Economía

Queseras medianas pagarán Bs 20.000 al día por emisión de guías SICA

La Asociación Nacional de Industriales de Quesos (Aniquesos) señaló que el nuevo impuesto establecido por el gobierno para la emisión de guías de movilización impide a las empresas funcionar y expandirse.

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La industria quesera se sumó a los diferentes gremios empresariales del país que han rechazado la decisión de la Superintendencia Nacional de Abastecimientos Agropecuario (Sunagro), de fijarle a las empresas un costo en Unidades Tributarias (UT) solo por gestionar la emisión de Guías SICA, un permiso otorgado por el gobierno y necesario para la movilización de alimentos en el territorio venezolano.

El gremio industrial considera que dicha decisión equivale al establecimiento de un nuevo impuesto que se suma a la multiplicidad de tasas “especiales” calificadas de parafiscales, y lo cual ha provocado una expansión injustificada de la carga fiscal en Venezuela, restándole posibilidades de funcionalidad y expansión a muchas empresas.

Aniquesos respalda a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) en su solicitud de un encuentro sectorial con Sunagro para analizar las implicaciones de la decisión, como su incidencia en las empresas que producen alimentos, entre deudas, regulaciones, controles y fiscalizaciones.

«Este nuevo gasto le resta recursos financiero a las empresas, que los necesitan para hacerle frente a las deudas contraídas, a los ajustes salariales a los trabajadores y la compra de materia prima, repuestos e insumos cuyos costos, de paso, suben constantemente», expresa el gremio.

En el caso específico de la industria de quesos, las evaluaciones que se han hecho hasta el momento arrojan que para una empresa mediana que maneje 3.000 guías al mes -a Bs 150,oo cada una- tendrá que pagar 20.000 bolívares diarios exclusivamente por este nuevo parafiscal.

Su costo es de 1 UT por guía SICA, sin incluir fiscalizaciones, ya que si esto último ocurriera, entonces ese costo se incrementaría en 10 UT. Sin duda alguna, es un procedimiento fiscalista nocivo para las empresas, afirma el gremio.

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