El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicó el informe “Situación de la Conflictividad Laboral en Venezuela 2018”, un análisis de lo que ocurre en el país respecto a la situación laboral con enfoque en los derechos humanos.
El año 2019 comenzó con 2.573 protestas, 64% caracterizadas por la exigencia de derechos humanos civiles y políticos. Solamente en el mes de enero se calcularon 689 protestas de trabajadores sindicales.
Pablo Zambrano, dirigente sindical, comentó que este año la lucha laborar se inclinará hacia el cambio gubernamental. “Con el actual gobierno no hay vuelta atrás, nos arrebató el salario y nunca escuchó. La lucha se enmarca en un cambio para que se respeten los derechos”, indicó.
Recientemente, los sectores de salud, petróleo, educación, empresas básicas, jubilados y pensionados, se reunieron con el presidente interino y de la Asamblea Nacional Juan Guaidó para establecer los planes de recuperación de las empresas e instalar una mesa de diálogo tripartita.
En 2018 se realizaron 5.735 protestas laborales por los derechos de los trabajadores, lo que los convirtió en la principal demanda del año pasado. Eso, aunado a la crisis económica, la violación de los derechos laborales, la inexperiencia de los contratos colectivos y pérdida del poder adquisitivo, se convirtieron en motivos de movilizaciones de carácter social, sin dejar atrás la toma de decretos económicos por parte del Ejecutivo para el momento, que ayudaron a llevar esta situación a los peores niveles de vivencia con salarios y condiciones de trabajo precarias.
En los primeros meses del 2019 todavía no se han tomado correctivos para proteger el salario de los trabajadores y ayudar a desacelerar la hiperinflación que se estima a que llegue a 10.000.000%.
Es por esto que el Observatorio de Conflictividad Social realizó una revisión de lo que está ocurriendo con el sector laboral del país además de oír de primera mano las experiencias de los empleados en Venezuela y propone soluciones a la crisis que atraviesa el sector productivo.
Desde hace tres años se desconocen las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, y desde el 2017 los precios de los productos subieron rápidamente, redujeron cualquier salario y contrato colectivo. Actualmente, no importa el cargo que ocupe, la remuneración no permite cubrir las necesidades básicas.
La Asamblea Nacional, registró una inflación anual de 1.698.488%.
“Las proyecciones sugieren una reducción del PIB real de 18% en 2018 y de 5% en 2019, provocada por el desplome de la producción de petróleo y la inestabilidad política y social”, dijo el Fondo Monetario Internacional 2018.
La organización prevé una contracción del PIB, entre los años 2013 y 2023, cercana a 60%.
La última publicación oficial sobre las cifras de desempleo que suministró el Instituto Nacional de Estadística, fue realizado en el 2016.
En ese año, la organización indicó que el país contaba con una población económicamente activa integrada por 14.124.319 personas y 1.035.238 personas estaban desempleadas, es decir la tasa de desempleo estaba ubicada en 7,3%.
En el año 2018, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) reveló que la tasa de desempleo llegó a 10%, los más jóvenes fue el grupo más afectado por esta situación.
La empresa privada es la que siempre ha liderado las fuentes de empleo en este país, detallando que 79% de los venezolanos se desempeñaban en el sector privado.
Sin embargo, estas cifras han sufrido variaciones a través de los años. En 2018, la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), reveló que unas 700 industrias cerraron sus puertas, como consecuencia hubo menos oportunidades de trabajo.
“El sector manufacturero, otro ejemplo de constancia, desarrollo e innovación en nuestro continente, ha visto mermada su actividad, en cifras realmente alarmantes. Solo permanece activo 20% de su capacidad y las expectativas de cierre de un mayor número de empresas, son muy altas. Se prevé que continúe el deterioro”, destacó Conindustria.
Por otra parte, los servicios y comercios que reemplazaron a los servicios productivos como manufactura, agricultura y construcción, también son víctimas de la crisis.
“Para los trabajadores fue un año negro, no solamente por la pérdida del poder adquisitivo del salario sino por la pérdida absoluta de empleo”, indicó Maryolga Girán, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria.
La administración pública no se queda atrás. Marlene Sinfontes, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), explicó que 1.500 puestos de trabajo han sido abandonados, cifra que pudiese incrementarse este año.
El desempleo juvenil pasa por uno de sus periodos más hostiles y el crecimiento profesional en Venezuela es escaso. La Encuesta de Condiciones de Vida 2018 documentó que los jóvenes son los más afectados al momento de insertarse en el mundo laboral, mientras que sus posibilidades han sido reducidas con la imposibilidad de conseguir un empleo estable en el país.
Las empresas se limitan a no contratar personal nuevo y a dejar vacantes cubiertas por el personal ya contratado.
Las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro, como el plan “Chamba Juvenil”, quienes fueron contratados por determinado tiempo para restaurar las obras públicas en Venezuela, no dan coto a la problemática.
“Los trabajadores tomaron la lucha en las calles en 2018 porque los salarios eran insuficientes. Los petroleros eran privilegiados, ahora no. El hambre y la necesidad de comida llevan a los trabajadores a las calles a pedir protección del salario, sobre todo los del sector público” indicó Miguel Ángel Hernández, experto en materia laboral.
En años anteriores las protestas siempre estuvieron presentes. Sin embargo, no fue hasta que las enfermeras tomaron las calles a mediados del año pasado para protestar en contra de las terribles condiciones y el pésimo salario que recibían.
“Cada día se reciben 20 renuncias, porque el salario que nos pagan no es suficiente para cubrir las necesidades de nuestra familia”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital.
También trabajadores del sector educativo han mantenido manifestaciones en las calles, recurriendo a las convocatorias y al paro de actividades.
La posición de estos dos sectores repercutió para que el resto del movimiento obrero, como empresas públicas, transportistas, petroleros, eléctricos y telecomunicaciones, entre otros, se sumara a esta manifestación para exigir condiciones estables de trabajo.
El personal jubilado y pensionado también se ha visto afectado por la desmejora de sus derechos, al carecer de un pago de beneficios para cubrir sus necesidades de alimentos y salud.
Hasta la fecha no se han generado más protestas laborales, pero los trabajadores buscan mecanismo para seguir de pie y buscar la solución a la crisis.
Para este año estaba prevista la visita de una representación de la Organización Internacional del Trabajo, como parte de la Comisión de Encuesta para evaluar las condiciones laborales en el país. Sin embargo quedó desplazada por las condiciones de inseguridad en el país.
La Constitución venezolana exige que todo trabajador tenga derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales; no obstante, a pesar del último incremento del salario mínimo de 4.500 bolívares a 18.000 bolívares, lo que representa 6 dólares y 18 centavos diarios, los trabajadores venezolanos no pueden cubrir lo mínimo para sobrevivir su día a día.
“Los trabajadores y la población en general permanecen en estado de conmoción, al sufrir diariamente la precariedad de un salario que solo alcanza para la subsistencia de una comida diaria y la impotencia ante una inflación también devastadora de las remesas”, comentó José Bodas, trabajador del sector petrolero.
Hoy en día una familia necesita más de diez salarios mínimos de 18.000 bolívares para adquirir la canasta básica alimentaria. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), resaltó que se necesitan bs 105.043 para cubrir los costos.
Según la Encovi, 94% de la población venezolana no contaba con los ingresos suficientes para subsistir, y en su mayoría dependía de los planes del Estado.
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