(Bogotá. Especial). Junto a Ecuador son las dos naciones latinoamericanas que frenan un acuerdo que permitiría el libre flujo de un mercado que representa más de 50% del PIB mundial.
A pesar de las muchas ventajas que traería consigo una liberación del comercio de servicios, Venezuela se opone rotundamente a que la Organización Mundial de Comercio establezca parámetros en esta materia sin que hasta el momento se conozca una posición concreta del país que sustente su negativa.
“Venezuela y Ecuador son los únicos de América Latina que se oponen a la liberación de los servicios”, destacó Melissa Begag, del staff de la oficina de prensa de la Organización Mundial de Comercio en el marco del taller para periodistas de la región dictado recientemente por ese organismo en Bogotá, Colombia.
La negativa de Venezuela sigue estando presente desde que en 2013 frenara el paquete de medidas acordado por 155 miembros de la OMC en Bali (Indonesia), cuando junto a Ecuador, Cuba y Nicaragua se opusieron a la aprobación de un acuerdo que contemplaba importantes avances para el comercio mundial y abría las puertas a un convenido sobre los servicios.
Cabe recordar que como organismo multilateral, las decisiones de la OMC son tomadas por consenso y bajo la condición de todo incluido, por lo que si un solo miembro no está de acuerdo con un solo punto del tratado propuesto, éste no puede ser aprobado. En esa oportunidad, el veto de los cuatro aliados latinoamericanos se debió a la no inclusión de una referencia al embargo de EEUU a Cuba.
No obstante la negativa venezolana, se espera que en la reunión ministerial de la OMC de 2017, la delegación nacional cese su resistencia a la aprobación del Acuerdo General para Comercio de los Servicios, un mecanismo que ha tenido pocos avances desde 2008 y se esperaba que en Bali se lograra un impulso.
– De suma importancia –
Avanzar hacia una liberación del comercio de los servicios no sería poca cosa en virtud de la importancia que ha tomado este segmento de la economía, que de acuerdo con los cálculos de la OMC y el Banco Mundial representa 50% y 75% del PIB de los países en desarrollo y desarrollados, respectivamente.
De hecho, Begag recuerda que el avance de la tecnología ha provocado la transformación de muchos productos en servicios, como es el caso de la mensajería tradicional, la música, el cine y los libros, solo cuatro ejemplos de antiguos bienes que hoy se transan como servicios.
“Esto ha traído consecuencias muy serias, entre ellas la manera de cobrar aranceles”, destacó la ponente de la OMC en su presentación, añadiendo que para el comercio mundial representa un gran desafío regular el comercio de servicios sin irrespetar la privacidad de cada usuario.
Destaca además que el principal fin del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), es hacer más transparente las transacciones internacionales, eliminar las discriminaciones en el suministro de servicios, y reducir los costos transaccionales, lo cual tendrá incidencia en la reducción del precio final.
Si bien no existen estudios concretos sobre el ahorro que ello implicaría al comercio mundial y para el consumidor, analistas del Banco Mundial estiman que el establecimiento de normas ayudará a la larga a reducir hasta en más de 25% los costos transaccionales.
Aunque los compromisos contraídos por los miembros de la OMC entraron en vigor desde 1995 con el propio acuerdo de la organización, el AGCS no es aplicable plenamente por la negativa de miembros como Venezuela a aceptarlo.
Si bien en el seno de la OMC los avances han sido escasos, Melissa Begag explicó que desde 2013 unos 23 miembros de la OMC que mueven alrededor del 70% del comercio de servicios a escala mundial (entre ellos México, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y Panamá), vienen negociando un Tratado para el Comercio de Servicios (TISA), tratado fuera de la OMC que busca establecer parámetros para liberación del sector, y cuyas conclusiones esperan ser incluidas en el Acuerdo promovido por la organización rectora del comercio global.
Obviamente, Venezuela acusa al TISA y se opone a que miembros de la OMC logren pactar algunos parámetros que pudieran ser incluidos en las reglas del organismo.
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