Opinión

Puerto España insiste: No hay refugiados venezolanos

La devolución intempestiva desde Venezuela de 16 menores de edad a Trinidad y Tobago -previamente deportados de la isla-, para continuar un proceso judicial de migración, puede constituir un ilícito penado por las leyes internacionales de protección de menores. El analista Luis Fidhel plantea hasta qué punto los arreglos entre jefes de gobiernos pueden ignorar la tragedia de los refugiados venezolanos, la crisis humanitaria que arrasa al país y las verdaderas causas que la originan

balseros
Publicidad

Fue el entonces flamante embajador venezolano del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, quien en octubre de 2015 lamentó ante ese organismo que las crisis de refugiados que huyen de guerras en Oriente Medio y de difíciles situaciones en África no fueran abordadas en sus aspectos económico, social, cultural y religioso, sino que se pretendiera solucionarlas a partir de la fuerza y de acciones militares.

Ramírez criticó que la Unión Europea (UE) pueda intervenir militarmente en otros países, tal como ocurría en aguas territoriales de Libia, para detener los barcos con refugiados, sin saber que iban a hacer luego con estos. Tenían autorización para atacar los barcos, sin aparentemente tener en cuenta que con estas acciones el mayor perjudicado es el mismo refugiado, quien ya es una víctima.

Crisis humanitaria

En agosto de 2016, Ramírez cuestionaba las declaraciones del secretario general de la ONU Ban-ki moon, respecto a que en Venezuela existía una “crisis humanitaria” originada por la inestabilidad política en el país. La organización estaba dispuesta a ayudar a la mejora de la situación en Venezuela. Ramírez afirmaba desconocer de dónde sacaba el secretario general las cifras y en qué basaba sus aseveraciones, pues las oficinas de la ONU en Venezuela habían dicho que “eso no es verdad”, que la situación, si bien era difícil, no alcanzaba esa magnitud. Que no se equiparaba a las crisis de Yemen, Siria o Libia.

Reuniones entre Maduro y Rowley

En mayo de 2016, el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió en Puerto España con el primer ministro trinitario Keith Rowley. En agosto de 2018, en Caracas, ambos mandatarios firmarían un acuerdo de cooperación energética  para el desarrollo del gas en todas sus dimensiones, lo mismo que en el área petrolera. Maduro afirmaría: “Hemos acordado una inversión para el desarrollo del gas en todas sus dimensiones y en materia petrolera junto a Trinidad y Tobago”. Los acuerdos permitirían la generación de riqueza física y monetaria para ambas naciones, a partir de yacimientos gasíferos conjuntos.

En junio de 2017, Rowley pidió la salida del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su posición parcializada respecto a Venezuela, tal como lo reseñó el diario The Guardian. Ratificó la fuerte objeción de su país al comportamiento de Almagro por promover la intervención en los asuntos internos de Venezuela y cuestionar “de forma despectiva” la gestión del presidente Nicolás Maduro.

En octubre de 2019,  El primer ministro Rowley, como responsable de Asuntos de Seguridad en la Mancomunidad del Caribe (Caricom), expresó que los países de ese bloque regional rechazaban la postura de la OEA, favorable a una posible intervención armada en Venezuela. Los países de Caricom se expresaron en contra de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que podría contemplar el empleo de la fuerza para una eventual intervención militar hemisférica en Venezuela.

La diatriba Puerto España-Washington

El primer ministro de Trinidad y Tobago respondería a la declaración del embajador de EE UU en ese país, Joseph Mondello, relativa a la posición sobre Venezuela. El diplomático estadounidense calificó el reconocimiento de Puerto España al gobierno de Nicolás Maduro de «profundamente preocupante». Ello, porque se consideraba al gobierno venezolano como ilegitimo y antidemocrático. Reivindicaba Mondello que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional elegida democráticamente, tenían el pleno reconocimiento y el decidido apoyo de EE UU, así como de la mayoría de las democracias occidentales.

El primer ministro Rowley respondía a las críticas del embajador mediante una declaración pública. “Nosotros, bajo todo nuestro gobierno, hemos preservado la posición soberana del pueblo de Trinidad y Tobago”, acotaba.

En febrero de 2020, el gobierno de Trinidad y Tobago canceló el acuerdo con Venezuela para el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en un área de la frontera marítima, debido a las sanciones impuestas por EE UU contra la petrolera estatal venezolana, Pdvsa. El primer ministro de Trinidad y Tobago expresaría, en una conferencia de energía celebrada en Puerto España, que los dos países desarrollarían de forma independiente los 10,04 billones de pies cúbicos del campo Loran-Manatee. Las sanciones del gobierno de EE UU impiden a las empresas estadounidenses hacer negocios con Pdvsa.

«Somos una pequeña isla»

En abril de 2018, Keith Rowley informó que no permitiría que su país se convirtiera en un campo de refugiados. Aseguraba que se tergiversaron los hechos relacionados con la deportación de 82 venezolanos que habían ingresaron la isla. « (…) No somos China, Rusia o Estados Unidos, somos una pequeña isla. Tenemos espacio limitado para 1,3 millones de personas. Por lo tanto, no podemos y no permitiremos que los voceros de la Organización de Naciones Unidas nos conviertan en un campo de refugiados».

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) lamentó la deportación de esos 82 venezolanos desde Trinidad y Tobago, incluidos solicitantes de asilo y personas que se declaran refugiadas. «El retorno forzado de este grupo es de gran preocupación», ratificaba el alto comisionado adjunto para Protección, Volker Türk, señalando que las repatriaciones forzadas constituyen una violación de la ley internacional.

En precarias condiciones

Recordaba Türk que Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre los Refugiados de 1951. Por ello, está  obligada a cumplirla en lo que se refiere a la “no repatriación o expulsión”, conocida por «non refoulement». Esto es, personas que necesiten protección internacional, sin que se tenga en cuenta la forma en que entraron en el territorio.

Se argumentaba que, para octubre de 2019, más de 40.000 venezolanos se encontraban en Trinidad y Tobago, en su mayoría personas en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza. Aunque más de 7.000 habían solicitado asilo o estatus de refugiado, el gobierno solo otorgó 93 permisos de permanencia en la isla hasta esa fecha. El resto de la población migrante venezolana continuaría expuesta al arresto si trabajan sin permiso o no poseen la documentación pertinente. Las condiciones precarias en los centros de detención de migrantes se consideran una advertencia y una manera de contener e inhibir la migración venezolana hacia el vecino territorio.

La posición de Acnur

A los solicitantes de asilo y a las personas en condición de refugiados, según la Acnur, se les trata como “inmigrantes indocumentados” en Trinidad y Tobago. Terminan en el Centro de Detención de Inmigrantes, explotados por empleadores o “forzados a la ilegalidad” , según el Informe Internacional sobre Refugiados de enero de 2019. Los venezolanos que buscan protección estarían sujetos a los términos de la Ley de Inmigraciones de ese país, que establece que los migrantes indocumentados serán detenidos, multados y, muy probablemente, deportados.

Si bien Acnur reconoce el derecho soberano de los Estados a decidir qué medidas tomar para permitir el acceso a sus territorios, instaba a los países de la región a preservar el acceso al asilo y a fortalecer los mecanismos que permiten identificar a las personas que necesitan protección internacional.

Instaba respetuosamente a los Estados a mantener políticas de entrada flexibles, dado que muchas personas venezolanas enfrentan dificultades considerables para cumplir con los requisitos de entrada. Llamaban a regularizar y documentar a las personas refugiadas y migrantes venezolanos. También, a facilitar la reunificación familiar.

Los 16 menores de edad

El 22 de noviembre de 2020, las autoridades de Trinidad y Tobago embarcaron en dos balsas a  29 venezolanos detenidos en las costas de Chatham Beach, para deportarlos a Venezuela. Había entre ellos 16 niños -uno de apenas cuatro meses., sin sus padres, además de 9 mujeres. Sus abogados habían instaurado un habeas corpus para evitar su deportación, pero fueron expulsados antes de que se realizara la audiencia correspondiente.

Los medios de comunicación informaron que la deportación se hizo a través de vía marítima, en barcos artesanales de dudosa seguridad y sin las comodidades mínimas. También señalaron que no hubo custodia por las autoridades trinitarias  en el viaje, ni se coordinó con el gobierno venezolano la protección y el destino seguro de los connacionales.

Incluso, al parecer fueron particulares quienes organizaron el traslado y no hubo entes oficiales que aseguraran la protección de los deportados. Sin embargo, después de haberse preocupado sectores críticos sobre el destino de estos migrantes venezolanos, cuyo paradero fue desconocido por muchas horas, fueron hallados en algún sector del delta del Orinoco, en territorio venezolano, por particulares.

Traslado ilegal de menores venezolanos

A los migrantes, ya en territorio venezolano y bajo soberanía de su gobierno y de las leyes que protegen a menores de edad, se les devuelve a la isla en las mismas condiciones precarias, con el objeto de que continúe el proceso judicial migratorio iniciado en Trinidad.

No hubo ningún pronunciamiento del gobierno venezolano sobre el traslado de estos ciudadanos, que incluían niños, como tampoco de los correspondientes órganos de protección de menores en Venezuela ni de la Fiscalía General de la República. En Trinidad, estas personas continúan en las mismas condiciones precarias, recluidas en el  Centro de Detención de Inmigrantes.

Legislación venezolana

 La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 40, ampara a los menores de edad contra el traslado ilícito en territorio nacional o al extranjero. Venezuela es suscriptor del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores, al igual que lo es Trinidad y Tobago. El tratado entró en vigor el 25 de octubre de 1980.

Se entiende  por “supuesto de sustracción internacional” cuando un menor es trasladado ilegalmente a un país distinto a donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a persona o institución. La consecuencia es, en efecto, que el menor es sustraído del entorno familiar y social en el que se desarrolla su vida. Hipótesis similar establece la  Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

La incógnita es bajo qué argumento se efectuó el traslado de los menores venezolanos nuevamente a Trinidad, por requerimiento judicial de la isla, sin contar con la autorización de la autoridad venezolana con competencia en materia de menores. La legislación venezolana prohíbe la sustracción de menores de edad al extranjero. El hecho se agrava en atención a que el traslado lo realizaron particulares, sin aval o garantía oficial de ninguna de las dos naciones.

CIDH pide garantías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había exhortado al gobierno de Trinidad a garantizar el ingreso a su  territorio de venezolanos que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes. También, a respetar el “principio de no devolución”. Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que todos los refugiados y migrantes, independientemente de su estatus, tienen derecho a protección y a que sus derechos humanos sean preservados.

Rowley: La culpa es de la OEA

En una enérgica declaración, el primer ministro Rowley enfatizó en que su gobierno no estaba sorprendido por la situación migratoria, dado que la OEA, bajo la gestión de  su “equivocado secretario general”, Luis Almagro, ha sido casi el único responsable de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana.

Corteidh tratará casos de Venezuela, Argentina y Bolivia

«Prácticamente, le han declarado la guerra a Trinidad y Tobago, por la “temeridad” de no haberse unido a Elliot Abrams y al presidente (Donald) Trump para forzar un violento cambio de régimen en Venezuela. Trinidad y Tobago está actualmente en el ‘último asalto’, utilizando personas anónimas y sin rostro armadas con niños inocentes para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto internacional  de refugiado. Se espera que una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas pueda mantener las fronteras abiertas a un vecino de 34 millones de personas, incluso durante una pandemia”. Rowley, insiste en que“este es un problema no para la OEA, sino para el pueblo de Trinidad y Tobago”.

Añade Rowley que han “cerrado fronteras, incluso a nuestros propios ciudadanos, en la pandemia, y resistiríamos los esfuerzos de otros que están empeñados en forzar la apertura de nuestras fronteras, a través de la inmigración ilegal”.  El ministro de Seguridad trinitario, Stuart Young, declaró que  si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en “persona indeseable”, y deberá afrontar las consecuencias. A los venezolanos legales en la isla, si se descubre que ayudan a sus connacionales sin documentos se les revocará el permiso de residencia y serán deportados.

Publicidad
Publicidad