¿Quién gana y quién pierde con el cierre de la frontera?

En San Antonio del Táchira, el objetivo inicial del cierre de la frontera hace meses que quedó en el olvido; ahora, el balance frente a la reapertura gradual solo arroja saldos negativos. Sus habitantes afirman que el contrabando sigue más vivo que nunca y que han surgido nuevas formas de corrupción a partir del desespero de los necesitados.

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron este jueves desde Puerto Ordaz, ciudad ubicada al sur de Venezuela, que desde el sábado 13 de agosto se procederá a reabrir la frontera de manera gradual en el horario de 6:00 am a 9:00 pm, que iniciará con el paso peatonal.

Sin embargo, las consecuencias económicas de la decisión de cerrar la frontera, tomada por Maduro el 19 de agosto de 2015,  no serán tan fáciles de revertir. Distintos sectores que hacen vida en las ciudades fronterizas contaron a El Estímulo cómo su situación ha cambiado debido a las restricciones del intercambio con el vecino país.

Comercios: Pierden

Los datos de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio del Táchira revelan que 80% de los locales comerciales en la zona están cerrados, sobreviviendo un promedio de solo dos comercios por cuadra. Los pocos que resisten a la situación declaran que sus ventas han bajado 85%.

La razón es la paralización del intercambio formal con Colombia, desde donde no solo se traían productos terminados sino materia prima para la producción local. Aunque aseveran que la crisis económica precede al cierre de la frontera, pues no están ajenos a la recesión que enfrenta al país, admiten que en los últimos 11 meses se ha profundizado la migración de negocios al otro lado de los puentes y el «cierre técnico» de muchos cuyo personal era principalmente colombiano.

«No midieron las consecuencias», consideró Ramón Vivas, comerciante y ex alcalde del municipio Bolívar.

El comercio informal, alimentado en parte gracias al paso de productos colombianos a través de las trochas (caminos ilegales que conectan ambos países vía terrestre), se desarrolla con total normalidad en San Antonio.

Vivas aseveró que otra situación que ha forzado a los comerciantes a migrar es el incremento de la inseguridad en la zona.

A la crisis se suman un ecosistema de servicios asociado al comercio binacional, compuesto por agencias aduanales, almacenadoras y servicios de transporte. Se calcula que en la región fronteriza operaban alrededor de 150 empresas del sector, que empleaban a más de 2.000 personas. Actualmente, estos servicios están paralizados.

Operadores cambiarios: Pierden

Los operadores cambiarios fronterizos llevaban dos años luchando por la plena legalidad de sus actividades, incluso logrando algunos avances jurídicos, cuando el cierre de la frontera los hizo volver al punto de inicio. Poco después del anuncio de la medida, las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana procedieron a clausurar forzosamente estos negocios. Así han estado desde entonces.

Aunque el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, asomó la posibilidad de reactivar a los operadores en la frontera, el presidente de la Asociación de Operadores Cambiarios Fronterizos, Oscar Sánchez, aseveró que no ha sostenido la primera reunión con las autoridades locales para tratar el tema.

Recordó que son 18 operadores cambiarios los que hacen vida en la zona. Explicó que estos negocios cambiaban exclusivamente bolívares por pesos a la tasa «del mercado libre» que se registra en Cúcuta. «Nosotros no recibíamos divisas del Banco Central de Venezuela», aclaró.

De los operadores, dijo, dependían 60 familias, entre propietarios y trabajadores. «Estamos sobreviviendo de los ahorros. Si no se abre pronto la frontera y se nos autoriza a operar, tendremos que cerrar definitivamente», añadió.

Afirma que, pese a la crisis, están en capacidad de retomar sus actividades. Sin embargo, admitió que este no es el caso de todas las empresas. «La frontera puede abrir pero los negocios van a continuar cerrados porque no hay mercancía», expresó.

Industrias: Pierden

Las restricciones para importar materia prima obligaron a las empresas de la región fronteriza a abastecerse principalmente de Colombia, dadas las facilidades de transporte. Esta opción se perdió tras la decisión del 19 de agosto.

Los empresarios consultados por El Estímulo declaran que, desde entonces, las industrias no han tenido respiro y batallan una mezcla de falta de materia prima, ausencia de personal especializado y una drástica caída de ventas, producto también de la caída del poder adquisitivo.

Según la Cámara, el sector industrial trabaja a entre 25% y 30% de su capacidad instalada. Algunas, como las de calzado y textil, operan en el mejor de los casos a 10%.

Los ciudadanos: Pierden

La cotidianidad de los habitantes de la zona fronteriza ha cambiado drásticamente. Las personas consultadas por El Estímulo relatan dramas variados, desde la separación de familiares y amigos hasta la modificación de sus rutinas de esparcimiento.

«En San Antonio no hay cines. Nosotros íbamos al cine en Cúcuta o a comer helado», contó un hombre oriundo de la zona.

Ricardo Navarro, empresario de San Antonio, indica que una de los factores que más lo ha afectado es la imposibilidad de ver a sus familiares y conocidos. «Yo me siento sin libertad. Lo que es mi vida social, mi vida familiar, de trabajo, todo cambió. Aquí en la frontera estamos muy conectados con Colombia», expresó.

También se han visto afectados los bolsillos. La paralización del intercambio formal entre ambos países ha disparado el desabastecimiento y, por ende, la reventa de alimentos colombianos en los mercados populares y abastos a precios mucho más elevados. Todo esto en un ambiente de creciente desempleo. Según datos de Fedecámaras, tras el cierre de la frontera se han perdido alrededor de 15.000 puestos de trabajo en la región.

El panorama se agrava si se toma en cuenta el tema humanitario. El acceso a través de la aduana principal de San Antonio está permitido para quienes deban acudir a Cúcuta por tratamientos médicos, previa anuencia de las autoridades sanitarias a través de permisos permanentes. No obstante, el paso está restringido a horarios particulares y también hay problemas para autorizar el paso de ambulancias.

Las personas que deben cruzar para recibir atención por enfermedades crónicas deben hacerlo a pie y muchos no soportan el trayecto. La organización sin fines de lucro Comunidad de Naciones presta servicios de silla de ruedas para trasladar a los pacientes de un lado al otro del puente.

Corrupción: Gana

Si en algo coinciden los ciudadanos en San Antonio del Táchira es que el cierre de una ventana legal abre otras plagadas de irregularidades. En la frontera, el tema de la corrupción es de esos de los que todos saben, pero nadie quiere discutirlo.

Las multiplicación de las trochas es una muestra de que continúa el paso de mercancía de forma ilegal, con los cobros y sobornos a funcionarios que esta operación involucra.

Las últimas declaraciones al respecto de Vielma Mora datan del 27 de julio, cuando dijo que para combatir estos caminos irregulares era necesario multiplicar los puentes internacionales. “Estamos en contra de las trochas y sumados a la construcción de puentes que son sinónimo de legalidad, además son instrumentos para la integración y la hermandad de ambos países”, dijo el funcionario citado por una nota de prensa de la gobernación.

Uno de los motivos que justificó el cierre de la frontera era la lucha contra el contrabando. El gobernador también ha celebrado la disminución de 70% en el traslado de alimentos de forma ilegal a Colombia.

Sin embargo, la presencia de productos colombianos del lado venezolano y las denuncias de hallazgos de productos subsidiados de Mercal en el país vecino, indican que sigue vivo el paso de mercancía ilegal. Lo que sí parece haber contribuido a frenarlo es la escasez, la cual, según Datanálisis, se ubicaba en 82,2% para el cierre de abril.