Esta compañía que fue tomada por el gobierno nacional en 2014, se ha mantenido con buen ritmo en su producción, aseguraron los manifestantes a las puertas de la fábrica.
José Rodríguez, secretario general del sindicato que los agrupa, indicó que observan situaciones poco transparentes en la distribución y despacho de productos terminados como Cloro Nevex y Mistolín, entre otros.
“Tenemos empresas que están distribuyendo el producto terminado y algunas de ellas no están cumpliendo con los requisitos de ley, por ejemplo algunas que no están en el Registro Nacional de Contratistas, y deben estarlo para licitar con el Estado. Otras empresas no son agentes de retención y dicen serlo; presumimos que sean empresas de maletín y la pregunta que nos hacemos los trabajadores es por qué se está favoreciendo a algunas de estas compañías”, puntualizó el vocero sindical.
De igual manera dijo que ya han efectuado denuncias ante la Vicepresidencia de la República y la Contraloría General de la República, por eso solicitó al presidente Nicolás Maduro que evite que sigan las situaciones irregulares sobre las que alertan los trabajadores de Clorox.
Rodríguez señaló que la producción actual en la planta de Guacara se ubica entre 30% y 50% de la capacidad instalada.
Agregó que no presentan tantos problemas por materia prima porque el cloro gas, el polietileno y la soda cáustica se las suministra la estatal Pequiven. Sin embargo, se quejó porque hay algunos equipos con los que trabajan que están obsoletos, “la vida útil ya caducó”.
“Esta es una empresa que tiene una medida de ocupación temporal desde septiembre de 2014, a raíz de que el patrono cesó sus operaciones de manera unilateral, el gobierno intervino a solicitud de los trabajadores y hoy está administrada por el gobierno, a través de una junta administradora”, recordó Rodríguez.
– Beneficios laborales –
En cuanto a los beneficios laborales, Sadio Román, secretario de Finanzas del sindicato de Clorox de Venezuela, refirió que los trabajadores esperan que la junta administradora sea responsable con las obligaciones con los empleados. “Tenemos dos años con el contrato suspendido, duramos un año sin recibir beneficios laborales, los aumentos que hemos recibido han sido por decreto presidencial”.
Román indicó que hasta la fecha la junta administradora no se ha sentado a discutir contrato colectivo con los trabajadores.
“Queremos ya discutir una convención colectiva. Pedimos bono nocturno, bono de asistencia y de producción. No tenemos bono de juguetes. Solamente recibimos 20.000 bolívares por útiles escolares”, destacó.
De igual modo solicitó que les otorguen instrumentos de seguridad laboral. “Tenemos dos años sin recibir uniformes y botas para trabajar”.
