Fedecámaras criticó que, nuevamente, la decisión de aumentar el ingreso mínimo de los trabajadores no haya pasado por una consulta tripartita y, por el contrario, sea informada de forma unilateral, sorpresiva y ambigua. Mientras, el sector comercial teme que la medida traiga como consecuencia un mayor cierre de empresas.
El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes la decisión de aumentar 50% el salario mínimo para «todos los trabajadores del país», y elevar la base de cálculo para el cestaticket de 3,5 UT a 8 UT. Este incremento llevaría el sueldo básico a Bs 22.576,8, mientras que el bono de alimentación pasa a Bs 42.480.
Representantes gremiales consultados por El Estímulo explicaron que el impacto de la medida será proporcional al tamaño de la industria. Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio, opinó que en el actual contexto de país el efecto es peor pues «no hay ingresos porque no hay ventas».
«Ahora sí es verdad que viene un cierre de empresas», anticipó, citando el ejemplo de una farmacia que tiene que mantener a un mínimo de 4 trabajadores y cuya rentabilidad, además, está atada a los productos regulados.
Para ella, este tipo de decisiones pasan por una identificación errónea de los problemas del país y señaló que el aumento «viene a empobrecernos más a todos, porque el ingreso nunca va a ser suficiente».
Por su parte, Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, indicó que lo primero que hay que observar es el incumplimiento reiterado de las normas internacionales, que establecen que el aumento del salario mínimo debe derivar de una consulta en la que participen los trabajadores, los empresarios y el gobierno.
Indicó que el anuncio se hace un viernes en la noche buscando generar un «efecto sorpresa» de modo que los agentes económicos no puedan reaccionar de forma inmediata.
Además, destacó que existe una ambigüedad en cuanto a las declaraciones del presidente, pues no queda claro si el alza solo aplica para el sector público. No obstante, considera que el impacto en términos de gasto público continuará alimentando el ciclo vicioso de la inflación.
«Son 2,4 millones de trabajadores que se calcula están en el sector público, y eso (el incremento del sueldo) aumenta el gasto público corriente, por lo cual aumenta también el déficit fiscal, y el único recurso que tiene el gobierno para financiarlo es vía la generación de dinero inorgánico que, como todos sabemos, produce inflación», explicó vía telefónica a El Estímulo.
Añadió que el problema de la pérdida de poder adquisitivo en los venezolanos es estructural y está atado al control de la inflación, que «diluye el esfuerzo que hace el gobierno y las empresas para tratar de recuperar el salario». De hecho, considera que esta decisión ni siquiera podría considerarse un aumento sino un mero ajuste, pues todavía no logra superar el ritmo de incremento de los precios en el mercado interno.
En cuanto al cierre de empresas, no es tan pesimista como Ramos, pues sostiene que las industrias cuentan con contratos colectivos cuyos beneficios ya superan las condiciones mínimas legales, incluso las que acaba de establecer el mandatario nacional. No obstante , admitió que habrá empresas, especialmente pequeñas y medianas, que no podrán subir los sueldos en esta magnitud y tendrán que enfrentarse a la «lamentable decisión» de bajar la santamaría.
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