La discusión fue abierta por el diputado Miguel Pizarro (PJ), quien señaló que el proyecto representa "el cambio por el que el país votó el 6 de diciembre". "Este Parlamento tiene la obligación de darle soluciones a grupos vulnerables", dijo.
La Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados fue aprobada este miércoles en segunda discusión por la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la tercera ley sancionada por el Parlamento electo el 6 de diciembre, de mayoría opositora. El bloque oficialista salvó su voto.
La Ley será remitida al Ejecutivo para su análisis y promulgación. El presidente cuenta con 10 días para pronunciarse.
Pizarro afirmó que la ley fue sometida a una amplia consulta pública «con todos los sectores involucrados» y recolectó «miles de firmas de apoyo». No obstante, el proyecto fue fuertemente criticado por los diputados del Psuv, que cuestionaron la viabilidad de la legislación en medio de un contexto de crisis económica.
La ley indica que las personas de la tercera edad que sean beneficiarias de la pensión del IVSS o de la jubilación otorgada por algún ente público (incluyendo pensiones de discapacidad, vejez, invalidez y sobreviviente) recibirán un bono mensual equivalente a 67 unidades tributarias.
El diputado Ricardo Sanguino (Psuv) también cuestionó el aspecto financiero de la ley. «No estamos en contra de los beneficios sociales, pero hay que ser realistas y no hay recursos», dijo el ex presidente de la Comisión de Finanzas.
«Así como está planteada es imposible hacerla cumplir», añadió el diputado Víctor Clark (Psuv). También preguntó si en el proceso de estudio financiero se había consultado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (ente rector del bono), al Ministerio del Trabajo y al de Economía y Finanzas.
Héctor Rodríguez (Psuv) propuso la creación de un impuesto adicional a las empresas privadas que permita levantar Bs 500 mil millones al año para financiar el bono.
«Pedimos incluir 3 artículos, uno que todas las clínicas privadas acepten de manera gratuita a los pensionados, que las empresas privadas también jubilen a los empleados, y el último punto y el más importante, que se incluya el impuesto para recoger los 500 mil millones de bolívares para que se pueda ejecutar este proyecto», dijo.
Para Pizarro, uno de los promotores más visibles del proyecto, el tema del financiamiento es cuestión de prioridades. Indicó que los fondos destinados para la compra de armamento bien podrían usarse para cancelar este beneficio a los pensionados, y objetó la creación de un impuesto o aporte especial para levantar recursos adicionales. La propuesta de Rodríguez fue negada por la plenaria.
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