La papelera trasnacional Smurfit Kappa Group plc, propiedad de Smurfit Holdings BV (SKCV) anunció este lunes que perdió el control de su filial en Venezuela “debido a las continuas acciones e interferencias del gobierno” local, por lo que encaja una pérdida contable de 60 millones de euros y todas sus operaciones han pasado al Estado venezolano.
La firma con sede en Dublin y que cotiza en bolsas de valores sacó a Venezuela de sus estados financieros corporativos consolidados, según el comunicado.
“SKG ya no puede ejercer control sobre el negocio de Smurfit Kappa Carton de Venezuela (‘SKCV’ o ‘la Compañía’) en Venezuela”, dijo en un comunicado difundido en los mercados financieros y en su página web.
SKG informó anteriormente que el gobierno de Venezuela tomó el control temporal de la Compañía con una “Orden de Ocupación” notificada el 28 de agosto de 2018.
Tras esa orden, “SKG confirmó que era imposible que SKCV gestionara sus asuntos de una manera que cumpliera con sus estándares comerciales normales y confirmó que, a partir del 28 de agosto de 2018, SKCV ya no era responsable del uso de sus instalaciones, maquinarias y equipos, la seguridad de sus empleados, la de las comunidades circundantes, cualquier impacto ambiental o la calidad del papel y el embalaje fabricados en las operaciones”.
“SKCV ha proporcionado bienes y servicios a sus clientes en Venezuela durante casi 65 años, dando empleo hoy a casi 1.600 trabajadores directos y generando más empleos indirectamente”, dijo.
“Durante ese tiempo, la Compañía ha operado con los más altos estándares comerciales y éticos, ha invertido cantidades significativas de capital en su negocio, ha desarrollado un programa altamente progresivo de Responsabilidad Social Corporativa y ha dedicado importantes recursos y apoyo financiero a la educación y salud de los miembros menos privilegiados de las comunidades en las que opera la Compañía.
Hace tres semanas, nueve de los diez sindicatos de la compañía confirmaron su apoyo y deseo de continuar trabajando con SKCV como resultado de sus buenas prácticas laborales y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, afirma el comunicado.
La compañía denuncia que desde la notificación de la Orden de Ocupación, “ha sido objeto de interferencia del Gobierno, incluso mediante el hostigamiento arbitrario de sus empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (o DGCIM) a través de visitas no autorizadas que tienen el efecto de intimidar a la fuerza de trabajo de la Compañía, lo que resulta en un aumento del ausentismo”.
El Gobierno de Venezuela además “ha arrestado arbitrariamente a dos de los empleados de la Compañía, cuya liberación inmediata y completa se busca activamente a través de todos los medios disponibles”.
“A la luz de estas circunstancias, y con el fin de proteger los intereses de sus grupos de interés y mitigar los riesgos operativos, SKG ha notificado al Gobierno que la responsabilidad total de las operaciones de la Compañía y el cumplimiento de todas las reglamentaciones aplicables han pasado al Estado venezolano desde la fecha del notificación de la orden de ocupación, a saber, desde el 28 de agosto de 2018”.
“SKG y SKCV reservan todos sus derechos con respecto a las acciones del Gobierno venezolano y cualquier medida estatal posterior según el derecho venezolano e internacional, incluido, entre otros, el derecho a iniciar procedimientos arbitrales internacionales para proteger los intereses de sus grupos de interés y buscar una compensación por ilegalidad de Venezuela medidas”.
“Como consecuencia de la pérdida de control sobre SKCV, el Grupo desconsolidará sus operaciones en Venezuela en el tercer trimestre de 2018, lo que resultará en una amortización de los activos netos de aproximadamente € 60 millones para el Grupo.
Las operaciones en Venezuela representan apenas el 1% del EBITDA (ganancias antes de impuestos y amortización) en los resultados del primer semestre del Grupo en 2018, señala el comunicado.
Tras ser estatizado en 2009 por el gobierno de Hugo Chávez, las acciones remanentes del Banco de Venezuela estaban fuera del índice bursátil que recoge los activos de mayor liquidez y profundidad en un mercado de valores.
Aerolínea símbolo de la conquista de los aires por parte del chavismo presenta a empresas turísticas su ambicioso Plan Estratégico Comercial 2024, con destinos internacionales muy lejanos y también a remotas localidades dentro Venezuela.
Los acreedores de la República de Venezuela por expropiaciones o impago de bonos tiene hasta el 12 de enero para agruparse y emitir las órdenes de embargo. Acciones serán rematadas para pagar a los que lleguen primero.
