Por lo menos 4.911 personas fueron asesinadas en los últimos siete años en la frontera entre Colombia y Venezuela. En la zona se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales, según un informe presentado en Bogotá por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Por lo menos 4.911 personas fueron asesinadas en los últimos siete años en la frontera entre Colombia y Venezuela. En la zona se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales, según un informe presentado en Bogotá por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según el estudio «Sin Dios ni Ley. Análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana», analizó el periodo comprendido entre 2012 y 2019. El estudio constató 378 asesinatos de migrantes venezolanos entre 2017 y 2019.
«La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país», señala el documento.
El informe señala que 71 niños, niñas y adolescentes se vincularon a algún grupo armado ilegal. Se expulsó forzosamente a 71.561 personas y secuestraron a 203.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros. El margen abarca desde el desértico norte de ambos países hasta las selvas del sur.
Desde hace décadas transitan por ella contrabandistas de gasolina y mercancías y traficantes de drogas y armas. Las autoridades no pueden controlar los pasos ilegales. La situación se agravó con la ruptura de relaciones diplomáticas hace casi un año por Nicolás Maduro.
El informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tras la desmovilización de las FARC quedó como el mayor grupo guerrillero de Colombia.
«Estructuras como las del ELN y los Grupos Armados PostFarc (GAPF) pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos fronterizos. Se concentran especialmente en los de Norte de Santander, Arauca y Vichada», precisa el documento.
Entre la múltiple presencia criminal también hay 13 grupos de alcance regional como el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el gobierno de Colombia como una banda criminal, al igual que Los Rastrojos o el Clan del Golfo, y disidentes de las FARC.
En la frontera se mueven además 14 organizaciones criminales transnacionales como los pranes (líderes de bandas operadas desde cárceles venezolanas) y el Cartel de Sinaloa».
Un alerta similar dio el 22 de enero la organización Human Rights Watch (HRW). La organización aseguró que los habitantes de la frontera están bajo control de grupos ilegales que operan con descaro e impunidad.
En el informe titulado «Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure», se documentan crímenes cometidos por el ELN, una disidencia de las FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
El informe de Pares señala que hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales que generan violencia y desplazamiento de comunidades.
«Por ejemplo, una disputa de carácter regional que involucra al ELN y al EPL en Norte de Santander en dos zonas: el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta», la capital regional, aunque en esta última hay otros actores que intervienen, dice Pares.
La región del Catatumbo, una de las más convulsas de Colombia, está conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica y en ella los grupos armados ilegales se disputan el territorio para controlar la cadena del narcotráfico.
Como muestra de su poder en la zona el ELN anunció en el Catatumbo que del 14 al 17 de este mes hará «paro armado».
Añade el informe que en esa guerra sin cuartel. «El ELN se alió con una serie de colectivos venezolanos y el EPL se unió con el Clan del Golfo y bandas locales para resistir la ofensiva del ELN».
El documento advierte: «hay espacios en una tensa calma pero se prevén disputas en los próximos meses porque los diferentes grupos surgidos tras la desmovilización de las FARC, como las disidencias, se están reagrupando en al menos tres organizaciones de tipo regional y la disputa es inminente».
Esto, porque las disidencias se han agrupado en torno a varios jefes de esa antigua guerrilla. Uno de ellos es Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», quien fue número dos de las FARC y encabezó el equipo negociador en los diálogos de paz con el Gobierno.
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