Manuel García, gerente de Protección Social del Instituto de Prevención Social de los Profesores de la Universidad Central de Venezuela cuenta qué se está haciendo para ayudar a los educadores de la tercera edad, una población que no puede alimentarse ni comprar medicinas. Estima que al menos 1200 docentes están en riesgo
El 29 de octubre de 2020, en Caracas, en el apartamento 94 de las residencias Villa II, en Puente Hierro, parroquia Santa Rosalía, hallaron muertos a Silvia Margarita Sandoval Armas (72) y Rafael David Sandoval Armas (73).
Los hermanos Sandoval vivían solos. Los bomberos ingresaron atendiendo una denuncia de los vecinos. Los cuerpos no presentaban signos de violencia y la autopsia reveló que murieron por desnutrición proteico-calórica. En castellano: por inanición.
Las autoridades forenses estiman que Rafael tenía entre 24 y 36 horas de muerto y Silvia, de 36 a 48 horas.
Ambos eran pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
La muerte de estos dos septuagenarios fue tendencia en redes sociales y noticia en los medios de comunicación nacionales e internacionales. De inmediato, generó reflexión y crítica de muchos sectores de la sociedad.
Sin embargo, como dice la canción de Héctor Lavoe, la noticia de los hermanos Sandoval Armas fue “sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada”.
El 25 de enero de 2022 se conoció un caso similar. Esta vez sucedió en Mérida. En su apartamento fue encontrado en avanzado estado de desnutrición el profesor jubilado de la Universidad de Los Andes, ULA, Pedro José Salinas. A su lado hallaron el cadáver de su esposa, Isbelia Hernández, quien era bioanalista, abogada y también docente jubilada de esta misma casa de estudios.
Aunque Isbelia murió, aparentemente, de un infarto, tanto ella como Pedro mostraban signos de desnutrición.
Como en el caso de los hermanos Sandoval Armas, el profesor Salinas, de 83 años, fue rescatado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos ante el llamado de los vecinos de las residencias Los Sauces.
Según testimonios, los gritos de ayuda de Salinas, que fue encontrado en el piso al lado del cuerpo de su esposa, constituyeron la alarma que llevó a la intervención. El educador fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) y las autoridades forenses retiraron el cuerpo de Isbelia.
Posteriormente se supo, por las notas publicadas en la prensa, que los profesores no tenían familiares en el país, pues habían emigrado.
La indignación por lo sucedido se incrementó al conocerse la brillante carrera de Salinas. En cualquier otra parte del mundo, un hombre con estas credenciales podría vivir de manera más cómoda, pero en Venezuela no es así.
Este es parte de la carrera del profesor, Pedro José Salinas:
Pese a ese desempeño extraordinario, no podían alimentarse ni él ni su esposa.
Manuel García, gerente de Protección Social del Instituto de Prevención Social de los Profesores de la Universidad Central de Venezuela, tiene mucho que contar sobre estos casos y por eso fue contactado por El Estímulo.
Señaló que lo sucedido con el profesor Salinas llamó la atención por las condiciones en las que fue localizado y por su dilatada trayectoria académica, “pero casos como este tipo se conocen diariamente. No solo en el universo de los profesores universitarios, sino en la población de los adultos mayores de forma general”.
Contó que desde 2017 comenzaron a recibir las primeras señales de los problemas socioeconómicos graves del personal docente de la UCV.
“Estos casos son muy comunes. Comenzaron a multiplicarse desde 2017, cuando se agudizó la crisis económica y comenzó la devaluación exacerbada, a todos los niveles. Los estudios indican que son los niños y los adultos mayores los más desprotegidos y quienes padecen más las secuelas de todos estos problemas”.
Explicó García que el Instituto Prevención Social de la UCV cuenta con una data de 6.850 docentes, con los cuales mantiene constante comunicación y contacto.
“Por la crisis, nosotros imaginábamos que estaba pasando algo. Era un supuesto, pero se prendieron las alarmas cuando comenzamos a ver a nuestros colegas, que antes tenían un peso promedio entre 70 y 80 kilos, bajar a 50 kilos con un notable cambio físico”.
Estos casos de pérdida de peso entre los profesores comenzaron a presentarse en 2017 y se agudizaron entre 2018 y 2019: “Ya para estos años, era evidente que los profesores estaban atravesando graves problemas económicos. No tenían dinero para comprar alimentos, medicinas, ropa y calzado. Tampoco para comprar, reparar o repotenciar sus equipos de computación que, para la mayoría, son sus principales herramientas de trabajo. La crisis había estallado”.
En 2021 les tocó atender un caso muy grave. “Se trataba de un docente que, junto a su esposa, presentaba graves problemas de salud. Supimos que su única hija había fallecido años antes. La esposa tenía una enfermedad degenerativa, que la mantenía postrada en una cama. Entre tanto, el profesor también padecía de varias enfermedades de base, pero a pesar de su condición delicada de salud, se hizo cargo del cuidado de su compañera de vida”, explicó García.
Realizaron una visita domiciliaria al docente (cuyo nombre permanece en anonimato), verificaron la crítica situación y activaron una solicitud de donación de alimentos. Lograron recaudar 120 kilos de comida, pero el educador falleció antes de recibir el donativo.
El profesor murió el 1 de febrero del 2021, y, según el entrevistado, lo que trascendió a los medios no fue exactamente lo que pasó: “Por ejemplo, vimos titulares en donde aseguraban que el profesor murió de hambre. Eso no es verdad. Tuvimos que desmentir esa situación. El profesor sí tenía problemas de malnutrición que le activaron otras enfermedades que padecía, como diabetes. Pero no se puede asegurar que murió de hambre. Es necesario aclarar que no es lo mismo morir de hambre que morir con hambre”.
Estos eventos trágicos impulsaron el Programa Alimentario de Asistencia Directa a los docentes en situación de vulnerabilidad de la UCV.
“Con el apoyo de la antropóloga Nashia Báez, decidimos crear un instrumento para identificar otros casos dentro de nuestra comunidad, para incluirlos en el programa de ayuda. Entre los requisitos está ser mayor de 65 años, sin hijos, con enfermedades de base y que no perciban otro ingreso distinto a su salario como profesor, entre otros”, detalló García.
Los 6.850 profesores de la UCV registraron en el Instituto de Prevención Social recibieron una encuesta socioeconómica. Fue contestada solo por 750 docentes.
“Esta consulta tuvo muchas trabas. Entre ellas, el tema de la pandemia generada por la covid-19 y que la encuesta la mandamos por vía digital, cuando no todos los profesores tienen computadoras o internet en sus residencias. O, sencillamente, no saben utilizar estos equipos tecnológicos. Así que planificamos realizar otra encuesta con cuestionarios físicos, llamadas por teléfono y visitas a domicilio, para obtener información ampliada. Eso lo vamos a ejecutar en una segunda etapa de este programa de ayuda”, agrega. No detalló cuándo empezarán esta acción tan necesaria.
Ocarina Castillo, académica y antropóloga de UCV, sugirió la creación de un banco de alimentos, pero cuando comenzaron revisar la normativa legal que rige estas iniciativas en Venezuela, no veían factible el desarrollo.
De las 759 encuestas que fueron contestadas, se detectaron por lo menos 100 casos de profesores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, los investigadores del instituto estiman que los casos podrían llegar a unos 1.200.
Un dato clave: más de 56% de los docentes de esta casa de estudios tienen edades comprendidas entre los 75 y 80 años de edad. Y la población de la tercera edad ha sido uno de los segmentos más golpeado por la crisis en los últimos años.
La recolección de alimentos no perecederos comenzó de forma muy rudimentaria, con donaciones directas de lo que la gente podía llevar: “Pero en los últimos tres meses nos empezaron a contactar donantes con mayores recursos, que nos dieron cerca de 400 kilos de alimentos. Esto permitió cubrir una mayor cantidad de nuestra población”.
Manuel García explicó que, al inicio del programa social, fueron muy atacados y acusados de no ofrecer una real solución al problema social que padecían los docentes.
“Nos señalaron de solo colocar pañitos calientes. Nos indicaban que la verdadera solución era luchar contra las políticas gubernamentales. Pero esa no es mi área. Mi deber es detectar el individuo y ver de qué manera lo podemos apoyar, especialmente, en el área de salud y, en este caso, de desnutrición. Es una enfermedad que va deteriorando al individuo por lo cual debemos atacarla, ayudar a que nuestros docentes tengan una mejor y balanceada alimentación”, dijo García.
“Es necesario señalar que nuestro sistema de educación superior crea a un profesional perfecto en el área académica e investigativa. No cualquiera puede llegar a convertirse en profesor universitario. Esta carrera se empieza siendo profesor instructor. Después eres asociado, luego pasas a titular con dedicación exclusiva y, entre cada ascenso, tienes que presentar trabajos de investigación. Además se exige continuar ampliando conocimientos con maestrías, doctorados, postdoctorados, y demás estudios de especialización para poder llegar a altos cargos”, explicó.
Dijo García que muchos adultos mayores altamente capacitados de la UCV también están en el grupo vulnerable. Esto complica la reinserción económica en la sociedad. Esto quiere decir que no logran ingresar en la economía informal, dando clases particulares, como ha sucedido con los maestros de la educación primaria y media.
“Nosotros nunca nos imaginamos esto. Los profesores, ¿qué pueden ofrecer para la venta? ¿Sus libros? ¿Sus investigaciones? Ante tal situación estamos viendo las posibilidades de captarlos para que dicten clases especiales o se divulguen sus estudios. Este proyecto no es a corto plazo, pero será una manera factible de sacar provecho a estos venezolanos que aun tienen mucho que ofrecer al país”.
Admitió que los profesores universitarios forman parte de una población muy compleja. El problema no es solo físico. Es decir, la alimentación, sino sicológico, por verse improductivos luego de tantos años de estudio y reconocimiento en años pasados.
Avanzando en la investigación se conocieron casos y situaciones muy difíciles de manejar. Por ejemplo, algunos profesores rechazan recibir alimentos donados que provienen de las bolsas que se reparten a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción, Clap.
García también recordó episodios que golpean el ánimo: un donante de alimentos llevó algunos paquetes de galletas de una marca muy reconocida. Un profesor tomó el paquete en sus manos y se puso a llorar, sin dejar de repetir: “Disculpa. Lo que pasa es que tenía mucho tiempo sin comer estas galletas, por su alto costo”.
En otra oportunidad atendieron a un docente, que decía tener problemas con la tensión, pero la realidad era que llevaba tres días sin comer.
“Igualmente hemos detectado casos de profesores que en el peor momento de sus crisis buscaron alimentos entre montones de basura. Eso es imperdonable”.
El directivo del Instituto de Previsión Social de los Profesores de la UCV reiteró que estos estudios son solo referidos a la población de esta casa de estudios, pero que en general son los mismos problemas que padecen actualmente la mayoría de los adultos mayores en el país.
“Los adultos mayores desde 2016 comenzaron a ser víctimas de muchos problemas causados por la inflación, el bajo monto de sus pensiones y salarios, la violencia y la diáspora, ya que sus familiares cercanos, hijos nietos, se van del país con la promesa de ayudarlos desde otras latitudes. Pero al llegar a otras naciones, la realidad es que estabilizarse no es tan fácil como les habían contado, y pueden pasar entre seis meses y un año para poder comenzar ayudar a sus familiares en Venezuela, pero en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, entre los escenarios más trágicos el fallecimiento del adulto mayor”, explicó.
Recordó que también son los adultos mayores quienes han resultado más perjudicados por la covid-19. El virus los ha obligado a cambiar su estilo de vida.
Indicó que en sus estudios también se refleja que los profesores eliminaron de su lista de compras el calzado, la ropa y las actividades recreativas. “Y de llegar a tener dinero disponible deben decidir en comprar alimentos o medicamentos. La mayoría de las veces optan por comida”, dijo.
De acuerdo con García, el profesor con la más alta jerarquía tiene un salario de 11 dólares que, por supuesto, no alcanza para hacer un mercado, pagar los servicios y adquirir medicamentos. Por ello, entre los años 2017 al 2019 se observó una importante deserción de las aulas. Los educadores se dedicaron a otras actividades o se marcharon del país en busca de mejores oportunidades en otras fronteras.
Manuel García sabe que en estos momentos este programa alimentario es necesario, “pero no debería de existir en un país como Venezuela, con tantas riquezas y donde se le debería asegurar una buena calidad de vida, no solo a los docentes, sino a toda la población”.
Dijo que hay otras universidades interesadas en conocer el programa para aplicarlo en esas casas de estudios.
Para este año, el equipo de trabajo de la UCV se propone afinar más el programa y llegar a más beneficiarios. Para ello esperan contar con el apoyo solidario de empresas y de todas las personas que quieran unirse a esta lucha. No solo por los profesores, sino por todos los adultos mayores.
La directora Joanna Nelson estrena su ópera prima "Hambre" en el Festival de Cine Latino de Chicago. La producción tiene como contexto una de las épocas más duras para los venezolanos, cuando no se conseguían alimentos en el país
Desde la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, proponen plan de emergencia para mejorar el sistema educativo, construir miles de escuelas, elevar salarios de los profesores y maestros e involucrar a toda la sociedad para enfrentar uno de los peores problemas que enfrenta hoy Venezuela.
En Caracas y en varias ciudades de todo el país los maestros, profesores y personal administrativo adscritos al ministerio de Educación salieron a la calle a manifestar por la firma de su contratación colectiva. Demandan un aumento del salario a $552 mensuales.
