Venezuela

En la ONU no se comieron el cuento del "bloqueo"

La delegación venezolana culpó a las "medidas coercitivas unilaterales" de las restricciones al pleno disfrute de los derechos humanos en el país. Pero los representantes de otras naciones no entraron en el juego y en sus recomendaciones insistieron en demandar investigaciones imparciales en casos de abusos policiales y militares, libertad para los presos políticos, cese de la persecución a la prensa y a los defensores de DDHH y condiciones para elecciones libres y justas

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Siguiendo un libreto ya conocido, el Estado venezolano intentó centrar el foco de atención en las medidas aplicadas por varias naciones contra funcionarios e instituciones del gobierno de Nicolás Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, encargada de presentar los «avances» del país en materia de derechos humanos en el Examen Periódico Universal de la Organización de Naciones Unidas, se refirió en la sesión realizada este martes en Ginebra, al «bloqueo criminal» de Estados Unidos y Reino Unido y como pese a eso «nuestro modelo público ha sido un éxito en el manejo de la pandemia».

También fue más allá: Rodríguez denunció que Venezuela es víctima de un «entramado de medidas coercitivas unilaterales» que han sido -según ella- la causa de las restricciones al pleno ejercicio de los derechos humanos en el país.

«En una política hegemónica de dominio, Estados Unidos creó las medidas coercitivas unilaterales para agredir al país y el Reino Unido se apoderó del oro de Venezuela», dijo en su intervención.

Se refirió a la crisis humanitaria como una «creación artificiosa», como una guerra, para justificar una intervención directa sobre Venezuela. La funcionaria, además, pidió a Acnur que los migrantes venezolanos pasen a ser calificados como «víctimas del bloqueo a Venezuela».

Su intervención se empeñó en mostrar a Venezuela como una nación víctima, que ha tratado y está tratando de cumplir con sus compromisos en materia de derechos fundamentales: «En el contexto de un bloqueo criminal contra Venezuela, se desarrolló su tercer EPU. No exenta de dificultades por que hemos transcurrido intentos frustrados de magnicidio, de invasiones mercenarias, de sabotaje a nuestra infraestructura…».

Y en este sentido, llegado el turno de las intervenciones de los delegados internacionales, se repitió otro libreto conocido: el de países aliados apoyando directamente la versión de la victimización o evitando asumir posiciones críticas y tocar temas importantes a través de recomendaciones generales.

Singapur, por ejemplo: «Continuar con iniciativas para garantizar la educación en el contexto de la pandemia de la Covid-19».

Sudáfrica: «Continuar implementando el Plan de igualdad de género y equidad Mamá Rosa 2019-2025.Continuar sus esfuerzos para reformar y desarrollar el sistema carcelario para garantizar el cumplimiento de las normas de Nelson Mandela».

Siria: «Continuar con las políticas de confrontar las agresiones económicas y las medidas coercitivas unilaterales.Continuar desarrollando mecanismos de protección social para las personas a través de un sistema de subvenciones para hacer frente a la guerra económica y las medidas coercitivas unilaterales que enfrenta Venezuela».

Bielorrusia: «Continuar cooperando constructivamente con los procedimientos especiales del CDH, especialmente con el procedimiento especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas y unilaterales sobre el disfrute de los DDHH».

China: «Continuar trabajando junto a otros países afectados por las medidas coercitivas unilaterales para reducir y eliminar el impacto negativo de esas medidas».

Lo que de verdad está pendiente

Otras intervenciones no fueron tan complacientes. Y muchas apuntaron directo a temas medulares. La oficina de la Alta Comisionada de naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó en su informe presentado al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal que ha habido pocos avances en lo que se refiere a procesos judiciales contra la cadena de mando responsable de violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y esto incluye al menos 18 casos de muertes como consecuencia de la represión a protestas ciudadanas.

La recomendación, por supuesto, es que se investigue a los presuntos autores y a la cadena de mando para establecer las responsabilidades y que sean llevados ante la justicia.

Uruguay: «Retornar sin demoras al sistema interamericano de los derechos humanos. Tomar medidas urgentes para garantizar el pleno respeto de los derechos de libertad de expresión y de prensa. Revisar la legislación restrictiva que criminaliza el trabajo de los defensores de DDHH. Cesar la intervención de las universidades y los institutos de educación superior, y transformar sin demoras el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen plena independencia y libertad».

Ucrania: «Investigar debidamente todas las acusaciones de exceso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de DDHH. Proveer un ambiente democrático para garantizar las actividades de la posición política, defensores de DDHH y periodistas.Tomar todos los pasos necesarios para asegurar elecciones libres y justas. Facilitar la habilitación permanente de todos los mecanismos permanentes de protección del Consejo de Derechos Humanos».

Australia: «Cooperar con los instrumentos y mecanismos internacionales de DDHH, incluyendo el apoyo a la visita regular y sin restricciones de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Liberar a las personas detenidas por motivos políticos y abstenerse de cometer acciones violencia o represalias. Respetar plenamente la democracia, garantizando la separación de poderes, el debido proceso, respeto a los DDHH y un espacio propicio y seguro para grupos de la sociedad civil.Emprender investigaciones independientes completas y rápidas de todos los casos de violaciones de derechos humanos y asegurar que los perpetradores rindan cuentas».

Austria: «Liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y sean realizadas reformas completas y creíbles en el sistema policial y judicial, en particular las fuerzas de acciones especiales (FAES). Realizar investigaciones independientes, completas y rápidas en todos los casos de violación a los DDHH, particularmente ejecuciones extrajudiciales, ataques contra periodistas, defensores de DDHH y llevar a los perpetradores a la justicia.Garantizar la libertad de prensa mediante la adecuación de la constitución venezolana a las normas internacionales y restaurando todos los medios de comunicación que han sido cerrados».

Brasil: «Garantizar todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes con el fin de restaurar la democracia en el país. Reformar el sistema de justicia para garantizar la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales, así como restaurar el estado de derecho».

Chile: «Poner en marcha un proceso que garantice elecciones libres, limpias y creíbles con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial, garantizando la participación de la oposición. Erradicar toda forma de represión y persecución por motivos políticos. Ratificar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el OPCAT. Aumentar los esfuerzos por proteger los derechos de las mujeres y las niñas y adoptar medidas urgentes para eliminar toda forma de violencia contra estas, en especial las privadas de libertad».

Canadá: «Combatir la impunidad en las violaciones de DDHH y crímenes, incluyendo, ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y torturas, investigando a los responsables, incluyendo a la cadena de mando. Proveer reparaciones efectivas a las víctimas de abusos de DDHH y adoptar medidas urgentes para atender los casos de violencia de género.Cesar todo acoso, criminalización y persecución contra periodistas, defensores de DDHH y OSC, garantizando un entorno seguro para su trabajo».

Estados Unidos recomendó la liberación de los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias y que se garantice a los medios y a la sociedad civil organizada poder actuar sin amenazas indebidas ni restricciones. En su intervención, Estados Unidos exigió al régimen de Maduro que sus principales responsables rindan cuentas por sus múltiples violaciones de derechos humanos. Y la utilización del término «régimen de Maduro» molestó a la delegación venezolana que llegó al punto de interrumpir al vocero estadounidense con la queja de que estaba utilizando un «lenguaje inapropiado».

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