determinó que las empresas de su propiedad arrojaron en 2016 pérdidas por 1,29 billones de bolívares, cifra que supera el presupuesto de la nación en salud, educación, vivienda y seguridad social.
“Solamente Pdvsa estimó pérdidas en sus estados financieros de 2016, publicados en Gaceta Oficial, de Bs 775.000 millones; y los datos de 2017 aún no han sido divulgados. Además, el reporte señala Pdvsa y sus filiales sin especificar si aquí se incluyen las 114 empresas en las que la petrolera es accionista mayoritaria. Queda muy claro que Pdvsa no es de todos, sino que hace de todo; y lo que hacía muy bien, cuando era la tercera empresa petrolera del mundo, dejó de hacerlo lo que se evidencia en que su producción cayó 20% y su aporte al mercado petrolero mundial descendió 31%”, explicó Christi Rangel, coordinadora de la investigación.
De las 114 filiales de Pdvsa, 42 no son petroleras. Otra empresa con saldo negativo es Corpoelec, con pérdidas estimadas en Bs 149.000 millones.
Las investigadoras aclararon que en este punto no contaron con datos de las 526 compañías. “Hay una grandísima opacidad, que tiene la intencionalidad de cubrir la mala gestión. Estas compañías cambian constantemente de órgano de adscripción y de autoridades. Hay un claro fin político de control y un interés de hacerse de la riqueza del Estado venezolano para intereses particulares”, denunció Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
El rendimiento financiero de las empresas estatales tampoco es el ideal. El estudio señala que el Presupuesto Nacional de 2017 le asigna a las empresas propiedad del Estado 592 mil millones de bolívares, y a través de créditos adicionales han recibido Bs 585.000 millones más. Sin embargo, en impuestos solo le han retornado al Estado Bs 414.000 millones.
“Todas las empresas han requerido auxilios financieros para funcionar, incluso Pdvsa, la gran financista de la expansión del Estado empresario”, dice el informe.
– Cleptocracia –
El Estado tiene empresas en todos los sectores, distribuidas de la siguiente manera: 25% de manufactura; 13% agroalimentario, ganadería y pesca; 12% petroleras; 7% instituciones financieras; 7% servicios; 6,5% transporte; 5% construcción; 5% comunicación; 4% minería. También hay compañías de electricidad, agua, hoteles y una empresa aeroespacial.
La producción decreció y las nóminas aumentaron. La nómina de las empresas propiedad del Estado suma 440.717 empleados. Lácteos Los Andes, por ejemplo, pasó de tener 1.400 trabajadores en 2007 –cuando fue comprada– a 7.000 empleados en 2015. No obstante, en 2007 producía 30 millones de líquidos y en 2015, 10 millones.
“Utilizan la nómina como una herramienta para la militancia política y para presionar la participación en actividades proselitistas, en cualquier momento, no solo cuando están en campaña”, dijo De Freitas.
Rangel señaló que en los casos estudiados de manera particular se hallaron denuncias de corrupción, clientelismo y desapego a la protección de los trabajadores.
Considerando el apego a la transparencia, las políticas anticorrupción, la autonomía y la justicia/no impunidad elaboraron el índice de cleptocracia, que consiste en el enriquecimiento personal a costa de los beneficios de las mayorías.
“Hay una intencionalidad en el control de las empresas que ha causado la crisis económica, en salud y de alimentación; y el modelo se profundiza utilizando como excusa la guerra económica”, subrayó De Freitas.
“Estas irregularidades tienen el aval y la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR). Se revisaron todas las memorias y cuentas publicadas en los últimos años y las referencias a estas empresas es ridícula. En 2012 la CGR sólo dedicó dos líneas a Pdvsa, y en 2013 no hacían referencia a Pdvsal. No hay vigilancia, en cambio hay secretismo y opacidad”.
De las 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, 30% tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva.
La base de datos de las empresas propiedad del Estado está alojada en Vendata.org; y el informe completo se consigue en https://transparencia.org.ve/project/empresas-del-estado/.]]>
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