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1972: Conflicto diplomático argentino-chileno

En el pragmatismo del “pluralismo ideológico” Argentina y Chile buscaron un acercamiento a pesar de las diferencias respectivas. La “masacre de Trelew” en agosto de 1972 puso a prueba esta relación en una coyuntura de crisis política y económica grave de ambas naciones

1972: Conflicto diplomático argentino-chileno

“Revolución Argentina” se autodenominó a la dictadura cívico-militar que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia por un golpe de Estado el 28 de junio de 1966. Respaldado por liberales, nacionalistas, católicos, sindicatos y mayoría de partidos políticos a excepción del peronismo que estaba proscrito. En su momento tuvo apoyo popular. Juan Domingo Perón exiliado en Madrid manifestó que el gobierno militar, surgido del golpe había expresado propósitos “muy acordes” con los que venían propugnando desde hacía más de 20 años. “Si estos propósitos se cumplen, tenemos la obligación de apoyarlos”.

Se ha interpretado que el respaldo inicial dado al golpe de estado manifestó el poco compromiso con la democracia civil liberal y apología al militarismo. Observando la conspiración como una “intervención revolucionaria” le daba legitimidad frente a un gobierno que no conducía al país a un destino de grandeza.

Los militares proponían un proyecto modernizador liberal aunado a un nacionalismo de talante autoritario o reaccionario como lo calificaban medios críticos de la época. El gobierno reclamó la autonomía de la Fuerzas Armadas, sustento final de la Revolución Argentina, mientras ignoraba las fuerzas sociopolíticas del país. Pretendió abolir la política para reorganizar la sociedad.

La revolución argentina

No se presentó a sí misma «provisional» como en todos los golpes anteriores; pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial de tipo permanente luego asociado al concepto de Estado burocrático autoritario (EBA).

La alta conflictividad política y social generada por este régimen incluyó fuga de cerebros, insurrecciones, aparición de organizaciones guerrilleras. Las luchas internas que produjeron dos golpes palaciegos. Se sucedieron en el poder tres presidentes militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).

El país se rigió por el Estatuto de la Revolución Argentina, colocado al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional. Se eliminaba la división de poderes como estaba prevista. Los poderes ejecutivos y legislativo se concentraban en el presidente; facultado para nombrar gobernadores. Los nuevos jueces designados para la Corte Suprema debían jurar priorizar sus disposiciones por sobre la Constitución.

Poderes constituyentes

Bajo la premisa del control autoritario, la Junta se auto designó poderes constituyentes. Las expectativas de un prolongado gobierno de los militares estaban reflejadas en una de las consignas: «la Revolución argentina tiene objetivos, pero no plazos». Se prohibieron los partidos políticos, todo tipo de participación política por la ciudadanía; rigió en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron cortados derechos civiles, sociales y políticos.

El Estado burocrático-autoritario (EBA) se caracteriza por anular los mecanismos políticos y democráticos para restablecer un determinado orden social y económico alterado como resultado de una considerable organización autónoma de la población y en especial de los trabajadores. El concepto formulado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en 1975, ​a partir del análisis de las dictaduras militares instaladas en el cono sur.

Gobierno de Ongania

Los grandes temas expone el gobierno de Ongania son: la sociedad jerárquica, el desprecio a la democracia liberal resumido en la crítica a la partidocracia, la defensa de la tradición católica e hispánica, el lugar destacado que debía jugar Argentina en el orden internacional y participación directa de los «factores de poder» en el gobierno. Recubrió su desprecio de la política con un lenguaje tecnocrático que pretendió innovador para el espíritu de los tiempos de aquella época.

Se promete una política liberal, con énfasis en la libertad de los consumidores, la estabilidad de la moneda, el equilibrio fiscal y definición del rol del Estado como complementario de la empresa privada; reflejando la orientación monetarista que tendría la economía en el nuevo gobierno. Promete superar “el país de las vacas y el trigo”.

La seguridad nacional

La Ley 16.970, de octubre de 1966, de Defensa Nacional tuvo por objetivo lograr y mantener la Seguridad Nacional necesaria para el desarrollo de las actividades del país, en procura de sus objetivos nacionales. Se basaba en el principio que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba de la sociedad. Para lograrlo era menester el control militar del Estado.

Es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por los militares.

La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales. El respeto a la Constitución se subordinaría a la defensa del modo de vida occidental y cristiano.

Anticomunismo

Ubicó como principal enemigo al comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representado regionalmente por la Revolución cubana; considerando que los EEUU le correspondían combatir a estas amenazas. Los Estados latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, materializado en supuestos agentes locales del comunismo: las guerrillas o cualquier persona, grupo o institución que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares.

Difirió de la tesis brasileña pues en política continental no aceptó los esquemas supranacionales impulsados por EEUU que coartaran la autonomía para el desarrollo, como tampoco en política interna nunca desapareció la tesis de la unión de las Fuerzas Armadas y el pueblo, concepción organicista que tenía tradición en la Argentina.

Fronteras ideológicas

Se le atribuye a Ongania el haber elaborado el concepto de “fronteras ideológicas” y exponerla en 1965, durante la V Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos en la Academia West Point, cuando discriminó dos tipos de naciones: las que apoyan los valores occidentales y cristianos, y las que quieren destruir el orden basado en ellos.

Este concepto redefinía el nacionalismo en una perspectiva que trascendía lo territorial, para considerar a la nación como «un conjunto de valores, creencias, instituciones y religión», tanto como el territorio, debían ser defendidas por las Fuerzas Armadas. Los militares argentinos sostenían desempeñar un papel clave en la lucha contra el comunismo. Se propuso al gobierno militar brasileño de la época una alianza combativa de ambos ejércitos, ante el común problema de la subversión, la guerrilla y comunismo.

Represión

La represión durante el gobierno de Ongania fue de consideración; siendo responsable de la denominada «noche de los bastones largos», cuando la policía entró a caballo en las universidades, golpeó y detuvo a cientos de estudiantes y profesores.

La intervención posterior impulsó el primer exilio masivo de intelectuales, científicos y artistas. La dictadura se caracterizó por el cierre de los canales de participación, la censura, la proscripción de la actividad política y la extranjerización de la economía nacional.

El cordobazo

Un estallido social en la provincia de Córdoba en mayo de 1969, convergieron por primera vez las movilizaciones conjuntas de obreros y estudiantes, inicio el fin del gobierno de Ongania.

El Cordobazo, reprimido por el Ejército tras dos días de lucha en las calles, derivó en el reemplazo del gobierno y una transición política que inició el general Roberto Levingston y, de inmediato, la continuó el general Alejandro Lanusse; obligándolo a negociar la celebración de un proceso electoral.

Lanusse

El 26 de marzo de 1971, el general Alejandro Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable e ingobernabilidad. La violencia guerrillera, el descontento popular, Perón y el justicialismo hacían difícil de sostener la continuidad del gobierno militar.

Evaluó que la solución a los conflictos pasaba por terminar con 18 años de proscripción del peronismo y decretar una apertura política. Hizo entrega del cadáver de Eva Duarte al general Perón; fijo fecha para las elecciones y prometía un gabinete de “unidad y conciliación nacional” para aplacar la agitación y protestas en su país.

Se producen relevos inesperados de altos oficiales de la Marina mostrando la inconformidad en las fuerzas armadas con la política de rehabilitación del peronismo emprendida. No se descartó nuevas insurgencias de otras fuerzas que podrían torpedear la vuelta a la Constitucionalidad y retorno al peronismo; siendo la Marina el componente armado que protagonizó el golpe de Estado contra Perón. El proceso de normalización parecía ir con suma lentitud y numerosos riesgos.

Acuerdo Nacional

El Ministro del Interior Arturo Mor Roig trató de avanzar hacia la normalización eliminando la Ley anticomunista implementada por el ex presidente Ongania. Insistía en la necesidad de eliminar toda discriminación ideológica en la política argentina. Los tribunales de la República insistieron en su vigencia. Sectores poderosos dentro de las fuerzas armadas no permitían maniobrar a Lanusse ni con comunistas ni peronistas.

Se derogo la Ley N° 18.975, que prohibía las actividades de los partidos políticos, con la devolución de los bienes a los partidos. Se impulsó la creación de la Cámara Nacional Electoral y sancionó el Código Electoral que incluyó la convocatoria a elecciones generales para el 11 de marzo de 1973. Se propuso el Gran Acuerdo Nacional, basado en el proyecto “La Hora del Pueblo” buscó el diálogo y salida electoral al gobierno militar.

Pluralismo ideológico

Se relativizó la concepción de “fronteras ideológicas” e inició una serie de nuevas políticas incluían la “apertura hacia el este”. Destaca el reforzamiento de la relaciones con el gobierno socialista de Salvador Allende llegó al poder en 1970, por una alianza de partidos de izquierda. El acercamiento al Pacto Andino como estrategia de integración regional.

Se proclamó el Pluralismo Ideológico bajo la hipótesis que la Coexistencia Pacífica favorecida por el desarrollo nuclear de los Estados Unidos y la Unión Soviética; había abierto un periodo donde ambas potencias debían ser cautelosas y prudentes en sus confrontaciones.

Reunión Allende Lanusse

En agosto de 1971, en Salta, República Argentina; Salvador Allende se entrevista con Lanusse. Además de los acuerdos que llegaron en esa reunión, proclamaron el respeto al “pluralismo democrático” en la comunidad internacional y los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos esenciales en el mantenimiento de las buenas relaciones entre los estados. Se interpretó como un triunfo para Allende quien había buscado obtener respaldo internacional para el experimento socialista dentro de las normas legales de Chile.

Se apoya a la ALALC y al CECLA, coincidencia con la tesis de las 200 millas marítimas, intensificación de intercambios económicos y satisfacción por el sometimiento al arbitraje del problema fronterizo del canal de Beagle. Se haría la propuesta de “policentrismo y variedad ideológica” contrario a la tesis brasileña de “fronteras ideológicas”. Argentina votaría por el ingreso de China Popular y expulsión de Taiwán en la ONU.

En octubre de 1971, realizó una gira por los países andinos visitando Perú de Velasco Alvarado y Chile de Salvador Allende; identificados por su adscripción ideológica, “nacionalista” o “socialista” según el caso, como la importancia que tuvieron la “cooperación” y “autodeterminación” como conceptos fundamentales de la articulación discursiva de los tres mandatarios.

Tesis Brasileña

Lanusse había quebrado la “línea político-militar” impulsada hasta el momento, que había tenido entre sus objetivos principales la conformación junto a Brasil de un “bloque atlántico de derecha” que enfrentara el “giro izquierdista” que estaba produciéndose en el Pacífico.

Brasil proclamaba para el momento principios de política exterior más acorde con la OEA y aspiraciones de futura potencia latinoamericana. Señalaba las ventajas de emprender Argentina un proceso de integración con el bloque andino, conformado por países con una estructura económica diferente a la brasileña.

Sucesos de Rawson

Los sucesos acaecidos en el penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, de donde se fugaron 25, guerrilleros de diferentes grupos subversivos; de los cuales solo 6 lograron escapar vía aérea por el secuestro de un avión de la línea comercial argentina Austral hacia Chile. Los guerrilleros lograron aterrizar en el aeropuerto al Aeropuerto Internacional de Santiago o de Pudahuel.

Conforme al escritor Tomas Eloy Martínez, antes de entregarse, los guerrilleros rezagados lograron convocar a una conferencia de prensa en la confitería del aeropuerto, explicando los motivos de sus acciones. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la circunstancia para hacer ostentación del supuesto buen trato a los prisioneros recapturados, con fotografías incluidas que los muestran en perfecto estado de salud y, algunos de ellos, incluso sonrientes.

Solicitud de extradición

Inmediatamente el gobierno argentino a través de la embajada en Santiago solicitó la detención preventiva de los guerrilleros huidos, para su extradición, de aquellos procesados por delitos comunes, comprometiéndose a presentar los antecedentes necesarios para que la justicia se pronunciara, como lo requirió el gobierno chileno.

En un primer momento Allende ratificaría que el Congreso chileno había ratificado un convenio que sanciona la piratería aérea y obliga a poner a disposición de la justicia a quienes han cometido ese delito. Si el gobierno argentino solicita la extradición sería también la justicia la que determinaría, teniendo los guerrilleros todos los derechos para ser defendidos ante el tribunal y tener los abogados que deseen.- Entrevista. Clarín. 18-08-1972-.

Fusilamiento Trelew

Los restantes guerrilleros que no lograron huir los trasladaron a la base aeronaval Almirante Zar. Luego de una semana, el 22 de agosto, fueron sacados de sus celdas y fusilados conforme a la versión no oficial de tres guerrilleros sobrevivientes; en tanto la oficial justifican las muertes en virtud de un nuevo intento de fuga.

No se estableció si los fusilamientos respondieron a una orden del gobierno del General Lanusse o fue decisión unilateral de los altos mandos de la Marina.

Crisis en Argentina

El gobierno militar argentino sancionó esa misma noche la ley 19.797, que prohibía la difusión de informaciones sobre o de organizaciones guerrilleras, intentando acallar todo tipo de información que contradiga la versión oficial difundida por el jefe del Estado Mayor conjunto.

Las organizaciones peronistas, socialistas, comunistas, la Unión Cívica Radical, el ministro del interior Arturo Mor Roig, condenaron los hechos y pidieron su esclarecimiento. En días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades. Más de sesenta bombas fueron colocadas en protesta por la matanza.

Perón calificó las muertes de “asesinatos” y la Confederación General de Trabajadores declaró un paro activo de catorce horas. El gobierno prohibió velar en público a los guerrilleros. La crisis económica se acentuaba más la fuga de dvisas.

Viraje del Gobierno Chileno

Cuando transcendió los fusilamientos de los guerrilleros una semana después; la coyuntura política cambió para el presidente Allende haciendo la decisión más difícil. Los partidos de Izquierda chilenos en una polarización con los sectores de derecha; exigieron y presionaron al gobierno a través de movilizaciones otorgar asilo o salvoconducto.

Criticaron duramente por tener una actitud “oportunista y vacilante” no solo inconsecuente con la tradición de prestar asilo, sino con la conducta que debe observar un gobierno revolucionario. No fue posible a Allende abordar el tratamiento del caso por la justicia; siendo superado por la presión interna, decidió trasladarlo al Ministerio del Interior.

Allende en plena crisis interna se vio obligado a declarar el estado de emergencia en Santiago por los desordenes públicos bajo excusa de escases de alimentos. Inclusive la apelación a las fuerzas armadas molestaría a la oposición, particularmente socialcristianos que acusaron indebidamente de utilizar al Ejército.

Asilo

Se ordenó que se permitiera a los guerrilleros argentinos tomar un avión rumbo a Cuba, optando por el descontento del gobierno vecino en virtud de la crisis interna con los partidos de la Unidad Popular y sectores extremistas que proclaman mayor dureza.

El ministro de relaciones exteriores de la época José​ Clodomiro Almeyda Medina comunicó que de los antecedentes emanados de las autoridades argentinas y los recogidos por el gobierno chileno, aparecen datos que permitían dudas razonables que los delitos atribuidos a las personas afectadas podrían ser calificados de comunes, y por el contrario, el gobierno de Chile apreciaba la existencia de hechos constitutivos de delitos políticos de otros conexos con los mismos.

Considerando la “tradición inalterable” que Chile mantiene respecto al Derecho de Asilo, se acordó conceder el mismo; aclarando que había resuelto que los asilados políticos abandonen el “territorio nacional dentro del más breve plazo”.

Reacción argentina

El gobierno de argentino expresó su profundo descontento a la decisión del presidente Allende de enviar a Cuba a los subversivos y no devolverlos a la Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina Eduardo Francisco Mc Loughlin señaló que había causado profundo desagrado el proceder del gobierno chileno, pues en la historia de “nuestras relaciones” se habían atendido estrictamente al cumplimiento de los tratados vigentes. Se invocó la Convención sobre Extradición de Montevideo, del 26 de diciembre de 1933.

Como protesta a la decisión chilena, el gobierno argentino solo se limitó a retirar al embajador en Santiago.