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Luisa Ortega Díaz: “soy una testigo de excepción contra Maduro en La Haya"

En entrevista por Zoom con El Estímulo, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general en el exilio, llama a sumar fuerzas para que avance el caso contra Maduro y sus más cercanos colaboradores en la Corte Penal Internacional (CPI). "Solo los estúpidos no cambian de opinión", dice la más notable disidente del chavismo, citando a Teodoro Petkoff. "Respecto al régimen de Maduro, siempre he tenido la misma opinión: antes de que tomara posesión, Venezuela ya venía en caída libre. Todo lo que yo dije en 2017 y antes está ocurriendo"

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Luisa Ortega Díaz, la fiscal en el exilio, la más famosa disidente del chavismo, tiene un papel clave en un proceso que se sigue contra Nicolás Maduro y sus más estrechos colaboradores en la Corte Penal Internacional (CPI), de La Haya, Países Bajos.

Hoy se muestra convencida de que este proceso preliminar, catalogado como «Venezuela I» en la CPI, es una oportunidad invaluable para unificar a la oposición venezolana en pos de un objetivo común: sacar del poder al “régimen criminal de Maduro”.

Poco después de ser destituida ilegalmente en 2017 como fiscal general de Venezuela por el régimen chavista, del cual ella misma formaba parte, enfiló sus baterías internacionales contra Maduro y sus más cercanos colaboradores.

Tres años han pasado desde su iniciativa ante la CPI –endosada por otros demandantes, inclusive presidentes de varios países americanos, el Parlamento venezolano y varias ONG que sumaron demandas-. Y ahora el complejo proceso parece encaminarse en alguna dirección. Recientemente, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que hay “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela se han cometido delitos que son competencia de la corte.

«Es peligrosísimo lo que este ocurriendo en Venezuela, para toda la región y el planeta. Hay que buscar la manera de salir de esto. Y la manera de resolverlo es entender que hoy el enemigo a vencer es Nicolás Maduro y su entorno (…) si no se entiende eso, no se internaliza, Venezuela nunca a va a salir de esta tragedia», afirma.

Pero todavía no se ha iniciado ninguna investigación penal, resalta Ortega Díaz.

Este organismo de la justicia internacional juzga a los responsables de delitos de lesa humanidad, como genocidios, asesinatos, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Hasta ahora, la CPI evalúa dos posibles casos penales sobre Venezuela. El segundo lo presentó el propio régimen de Maduro. La fiscal recibió recientemente de manera formal al sustituto impuesto de Ortega Díaz, el chavista Tarek William Saab.

«Con respecto a la situación de Venezuela I, la fiscal transmitió a la delegación que esta Fiscalía había concluido su evaluación de la materia y determinado que había una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de la competencia de la Corte. A este respecto, la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», dijo la CPI en un comunicado.

La lista de la doctora Luisa

En esta entrevista por video Zoom con El Estímulo, desde Bogotá, Ortega Díaz señala que “Maduro y su grupo criminal, entre ellos Tarek William Saab”, está haciendo grandes esfuerzos y desplegando todo un lobby «para persuadir a la Corte de que no inicie la investigación formal por la denuncia que yo hice el 16 de diciembre de 2017 y todas las ampliaciones de esa denuncia».

Nicolás Maduro; su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; el ex ministro del Interior y actual jefe de la policía política (Sebin), general Gustavo González López; los también generales Antonio Benavides Torres (ex jefe de la Guardia Nacional); el capitán Diosdado Cabello, número dos del chavismo en el poder; el general Néstor Reverol, actual ministro de Energía Eléctrica y ex ministro del Interior, y el propio Tarek William Saab, están en el centro de estas denuncias “por crímenes de lesa humanidad, es decir violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de los venezolanos”, explica.

«La fiscal Besouda se está refiriendo a lo que ha ocurrido en Venezuela. Y lo que propició que eso se iniciara fue la denuncia que yo formulé y que, por cierto, apoyaron también seis presidentes de la región”, dijo.

Se trata de un proceso complejo. La fiscalía de la CPI va a comenzar a conocer las demandas y decidirá si inicia una investigación.

“Soy una testigo de excepción de todo lo que pasó en Venezuela. Yo formulo la denuncia, y como denunciante debo aportar, debo ponerme a disposición de la corte para informar lo que señalo”, dice.

Expectativas

Ante la pregunta de si este proceso podría unificar a los distintos frentes de oposición contra Maduro y sus colaboradores, para propiciar cambios políticos, la disidente ex funcionaria del chavismo dice que, en efecto, se trata de una oportunidad.

“En este momento, esta es la única tribuna que nos une, el único espacio. La única causa que es tangible, que está allí. Eso pudiera ser como un ensayo para la unidad en otros objetivos, tenemos la posibilidad de trabajar juntos”, dice.

“La denuncia sobre la cual se basa el futuro inicio de las investigaciones es la que yo presenté. Ojalá otros fueran protagonistas de eso. Estoy segura de que hay muchísima gente de muchos méritos en esto. Gente que se merece estar ahí en la CPI trabajando en función de este objetivo. Mi llamado es a que todos trabajemos en función de esto. Si tenemos esa posibilidad, un hecho concreto para trabar unidos, vamos a hacerlo”, insiste.

Señala que, de iniciarse la investigación, el proceso va a requerir del concurso de muchos juristas conocedores de esta materia. También de muchas opiniones, y mantener una seguimiento permanente en la CPI para que esto no se detenga. Eso incluirá facilitar las entrevistas de los testigos, a las victimas, las indagaciones y esclarecer los casos.

También se requerirá el criterio de “muchos expertos para los protocolos de autopsias que nosotros consignamos. Esto no puede ser de una persona o dos personas ni de un equipo de cinco, sino de un gran equipo”.

La Masacre de El Junquito», en la que fuerzas de seguridad del Estado asesinaron al policía rebelde Oscar Pérez y a un pequeño grupo de sus seguidores, una vez rendidos, también se sumó a los casos originales. (Foto: Archivo/El Estímulo) .

Una práctica de Estado

La actuación de la CPI en casos de crímenes de lesa humanidad se refiere a “violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”, explica.

“No basta un solo hecho, tiene que probarse que la actuación del Estado ha sido sistemática y generalizada, no casos aislados”.

Ortega Díaz señala que consignó ante la corte más de 8.000 casos de “venezolanos pobres ejecutados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado durante los años 2015, 2016 y 2017. Eso demuestra que fue generalizado y sistemático”.

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) eran redadas en barrios pobres en las que se asesinaba a sospechosos y delincuentes. Hoy esta tarea de exterminio la hace la FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional). (Foto: Archivo)

Esos delitos tuvieron su expresión máxima en las llamadas OLP, las redadas de diferentes cuerpos policiales en barriadas pobres en busca de delincuentes, pero en las que a menudo caían víctimas inocentes o simples sospechosos habituales.

Hoy ese trabajo sucio lo hace la Faes, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuya disolución ha sido demandada hasta por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Ella también ha denunciado los sistemáticos asesinatos extrajudiciales en Venezuela.

“Cuando crearon ese supuesto «dispositivo de seguridad» fueron asesinados 507 venezolanos. Pero además de esos 507, ya había siete mil y pico de venezolanos asesinados a manos de los cuerpos de seguridad”, dijo Ortega Díaz.

La demanda «Venezuela I» también señala “torturas sistemáticas y asesinatos”, como en el caso de Oscar Pérez. Este policía rebelde fue ejecutado junto a su grupo después de que estaban rendidos y pidiendo negociar. Esta “masacre de El Junquito” fue transmitida en directo por el propio insurgente a través de la red social Instagram.

El proceso contra Maduro y compañía también documenta torturas como las que sufrió el capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo.

Las protestas de 2017

“También lo ocurrido durante las manifestaciones en 2017 -en las que perdieron la vida 131 venezolanos a manos de los cuerpos de seguridad”- está en el expediente abierto por la CPI.

La mayor parte de estas víctimas fueron jóvenes estudiantes universitarios, abatidos con certeros disparos al torso o a la cabeza.

Uno de los últimos casos de Luisa Ortega Díaz como fiscal en ejercicio fue el asesinato del estudiante de la Universidad Metropolitana Juan Pablo Pernalete. Este cayó abatido por guardias nacionales con una bomba lacrimógena disparada a quemarropa contra su pecho.

La tesis del gobierno, desmontada por Ortega Díaz en una acosada rueda de prensa, fue que Pernalete había muerto por una “pistola de perno”, accionada por otro estudiante.

Los padres de Juan Pablo Pernalete siguen clamando por justicia.

Los medios chavistas de propaganda esparcieron la tesis oficial de funcionarios de Maduro sobre el asesinato.  

«Estoy convencida de que el gobierno no va a lograr frenar la investigación. Junto a mi equipo de trabajo y otros expertos, hemos venido monitoreando de cerca cuál es el progreso del caso. Y seguimos velando por su buen curso», dijo Ortega Díaz.

Afirma que la deriva de la denuncia ante La Haya es «un logro de todos, un éxito para los venezolanos. Invito a que trabajemos juntos para lograr que la Corte Penal Internacional, efectivamente, inicie la investigación. Si todos apuntamos hacia ese mismo objetivo, le damos fuerza. Con seguridad estamos avanzando hacia el rescate de la democracia, de la libertad y para que se sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos», recalca.

En la primera mitad de 2017 estallaron protestas masivas contra Maduro en las calles de toda Venezuela. Incluso, las fuerzas del Estado reprimieron las manifestaciones pacíficas a sangre y fuego, dejando decenas de muertos, heridos, prisioneros y exiliados. (Foto: Daniel Hernández/El Estímulo)

(Foto: Daniel Hernández/El Estímulo)

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