El informe hecho por el Instituto Casla, que dirige la abogada venezolana Tamara Suju, señala la utilización de la tortura y la represión como instrumento de presión y control social, además describe algunos de los métodos empleados por los perpetradores.
Asesinato, tortura y violencia son algunas de las formas que, según el Instituto Casla, con las que Hugo Chávez y Nicolás Maduro consolidaron su control sobre la población y el aparato armado del país.
El grupo que dirige la abogado Tamara Suju presentó su informe «2018: La implementación de un sistema torturador». En él detalla malos tratos y uso de violencia contra los ciudadanos.
En especial resaltan la supremacía del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para apuntalar su gobierno.
“El Sebin y el Dgcim son poderosos instrumentos de inteligencia levantados con asesoría cubana, son quienes encabezaron en el 2018, la represión, detenciones arbitrarias y torturas. A estos dos organismos de inteligencia, se suman las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; los colectivos armados que participan en las detenciones y primeras torturas infligidas contra las víctimas; y por primera vez existen testimonios de la intervención de agentes externos”, indica el informe.
El informe resalta el cambio del grupo perpetrador de la tortura. En los 79 casos de 2017 más de 75% de estos crímenes los perpetró la Guardia Nacional Bolivariana (39,4% de los casos); la Policía Nacional Bolivariana (9,8%); las Policías Regionales (18,9%); y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (9,5%). El resto de las acciones las hicieron el Dgcim (8,3%); Ejército (5%); Ministerio de Asuntos Penintenciaros (3,7%); Sebin (3,7%); y Cicpc (0,8%).
De los 106 casos documentados en 2018 el organismo que más crímenes de esta naturaleza cometió fue el Dgcim con 68% de las torturas, el Sebin, el FAES y los colectivos todos con 8,6% de los casos y agentes externos –grupos extranjeros- con 6,2%.
El texto señala que muchos otros casos no han sido reportados por temor de las víctimas, muchos de ellos han tenido que abandonar el país junto a sus familias, por temor a nuevas acciones represivas del gobierno, por lo que se esperan sean más los afectados por estas prácticas ilegales.
Otro aspecto a destacar es el aumento de los casos de violencia sexual. En 2017 tres personas, agresores que trabajaban para cuerpos de seguridad del Estado violaron a dos hombres y una mujer. En 2018 los casos se duplicaron. Los crímenes los cometieron en centros de detención y lugares clandestinos, lo que implica también la desaparición forzada temporal.
El informe manifiesta que la implantación del llamado «sistema torturador» en el país depende de una cadena de mando. “Todas sus Instituciones se han hecho parte importante para que ello ocurra. El Poder Ejecutivo, es quien da la orden de reprimir y perseguir a través de sus dos organismos de inteligencia, el Sebin y el Dgcim, adscritos a la Vicepresidencia de la República, y quienes este año 2018, tuvieron el mayor protagonismo en la ejecución de la Tortura”.
El Instituto Casla destaca al Consejo Moral Republicano integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, como instituciones coaptadas que lejos de cumplir con sus funciones son meras herramientas del Ejecutivo, junto al “Sistema de Justicia” venezolano, para cumplir sus órdenes persigue a la disidencia, y omite las denuncias de Crímenes de Lesa Humanidad y fomenta la impunidad por la falta de castigo ante la comisión de estos crímenes.
El texto nombra a responsables directos de la cadena de mando desde el jefe de gobierno Nicolás Maduro, así como los vicepresidentes Delcy Rodríguez y su sucesor Tareck El Aissami.
Según Casla, la vicepresidencia era el organismo directamente al mando de los cuerpos de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los órganos de Inteligencia, Sebin y Dgcim, que en la mayoría de los casos fueron denunciados, por persecución, detención arbitraria, desaparición forzada y torturas de oficiales y civiles.
El reporte solicita que la Corte Penal Internacional investigue a otras personas en la cadena de mando a quienes se les señala como responsables por estos crímenes de lesa humanidad: el general de División Manuel Cristopher Figuera, director del Sebin y anteriormente sudirector del Dgcim y director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria; general de Brigada de la Guardia Nacional, Ramón Balza Liotta, Jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística.
Casla también señala al coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la Dgcim; coronel Carlos Enrique Terán Hurtado, director del Dgcim en el estado Táchira; el capitán de Fragata de la Armada Abel Reinaldo Angola García, jefe de Investigaciones penales del Dgcim; y el mayor de la Guardia Nacional Alexander Gramcko Arteaga, director de Asuntos Especiales del Dgcim.
En total desde 2013 se han documentado 536 casos de torturas. Según la institución entre 2013 a 2017, de las 430 personas torturadas 404 eran civiles y 26 provienen de la Fuerza Armada Nacional. Mientras que en los testimonios de 2018, de los 106 torturados 65 personas son militares y 41 civiles. Lo que demuestra el temor a la rebelión o conspiración, un elemento que no se había registrado previamente. 
Por otra parte Casla describe las prácticas más reiteradas entre las víctimas y como a través de ellas se busca infligir la mayor cantidad de dolor y daño a las personas.
«Se somete a la víctima al dolor extremo prorrogado por días, sin descanso, sin liberar el dolor en el sitio aplicado, a través de colgamientos por ejemplo, o la atadura de manos en la espalda con tiras plásticas que cortan la circulación, ocasionan adormecimiento e inmovilidad de los dedos por semanas y dejan profundas huellas».
Otro método recurrente que se menciona es el uso de las descargas eléctricas debajo de las así como la utilización de objetos transmisores como metales, que ocasiona que las uñas se revienten debido a la fuerza de la descarga.
También se emplean navajas y hojillas para cortar las plantas de los pies, torcerles las piernas, tobillos o brazos hasta dislocar el hueso del miembro torcido. Los agresores se les montan encima para dejarlos sin aire y luego asfixiarlos con bolsas plásticas.
Respecto a la tortura sexual a hombres está el del capitán Juan Carlos Caguaripano a quien le desprendieron un testículo por golpes y descargas eléctricas a su región genital. 
«Afinaron los métodos utilizados con el fin de causar más dolor o sufrimiento prolongado y permanente, incluyendo marcas de la tortura de por vida”.
Entre las prácticas frecuentes empleadas por el Dgcim está mantener a las personas maltratadas con esposas en las manos detrás de la espalda por una semana, sentados en una silla, sin acceso a un baño y les ofrecen comida por dos minutos o se la tiran al piso para que coman del suelo. “En su mayoría, todos los detenidos en esta policía de inteligencia, han bajado alrededor de 15 a 20 kilogramos de peso corporal”.
Estas personas, explica el instituto, pierden movilidad en los brazos, e incluso pierden la sensibilidad por un tiempo considerable. Los dolores musculares para devolverle la postura normal a ambos brazos persisten por días.
Otra práctica, es la ya conocida y denunciada tortura blanca y aislamiento prolongado, sin luz ni ventilación natural y con luz blanca las 24 horas del día.
Las víctimas quedan totalmente desorientadas de la noción de tiempo y el consecuente insomnio, sin saber si han dormido 10 minutos o varias horas, además de ocasionarles gran irritabilidad y sequedad en los ojos, enrojecimiento, dolor, y a partir del quinto día graves problemas de tensión.
Ya es tristemente conocida la llamada “Jaula de los Locos” ubicada en los sótanos del Dgcim.
Una celda para la tortura blanca, por la que han pasado la mayoría de los oficiales de altos cargos que están detenidos en esa División de Inteligencia Militar.
Otras técnicas de tortura son las golpizas de un lado de la cabeza para causar traumatismos y sorderas temporales.
A todas las víctimas se les amenaza con infligirles dolor, tortura, desaparición, secuestro y muerte de sus seres queridos.
“Algunos, que también son parte de la denuncia, aún los intimidan los organismos de seguridad en sus residencias o lugares de trabajo, los someten a cautelares con privaciones de la libertad de tránsito y de opinión, que le impiden llevar una vida normal o conseguir un trabajo digno”.
Sujú solicitó a la Corte Penal Internacional se contemple la posibilidad de conformar una “misión en el terreno” en Venezuela, mientras trascurre el Examen Preliminar, con el fin de que la Corte realice las consultas necesarias con las autoridades competentes y las partes interesadas.
La petición responde a la repetición del crimen de la tortura. Sus víctimas siguen sometidas a este crimen, a pesar de tener medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la opinión del Grupo Contra la Detención Arbitraria del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
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