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TSJ declara inadmisible recurso judicial interpuesto por exministro Tobías Nobrega

Tobías Nóbrega

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de su presidente, magistrado Maikel Moreno, declaró inadmisible la solicitud de avocamiento propuesta por los abogados defensores de Tobías Nobrega.

La defensa del exministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas, que se admita el avocamiento y se declare la extinción de la acción penal a su favor. Al respecto la sentencia N° 087 de la Sala de Casación Penal, también presidida por el magistrado Maikel Moreno, indica que corresponderá al Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer de estos recursos.

“Agregó la decisión que los solicitantes no deben pretender que, a través de la figura extraordinaria del avocamiento, la Sala del TSJ sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias, a los que les corresponda resolver según su competencia, ya que la ley establece un orden procesal, que solo podría subvertirse, a través de esta figura jurídica de protección procesal, cuando se han agotado todas las vías jurisdiccionales posibles, y que se esté en presencia de violaciones graves y flagrantes del ordenamiento jurídico”, se indicó en una nota de prensa del TSJ.

El caso contra Nóbrega se originó por una denuncia hecha por presuntas irregularidades ocurridas en la contratación y ejecución de dos obras cuyo financiamiento estaba a cargo del Ministerio de Finanzas, correspondientes a la construcción de la nueva sede del Hospital Pérez de León y la construcción del Mercado Municipal de Pequeños Comerciantes de Petare.

Además, por otra denuncia sobre presuntos hechos irregulares ocurridos en el despacho de las finanzas públicas y durante su gestión, durante el proceso licitatorio para la adquisición de bienes y servicios dirigidos a las nuevas sedes del ente ministerial.

Nóbrega llegó al gabinete del presidente Hugo Chávez en el año 2002 y tan sólo por dos años. En 2007 se abrió en el Ministerio Público una investigación por peculado culposo y se le acusó de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de los edificios Bilbao y Citibank, ubicados en La Urbina y Carmelitas, respectivamente. Por este caso, la Contraloría General estableció varias inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, entre ellas una de 15 años al exministro de Finanzas.

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