La ausencia de información oficial afectó la valoración de transparencia del presupuesto a nivel mundial. Venezuela sacó 8 puntos de 100, el resultado más bajo de América Latina, según el índice de la organización International Budget Partnership.
El Índice de Presupuesto Abierto, elaborado por IBP, revela que el país perdió 29 puntos con respecto a 2012, fecha de la última evaluación. Venezuela participa en el estudio desde 2008 y, hasta 2015, se había mantenido por encima de los 30 puntos.
La investigadora Christi Rangel, señaló que de 102 países que se incluyen en el índice, Venezuela quedó en la posición 95.
«Estamos en el último país de los países de Unasur, e incluso el Alba», señaló.
De último lugar quedó Arabia Saudita, un país con total opacidad presupuestaria.
El índice demuestra que no hace falta ser un país desarrollado para cumplir con el requisito de transparencia presupuestaria. Brasil se encuentra de quinto en el ranking mundial, mientras que Perú ocupa la décima posición. «Solo hace falta voluntad política», expresó la también profesora universitaria.
Rangel detalló que el estudio se elabora en base a 109 indicadores que miden la transparencia, el acceso y la participación ciudadana y la contraloría de 8 documentos considerados vitales para la elaboración de presupuesto.
La caída de Venezuela en el índice tiene que ver con la presentación de la información. De los 8 documentos necesarios, el país solo puso 1 a disposición de los ciudadanos.
Esto conllevó a que la participación de la población en la planificación de ingresos y gastos se valorara con 23 puntos. Si se compara con los vecinos, este desempeño es muy pobre. Brasil, por ejemplo, recibió 71 puntos.
En términos de vigilancia y contraloría, Venezuela obtuvo su mejor puntuación: 67 sobre 100. El IBP determinó que el sistema de control es adecuado; sin embargo, Rangel advirtió que el estudio toma en cuenta solo el marco normativo. «La organización valoró positivamente el marco legal establecido que estipula la auditoría», indicó. Esto no implica que en la práctica se cumpla.
Este resultado se observa en la parte legislativa, en la que solo se asignaron 39 puntos a la vigilancia de la Asamblea Nacional.
La investigadora destacó la ausencia de información en la página web en la Oficina Nacional de Presupuesto, que debería tener la capacidad de compilar y publicar.
También señaló la inexistencia del informe de la Contraloría, que solo contó el año pasado con una asignación de 0,09% del presupuesto. Señaló que este organismo cuenta con un poco más de 730 fiscales, lo que implica que a cada uno le corresponde evaluar a 2.192 funcionarios públicos.
Este año, la situación no parece ser haber mejorado. «Nosotros ya deberíamos tener acceso a la ley de presupuesto. Esto está establecido en la Ley Contra la Corrupción», aseveró.
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