La junta directiva de Petróleos de Venezuela autorizó el inicio de acciones legales, para resarcir a la industria de los daños ocasionados por el fraude ejecutado por ex contratistas y proveedores, especialmente los cometidos por Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El 16 de diciembre de 2015, autoridades del Departamento de Justicia norteamericano arrestaron en su territorio, a los venezolanos Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, por supuesto lavado de dinero a través de contratos fraudulentos adquiridos con Petróleos de Venezuela.
Casi un año después, la junta directiva de la petrolera estatal anuncia del inicio de las acciones legales para resarcir a la empresa «de los daños sufridos por diversas acciones de fraude, perpetradas por ex contratistas y proveedores quienes, en complicidad con ex trabajadores de la compañía, obtuvieron contratos de procura mediante actos de corrupción generando daño patrimonial y moral a la empresa de todos los venezolanos».
La fiscalía del Distrito Sur de Texas de Estados Unidos acusó a los venezolanos de pagar 1.000 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana entre 2008 y 2014. Según el documento de acusación los sobornos fueron pagados a ejecutivos de Pdvsa para tener a las empresas de Rincón ubicadas en EEUU, en la lista de compañías que fueron favorecidas en las licitaciones de contratos.
De acuerdo a las autoridades norteamericanas, Rincón Fernández dispone de cientos de millones de dólares en activos en todas partes del mundo, de las cuales una buena parte de ellas han sido retenidas y congeladas sus cuentas bancarias.
En el mes de marzo de este año en un comunicado de Pdvsa, se afirmó que la acusación en contra de los funcionarios de la industria por recibir los sobornos «formaba parte de una campaña de desprestigio en contra de la empresa». Mientras que en julio se conoció del inicio de las investigaciones sobre este caso por parte de la propia petrolera estatal.
Aunque el ministro y presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, afirmó en junio pasado que se darían a conocer los resultados de esta investigación interna, aún no se ha informado al respecto detalle alguno a la opinión pública nacional.
En su reciente nota de prensa, Pdvsa dijo haber girado instrucciones a sus representantes legales para emprender las acciones necesarias ante las jurisdicciones penales, civiles y mercantiles, que permita resarcir los daños a la estatal.
«La principal industria del país mantendrá informada a la nación y a la comunidad internacional en la medida que avancen las acciones en curso en contra de estas personas y de sus bienes. Pdvsa luchará hasta sus últimas consecuencias para que los responsables, sin excepciones, sean penal y patrimonialmente castigados», se afirmó en el comunicado.
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