El chavismo, con Nicolás Maduro a la cabeza, se apresta a llevar a cabo el 6 de diciembre unos ya cuestionados comicios para asegurase el control final del Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional. Varios actores nacionales e internacionales cuestionan este proceso y alertan que en estas condiciones no es posible organizar elecciones libres, justas y competitivas.
La oposición exige
Un grupo de las 27 organizaciones políticas opositoras sostiene un pliego de exigencias que describen la actual falta de libertades electorales en Venezuela:
-El derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar (Registro Electoral confiable y auditado).
-Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación.
-Prohibir la migración de electores de sus centros electorales naturales.
-Cesar las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.
-Restablecer la participación plena de todos los partidos políticos y de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención; así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.
-Tener un CNE independiente, nombrado por la AN, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley.
-Cumplir con el cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.
-Cumplir con la campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas.
-Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.
-Mantener un adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.
-Realizar auditorías de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.
-Tener observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral.
Estas son peticiones que el chavismo no está dispuesto a conceder a pesar de tener al país clamando por un cambio de rumbo. Por el contrario, la estrategia de Maduro ha sido promover la abstención y la desconfianza en el ente electoral, según coinciden los más importantes analistas del país.
Historia sin fin
A partir del triunfo opositor en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la estrategia electoral oficialista se hizo más parcializada y desde los organismos del gobierno de Maduro se buscó cerrar las vías para impedir a toda costa una nueva derrota frente a la oposición.
Un Hugo Chávez carismático, apoyado en los grandes recursos petroleros, imponía su mayoría en los procesos comiciales. En 2007 el chavismo tuvo el primer traspiés al perder el referéndum constitucional, pero el de Maduro en 2015 les quitó el poder público más importante: la Asamblea Nacional (AN).
Hugo Chávez, en Catia, Caracas, durante la campaña por el referendo de 2009 : (Foto: Archivo/DR)
En las parlamentarias de 2015 el sector opositor ganó con 56,2% de los votos obteniendo 109 diputados frente al oficialista Gran Polo Patriótico que logró 40,92% para 55 escaños, a los que se sumaron tres representantes indígenas. La participación entonces fue de 75% de la población que salió a las urnas a buscar un cambio político que finalmente nunca llegó.
Nicolás Maduro, quien heredaba el gobierno tras la muerte de Chávez, a partir de esa derrota, aplicó toda suerte de mecanismos para impedir que el nuevo parlamento ejerciera su derecho a compartir el poder. Antes de esa derrota, su ascenso a la presidencia fue un triunfo cuestionado, pues, a pesar del ventajismo y el uso de recursos ilegales para financiar su campaña, la diferencia frente a Henrique Capriles Radonski en las elecciones presidenciales de abril de 2013, fue a de apenas 200 mil votos (50,61% vs 49,12%).
Luego de 2015 y de perder las parlamentarias, la primera medida gubernamental fue eliminar la representación de diputados de Amazonas y declarar en desacato a la directiva de la AN, a través de una medida de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) número 260 del 30 de diciembre de 2015.
La acción recayó sobre los miembros de la Junta Directiva de la AN, diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla. Se ordenaba además dejar sin efecto la juramentación de los diputados de Amazonas y se demandó que procediese a desincorporar de inmediato a Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, electos ese 6 de diciembre. Asimismo se declararon absolutamente nulos sus actos mientras se mantuviesen estas incorporaciones.
Tribunal Supremo express
Estas decisiones se tomaron luego de conocerse el resultado del 6 de diciembre, a partir de un TSJ electo a última hora por el chavismo antes de que el 5 de enero tomaran posesión las nuevas autoridades parlamentarias.
A partir de allí es historia conocida. El chavismo creó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin que antes fuera avalada por el voto universal y secreto. Le confirió poderes «soberanos y originarios», que en la práctica le permiten a Maduro gobernar por decreto.
La Constituyente y el TSJ se convirtieron en los poderes públicos sustitutivos de la AN legítima. Así se ha gobernado en Venezuela a partir de esa fecha: con un presidente que además impuso 27 decretos de emergencia económica para dirigir el país, sin poderes alternos que controlasen o supervisasen su gestión ejecutiva.
Un régimen sin contrapeso gobierna al país desde enero de 2016, en donde los procesos electorales han sido promovidos bajo una larga lista de irregularidades y ventajismo que han cerrado las puertas a la participación de los principales factores opositores. Sus líderes históricos o activistas más influyentes están perseguidos o inhabilitados.
El chavismo solo acepta a los grupos más moderados; tal como se reflejó en la abrupta elección presidencial del 20 de mayo de 2018 que ganó Maduro con una histórica mayoría de 67,84%, por encima de la más votada elección de Hugo Chávez en 2006, cuando obtuvo 62,84%. Según cifras oficiales, la abstención en las presidenciales de mayo de 2018 fue de 54%.
Presos y exiliados
Según los datos de la ONG Acceso a la Justicia, entre el 28 de diciembre de 2015, tras el triunfo de la oposición en las parlamentarias del 6 de diciembre y el 20 de mayo de 2020, 96 parlamentarios de oposición, disidentes de la oposición o del chavismo, tanto principales como suplentes, han sufrido algún, o varios, tipos de persecución política.
Por acoso de grupos irregulares y órganos de seguridad (66); enjuiciamiento por el TSJ sin respeto de su inmunidad parlamentaria (29); violación de su derecho a la identidad y circulación (15); suspensión de la AN por el TSJ (6); inhabilitaciones sin juicio por parte de la Contraloría General de la República (6); detenidos arbitrariamente cuatro (4); y tres excarcelados con medidas sustitutivas (3). Esa persecución ha dado lugar a que 29 diputados hayan tenido que exiliarse.
Todas estas acciones generaron un clima de rechazo a la posibilidad de una salida pacífica para Venezuela dirimida a través de un proceso comicial, con elecciones libres y equilibradas.
En este escenario y en medio de una pandemia que se agrega a la grave crisis económica y humanitaria que padece Venezuela, el gobierno de Maduro convoca a una nueva elección parlamentaria para el 6 de diciembre de 2020. Lo hace sin ni de lejos corregir las graves violaciones constitucionales y agregando una serie de nuevas trabas e irregularidades que se suman a la lista de agravios.
El escenario de 2020
Ante el nuevo escenario, en que los estudios de opinión indican que el apoyo al gobierno de Maduro escasamente podría llegar a 20%, la mayoría opositora, integrada por 27 organizaciones, encabezada por el 4G (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), anunció el pasado 2 de agosto su rechazo a participar en la convocatoria oficialista con el siguiente mensaje:
“Decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y una ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela”, indicaron los 27 partidos políticos a través de un comunicado.
Esta postura ha sido compartida por los principales aliados internacionales.
Unión Europea duda
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró que no se reúnen las condiciones para un proceso “electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo” en Venezuela por lo que no enviarían una misión de observadores electorales.
“La Unión Europea necesita, para desplegar una misión de observación electoral, unas condiciones y garantías mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, y la capacidad de observar sin interferencias con acceso completo a todo el proceso electoral”, dijo Borrell.
En un comunicado señaló que en las últimas semanas mantuvo varios contactos con diferentes actores políticos, tanto del cuestionado gobierno chavista como de la oposición, con el fin de evaluar un posible marco para los comicios legislativos de diciembre.
“Trasladé para ello al gobierno de Nicolás Maduro las condiciones mínimas definidas por la oposición para un proceso electoral creíble”, sostuvo. Entre ellas, las del Consejo Electoral Nacional (CNE), la participación por igual de todos los partidos políticos y de sus líderes, y la observación electoral internacional.
El jefe de la diplomacia europea señaló que sugirió la posibilidad de ampliar los plazos electorales para atender los requerimientos de la oposición y que, en respuesta, recibió una carta de la Cancillería venezolana en la que informaba de un acuerdo con parte de la oposición. Borrell dice que “es un paso adelante; pero no suficiente”.
Sigue la presión
El enviado del gobierno de Donald Trump para la crisis venezolana, Elliot Abrams, afirmó que los próximos comicios en Venezuela ya están “manipulados”.
“Las condiciones para elecciones libres y justas son en realidad mucho peores hoy que en mayo de 2018, cuando Maduro celebró elecciones presidenciales que democracias de todo el mundo dijeron que eran fraudulentas”, recordó.
“La política en general es impedir que el régimen tenga ingresos y continuar presionando contra las formas en que opera, particularmente en el sector petrolero y el del oro. No tengo ninguna duda de que esto continuará y se impondrán más presiones a través de sanciones y también de actividades diplomáticas”, dijo Abrams.
Controvertido comunicado
El comunicado del 11 de agosto de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se ha agregado a la encendida polémica sobre las exigencia de condiciones electorales.
Coincidiendo con importantes analistas, al llamado a la abstención de la mayoría opositora, la CEV exige la necesidad de participar unidos en el evento electoral como un mecanismo de movilización de la población, o al menos plantear una política alterna que acompañe la no participación.
La CEV aclara que: “estamos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamientos de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales”.
Ante el llamado a la abstención del grupo de 27 partidos advierte que: “Eso no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos; pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”.
Por ello señalan que: “A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y ventajistas de parte del gobierno”.
De allí que llaman a la “participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos junto a un movimiento (…) de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano”.
Una suma de irregularidades
La ONG especializada en procesos electorales Súmate, en un comunicado publicado en su web, describen 17 puntos que resumen las irregularidades existentes para estos comicios que en las condiciones actuales podrían agravar el conflicto político. Allí alertan sobre “la sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioraron las condiciones electorales en Venezuela”.
Exhortan al CNE y al TSJ a rectificar en su actuación y someterse a la Constitución de la República, que exige organizar y administrar procesos electorales para la renovación de los cargos de representación política en los que se garantice la participación con total libertad y equidad de todos los sectores de la sociedad.
El comunicado cuestiona la elección de los cinco rectores y diez suplentes del directorio del CNE por la Sala Constitucional del TSJ, imponiendo entre los designados a dos magistradas de ese máximo tribunal. Con esta decisión volvió a usurpar la competencia exclusiva y excluyente de la AN establecida en el artículo 296 de la Constitución de designar a los titulares y suplentes de la conducción del Poder Electoral; además de intervenirlo.
El TSJ, un poder público con mayoría absoluta chavista, aplica la llamada «justicia socialista», y nunca ha fallado en contra del Ejecutivo. (Foto Archivo)
Destacan la imposición como presidenta del directorio del CNE de una de las dos magistradas designadas como rectoras por la Sala Constitucional del TSJ en la sentencia Nº 70. Con ello se usurpó la competencia que corresponde a los rectores en la sesión de instalación del directorio, según el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Igualmente rechazan la imposición al frente de la Junta Nacional Electoral de la magistrada de la Sala Electoral, Indira Alfonso. Esta magistrada fue la ponente y quien dictó la sentencia Nº 260, del 30 de diciembre de 2015, de la Sala Electoral que impide incorporarse a la AN a los tres diputados del estado Amazonas electos en diciembre de 2015.
Igualmente resaltan la destitución de las direcciones nacionales de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), e imposición de “una Junta Directiva ad hoc” por la Sala Constitucional del TSJ en las sentencias Nº 71, 72 y 77, respectivamente; relevando de sus cargos a quienes la militancia y organismos internos habían elegido como sus directivos, a través de procesos validados por las anteriores directivas del CNE; y que contravienen lo establecido en el artículo 67 de la Constitución.
Justicia socialista
Sostienen que las sentencias Nº 68, 69, 70, 71, 72 y 77 de la Sala Constitucional del TSJ son una clara evidencia de la politización de la justicia y de la criminalización de la oposición democrática, que actualmente es mayoría en la AN, además de usurpar competencias de otros poderes del Estado y configurar un sistema electoral más injusto que el actual.
En el cuerpo de las decisiones de estas seis sentencias se observa como la Sala Constitucional del TSJ actúa a favor de la parcialidad política en el Ejecutivo Nacional y de sectores políticos congregados en la denominada Mesa de Diálogo Nacional; y violó el derecho al debido proceso de los afectados, ya que le negó la igualdad de oportunidad en la defensa de sus derechos.
Cuestionan que el incremento del número de escaños a 277, sumándole 110 curules, aprobado por el directorio del CNE en las “Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026”, viola expresamente los lineamientos para la conformación del parlamento establecido en el artículo 186 de la Constitución, según el cual el número total de escaños no debe exceder de 167.
Las cifras de proyección poblacional presentadas y aprobadas ilegalmente por la ANC, cuando esto corresponde a la AN, según los artículos 11 y 19 de la LOPE, no coinciden con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística publicadas en su web, indica el documento.
Entre otras irregularidades: “La jornada especial del Registro Electoral aprobada por el directorio del CNE, con el despliegue de 551 puntos, en un lapso de 14 días (del 13 al 26 de julio), no podrá garantizar la inscripción y actualización de al menos 4,2 millones de ciudadanos: 2,6 millones en edad para inscribirse y 1,6 millones por cambiar su centro de votación”.
Para Súmate estos puntos constituyen pruebas de que no se ha emitido ninguna señal de que el CNE esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y de cambio en democracia. Además alertan que vienen días incluso más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19.
