Esta decisión judicial llega cuando las protestas para pedir justicia por la muerte de George Floyd se han extendido a todo el mundo. La jueza ha establecido que para poder optar a una reducción en su fianza, el policía deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante el tribunal, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada.
El expolicía de Mineápolis acusado de matar a George Floyd, Derek Chauvin, compareció por primera vez ante el tribunal presidido por la jueza Jeannice Jenkins, que le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón bajo ciertas condiciones.
Esta decisión judicial llega cuando las protestas para pedir justicia por la muerte de George Floyd se han extendido a todo el mundo, y cinco días después de que el fiscal general del estado de Minesota, Keith Ellison, endureciera los cargos contra el acusado e incluyera a los otros tres exagentes presentes en el momento de los hechos.
La jueza estableció que para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante el tribunal, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.
Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pusieron objeción a la fianza ni a estas condiciones durante esta vista judicial. El acusado se presentó ante la jueza de manera telemática desde la prisión de Oak Park Heighs, donde se encuentra encerrado bajo la acusación de asesinato en segundo grado.
El fiscal había explicado días antes en una comparecencia ante periodistas que decidió elevar la acusación contra Chauvin al cargo de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente.
Según la legislación del estado de Minesota, el asesinato en tercer grado es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años. El asesinato en segundo grado, en cambio, es el que ocasiona el fallecimiento de alguien sin intención mientras se inflige o se intenta infligir un daño y puede ser penado con hasta 40 años de prisión.
Este fiscal presentó también cargos contra los expolicías Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane -detenidos bajo una fianza de 750.000 dólares-, presentes durante la detención de Floyd, por ayudar e instigar el asesinato en segundo grado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Objective.
