La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el miércoles constitucional el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, que presentó el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 10 de noviembre.
La sentencia, establece que Maduro tiene la potestad de «continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».
El decreto es la nueva apuesta del heredero de Hugo Chávez para contener la enorme crisis económica que enfrenta el país, reflejado en hiperinflación, un caos monetario, bajas reservas internacionales y la parálisis del aparato productivo local.
El decreto de Emergencia, presentado a la chavista Asamblea Nacional Constituyente, contempla mayores controles de precios en toda la cadena productiva y la intervención de empresas señaladas de «boicotear» a la golpeada economía del país.
La emisión de este decreto responde a «las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República», indica nota de prensa del máximo tribunal, señalado por la oposición de servir a los intereses del chavismo.
Asimismo, el TSJ declara nulo cualquier acto de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, que pretenda desaprobar este decreto.
El Supremo recuerda que resultan «inconstitucionales» y «nulos» todos los actos del Poder Legislativo mientras este se mantenga en situación de desacato jurídico frente a las leyes de la República.
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