24 de noviembre de 1948: Contradicción en la oposición

Entre los justificativos del golpe estuvo la belicosidad de la fracción extremista de AD y maniobras para dominar a las Fuerzas Armadas

El criterio del liderazgo político-civil de la época en relación al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Rómulo Gallegos fue polémico. Según Jorge Olavarría, los líderes de COPEI, Rafael Caldera y URD, Jovito Villalba, expresaron satisfacción y justificaron el derrocamiento por el silencio guardado ante los acontecimientos,  pues consideraron interpretar el sentimiento general contra el extremismo oficial de Acción Democrática / Por Luis E. Fidhel.

La presidencia de Rómulo Gallegos fue el resultado del proceso constituyente iniciado a partir del derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945, así como del consenso entre líderes civiles relacionados a Acción Democrática y un grupo de jóvenes militares. Entre sus justificaciones destacó implementar la elección universal, directa y secreta para los cargos de representación política (particularmente la Presidencia de la República) en contraposición a las de segundo grado o indirectas que el post-gomecismo –López Contreras y Medina – se negó a reformar.

Rómulo Betancourt consideró los gobiernos de López y Medina como la continuación de la “autocracia gomecista” y su estructura económico-social, por lo que debían ser superados por un hecho “revolucionario”.

Betancourt calificaba al gobierno de López como nacido de un “acto de imposición autocrática” y el de Medina por “autócrata liberal”. El derrocamiento de Medina se consideró un hecho “revolucionario y justificable” por los liderazgos políticos civiles de la época, entre elloso AD, Copei y su fundador, Rafael Caldera. En relación a Villalba, su posición resultó ambigua.

Antecedentes

Las relaciones entre civiles y militares desde el inicio de la constitución de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Betancourt no fueron pacíficas. Marcos Pérez Jiménez, líder principal del movimiento militar octubrist,a no firmó el acta constitutiva de la Junta al darse cuenta del sectarismo de Betancourt. Incluso señaló que la integración cívico – militar fue una idea propia “… en la cual estuvieran representados lo más granado de la representación de los venezolanos”. Ocupando la Jefatura del Estado Mayor, denunciaría su paulatino marginamiento por medio de comisiones en el exterior.

El ascenso al poder a través del golpe de estado y entrega a los civiles fue inédito para una época en la que las reformas sociales profundas y reivindicatorias en América Latina corrieron a cargo de militares, como fue el caso del peronismo en Argentina,  considerado país de “primer mundo” y “europeo”.

El “trienio adeco” significó el primer intento de la élite civil de consolidar un “sistema político de partido” en la coyuntura constitucional socialdemócrata, con el apoyo de una estructura militar que evolucionaba o abandonaba los parámetros prusianos del ejército “gomecista” para reflejar al modelo hegemónico norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial.

La Junta Revolucionaria de Gobierno

El carácter “revolucionario” de la Junta de Gobierno de 1945 originó el “radicalismo” en su actuación política. Betancourt, bajo el slogan del “partido del pueblo” –Acción Democrática -, llevó una política de no consenso con los sectores opositores o disidentes bajo el esquema de desconocimiento del pasado propio de estos procesos; fundamentándose en la convocatoria y triunfos electorales, mantuvo una movilización permanente de la militancia e incluso se planteó que ésta estuviera armada.

Se evidenció la reacción en contra las reformas sociales, principalmente en el laboral, agrario y pedagógico – concepción del Estado Docente, de Luis Beltrán Prieto Figueroa – por parte de las nacientes clase media y alta originadas en el gomecismo, producto del nuevo esquema económico petrolero y que sería el posterior apoyo del partido Social Cristiano COPEI y Rafael Caldera; mas el discurso y actitudes “populista” que conlleva.

Se desarrollan los acontecimientos

En su toma de posesión del gobierno en febrero de 1948, el presidente Rómulo Gallegos aseveró: “Yo quiero ser el presidente de la concordia”. Sin duda constituyó un hecho democrático de alternabilidad y promesa de “volver nuestro ejército a sus cuarteles”. También devela la desconfianza o cautela de los civiles hacia los militares asumiéndose contenedores de las tendencias populistas tenidas por regreso a la barbarie.

Desde el primer momento, Gallegos pareció apoyar la estabilidad de su gobierno en el Ministro de Guerra y Marina Carlos Delgado Chalbaud quien había compartido con éste en su exilio en Barcelona – España mientras el último realizaba estudios en Europa. El mandatario lo consideraba de su confianza y llegó a desplazar o poner en segundo plano el apoyo político de AD, lo que supuso el distanciamiento con Betancourt.

Demandas

Los militares demandaban apartar la influencia de Betancourt del gobierno debido a su identificación antiimperialista, incluso comunista, así como desvincular a AD de la función gubernamental mediante una reestructuración del Ejecutivo por figuras independientes. Gallegos inició un proceso de negociación con los militares, el cual perdió y contribuyó  a desmovilizar a las masas que se mostraron aparentemente radicales.

Se afirma que estos requerimientos fueron exigidos por un sector militar denominado Organización Militar Anticomunista (OMA) de cuyas actividades se conocen poco.

También se sostiene que en 1948, las “relaciones personales entre Rómulo Gallegos – presidente de la República – y Rómulo Betancourt – presidente de AD- estaban rotas”.

El golpe

El apoyo militar entró en crisis con el sector civil formalmente en el “poder”, por lo que sobrevino un régimen corporativo militar concretado en Noviembre de 1948 y consolidado a partir de la Constitución de 1953, lo que supuso la eliminación en la práctica de los mecanismos de participación a través de los partidos políticos mediante prohibición tácita.

Entre los justificativos estuvo a la belicosidad con que actuaba la fracción extremista de AD incitando a las masas a alterar el orden público y maniobras para dominar las Fuerzas Armadas; también se le criticó a Gallegos  que su condición de “excelente literato y novelista” no lo hacía apto para dirigir los destinos de la Nación al considerarlo fantaseador y creador de imágenes en abstracto, ya que  «hay que tener conocimientos adecuados y ser un hombre muy pragmático”.

Por Decreto Ejecutivo inmediatamente se ilegalizó a AD, calificada por la oficialidad como “marxista blanca”. La Junta Militar consideraba al golpe de Estado de 194  el rescate y continuidad del proceso político iniciado en octubre de 1945 y corrompido por AD. Se interpretó este acontecimiento como una respuesta al sectarismo del “proyecto revolucionario” de 1945 – golpe de estado preventivo- a pesar  de que la elección de Gallegos resultó una línea moderada en relación a Betancourt.

Reacciones

La Junta de gobierno fue presidida por el ex-ministro de defensa de Gallegos, Carlos Delgado Chalbaud, y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez.

Seria polémica causó la actitud mostrada por Copei y Rafael Caldera, pues se interpretó como apoyo y justificación al golpe contra Gallegos. Menciona cumplido el hecho militar de rescatar el mando de las manos sectarias y hegemónicas de AD. Reiteraba Caldera que en la delicada situación desarrollada a través de los últimos acontecimientos era indudable consecuencia del cumulo de errores e injusticias cometidas por AD. La respuesta fue para cada queja un nuevo atropello y el Presidente no quiso o no supo asumir su responsabilidad histórica prefiriendo subordinarla a conveniencias partidistas.

En igual sintonía se pronunciaron URD y Jóvito Villalba al mencionar que a través de tres procesos electorales, los dirigentes de AD usaron y abusaron de los resortes del poder para inclinar en su provecho la balanza electoral, y ello en un país como Venezuela, donde toda la vida de la nación depende casi por entero de la renta fiscal.

Caldera y Villalba formaron parte de la Comisión creada por la Junta Militar que se encargaría de redactar el nuevo estatuto para llamar a un próximo proceso electoral en su carácter de primer y segundo vicepresidente. La Junta reiteró su carácter provisional. Con el magnicidio de Delgado Chalbaud en 1950, las promesas de provisionalidad se esfumaron. Esta actitud se interpretó como pragmática por parte de ambos partidos, quienes esperaban participar en las elecciones prometidas tras la ilegalización de AD.

Consecuencias

Rómulo Betancourt criticó duramente a URD, COPEI y facciones del PCV por “conferenciar” con la Junta Militar. Reiterando que no hubo protestas de los partidos opositores de AD por la “deposición violenta” del Presidente constitucional, ni por clausura del Congreso libremente elegido, en el cual los lideres de esos partidos ocupaban curules de senadores o diputados como algunas de estas organizaciones políticas al formular declaraciones públicas se cuidaron de no condenar la “cuartelada”.

Prefirieron enderezar su crítica hacia la colectividad política – refiriéndose a AD- que contribuyo a crear un clima democrático donde pudieron nacer y funcionar libremente; error que no cabe silenciar por respeto a la “verdad histórica”, refiere Betancourt.

Ilegalizaciones

La disolución e ilegalización de AD por la Junta Militar forzó a declarar el 8 de diciembre de 1948 que el partido iniciaba una labor política de carácter clandestino encaminada a organizar la “vanguardia combativa” del pueblo para recuperar las libertades públicas y el “régimen de soberanía política” usurpado entrando en una etapa de sacrificios y organizada resistencia. El partido fue duramente reprimido por el régimen, lo que derivó en asesinatos como los de los dirigentes Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevalli y Antonio Pinto Salinas y trajo la práctica disolución y fracaso de la actividad clandestina.

Consolidado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y excluido prácticamente el liderazgo civil de la política y partidos políticos, Betancourt hizo un llamado a la “unidad”: «Estamos convencidos de la posibilidad de estabilizar en nuestro país gobiernos de derecho nacidos del sufragio libremente emitido, si en futuro se aplica, por los partidos nacionales – Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, Copei – y los que pudieran fundarse en porvenir , así como por los demás sectores organizados de la colectividad, “una política por lo menos no tan suicidas como la seguimos en el pasado”. En lo que respecta a AD «hemos analizado nuestros propios errores y los ajenos, y por lo que nos corresponde estamos plenamente seguros, de no reincidir en ellos».