Los derechos de los trabajadores se convirtieron en la principal demanda de 2018. Con 5.735 protestas, empleados de entes tanto públicos como privados alzaron sus voces para exigir -principalmente- mejoras salariales y respeto a los contratos colectivos. En lo que va de 2019 el panorama no cambió. El régimen de Maduro continúa omitiendo la crisis y la economía pulveriza cada día más el dinero de los venezolanos.
Este 1 de mayo los trabajadores celebran su día con más violaciones a sus derechos. La fuerte crisis económica que atraviesa el país no es la única arista que afecta al sector. Millones de venezolanos dejaron sus puestos de trabajo para salir del país y sostener a su familia, tras una lucha inalcanzable para sobrevivir frente a la problemática, social, política y humanitaria.
Cientos de trabajadores son víctimas de persecuciones, despidos, desmantelamiento del sector productivo y criminalización en las protestas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), los seis aumentos de salario mínimo registrados en 2018 avivaron la espiral hiperinflacionaria. Ese año, la escalada de precios cerró 1.698.488,2%, de acuerdo al índice que suministra la Asamblea Nacional a falta de la transparencia del Banco Central de Venezuela.
Para julio de 2018, el salario mínimo condenaba a los trabajadores a la pobreza extrema, pues se ubicaba en 1,20 dólares diarios, por debajo del umbral de la miseria que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En lo que va de 2019 siguen si tomarse medidas correctivas para el sector. Mientras que los venezolanos luchan todos los días por sobrevivir con sueldos inalcanzables. El gobierno de Nicolás Maduro desproporciona la economía venezolana con aumentos del salario mínimo cuando quiere.
León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales, indicó que los trabajadores ven un deterioro acelerado de sus condiciones de vida, por lo que considera urgente que se tomen las medidas necesarias para corregir estas distorsiones.
Los recientes apagones en el país también dejaron consecuencias en el aparato productivo nacional: “Los empleados aún no han podido alcanzar las mínimas condiciones para acudir a sus sitios de trabajo, luego que los varios apagones afectaran la vida de los venezolanos durante el mes de marzo, por lo que las actividades laborales se llevan a cabo en un ambiente de contingencia”, aseguró el Instituto de Altos Estudios Sindicales a través de un comunicado el 5 de abril.
El ausentismo laboral que hay en las empresas se debe a las desmejoras salariales que ha habido en cada empresa del país, agregándole el mal estado de los servicios públicos y la pésima condición de vida de los empleados.
“Hoy en día es difícil cumplir con el trabajo. Si no se puede salir de las casas, si por varios días no hay agua, o no funciona el Metro de Caracas, el transporte público es escaso, no hay efectivo para el pago del pasaje, no funcionan los medios de pago electrónicos o no hay con quien dejar a los niños”, aseguró Linerby Sánchez, directora de proyectos de la organización.
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), informó que la mayoría de las protestas laborales que se llevan a cabo en el país es por el descontento salarial. En lo que lleva el 2019 los reclamos salariales abarcan el 59% del total de las protestas en el país.
Solamente en el mes de enero se calcularon 689 protestas de trabajadores sindicales. Los sectores de salud, petróleo, educación, empresas básicas, jubilados y pensionados son los más afectados.
Pese a que desde hace tres años el Banco Central de Venezuela ignora la publicación de cifras oficiales; la escalada de precios pulverizó cualquier salario y contrato colectivo. Sin importar el cargo que ocupe el trabajador, ningún salario permite cubrir las necesidades básicas.
Según la última publicación oficial sobre las cifras del empleo, que suministra el Instituto Nacional de Estadística (INE), realizada en 2016, más de 1.035.238 personas están desempleadas. Es decir, la tasa está ubicada en 7.3%. Para 2018 la cifra aumentó al 10%, según la encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). Que recalcó que el grupo más afectado por la situación son los jóvenes.
En el 2018 la Confederación Venezolana de Industria (Conindustria) reveló que 700 industrias cerraron sus puertas como consecuencia de la crisis laboral en el país.
“El sector manufacturero, otro ejemplo de constancia, desarrollo e innovación en nuestro continente, vio mermada su actividad, en cifras realmente alarmantes. Solo permanece activo 20% de su capacidad y las expectativas de cierre de un mayor número de empresas son muy altas. Se prevé que continúe el deterioro”, explicó Conindustria.
El hambre, la falta de materia prima, el desespero y la necesidad llevó a que cientos de trabajadores tomaran las calles de todo el país en 2018. A mediados de año, el gremio de las enfermeras tomó la iniciativa. En junio iniciaron una huelga y aseguraron que se movilizarían hasta el palacio de Miraflores si Maduro no rectificaba las tablas salariales.
Invitaron a la población a unirse a las protestas del sector. Y así lo hicieron, trabajadores universitarios, médicos y maestros denunciaron los terribles salarios que el gobierno de Maduro les otorgaba.
Los trabajadores públicos no se quedaron atrás. Empleados y jubilados de Corpoelec, Cantv, Pdvsa, Seniat, Cancillería y del Ministerio Público dejaron el miedo a ser víctima de despido y alzaron sus voces en contra de la degradación.
Actualmente, el sector laboral es uno de lo más afectados. Sin embargo, los trabajadores siguen llegando a sus lugares de trabajo todos los días para cumplir con sus labores diarias, aunque sus derechos no sean respetados.
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