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51% de homicidios en Caracas son cometidos por fuerzas de seguridad

Monitor de Víctimas, observatorio independiente que estudia casos y verifica estadísticas de homicidios en Caracas, señaló que la mitad de los caraqueños que murieron en los primeros tres meses de 2019 fueron asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado y que las víctimas fallecieron por ejecuciones extrajudiciales

51% de homicidios en Caracas son cometidos por fuerzas de seguridad

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a cifra es similar a la de 2018, en la que se reportó que solo en Caracas 50% de los homicidios se ejecutaron por cuerpos de seguridad.

En los últimos años, Venezuela ha sucumbido al uso ilegal de la fuerza letal por parte de funcionarios del orden público. La gran mayoría de los casos no son investigados al presumir que los asesinatos ocurrieron en contextos que los hacen legítimos, como operativos contra supuestos criminales, aunque existen evidencias y reportes de funcionarios que siembran armas para cometer los crímenes.

Incluso se plantea como una política de Estado contra disidentes y adversarios en una suerte de control social.

El uso generalizado de la fuerza letal y armas de fuego por los agentes de la ley ha llevado a una serie de abusos, pues muchas veces se emplean de forma indiscriminada y aun cuando no hay un contexto apropiado para el uso de armas mortales. Estas acciones incrementan la desconfianza ciudadana hacia los cuerpos de seguridad, y conllevan al aumento de la violencia y por supuesto de decesos.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) reveló en un informe de 2017 que 50% de la población venezolana calificó de «mala» o «muy mala» la gestión de los guardias nacionales y policías, y 65% optó por no denunciar delitos o agresiones de funcionarios por miedo a represalias y desconfianza en el sistema de justicia, que se caracteriza por permitir la impunidad.

Según leyes internacionales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas, la fuerza letal debe emplearse de manera excepcional siempre que se desarrollen dentro del marco de los derechos humanos y los principios de la legalidad.

Más ejecuciones extrajudiciales en la región

La investigación realizada por el Monitor de Fuerza Letal hizo un estudio comparativo en varios países de la región entre los que están Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. El documento señala que Venezuela es el país con mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales en la región y le sigue El Salvador.

«En Venezuela, el número absoluto de personas muertas por el Estado es incluso superior a Brasil, a pesar de contar con una población – en términos absolutos – casi siete veces menor. La tasa supera los 15 civiles muertos por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayoría del mundo», explica la ONG.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró durante su visita a Venezuela en junio de 2019 que las autoridades clasifican los homicidios resultantes de las operaciones policiales como resistencia a la autoridad. «El gobierno de Maduro registró 1.569 muertes por resistencia a la autoridad entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019 , mientras que la ONG Observatorio Venezolano de Violencia totalizó en el mismo tiempo 2.124 víctimas».

A diferencia del porcentaje publicado por el Monitor de Víctimas, las cifras dictadas por Bachelet corresponden a todo el país.

Los testigos que se reunieron con la Alta Comisionada Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmaron que las FAES manipula la escena del crimen, planta armas, drogas y disparan sus armas contra las paredes o en el aire para aparentar un supuesto enfrentamiento y justificar el uso de la fuerza letal. Muchos de los allegados a las víctimas e incluso a dichas fuerzas de seguridad describen las acciones de los grupos como propias de «escuadrones de la muerte» o «grupos de exterminios».

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana permite la fuerza mortal solo para la defensa de la vida del policía, un tercero o no exista otra posibilidad de usar medios no letales. Sin embargo, y a pesar, de que en Venezuela existen leyes en consonancia con las ordenanzas internacionales, no existe una institución gubernamental confiable que informe, investigue y regule adecuadamente su ejecución.

Recomendaciones

El Monitor Fuerza Letal, junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Fundación Ideas para la Paz, aconseja que cada vez se use la violencia y resulte en víctimas se denuncie ante instituciones no gubernamentales o, por lo menos, a otras unidades distintas a aquellas que participaron en la acción, para garantizar la independencia y la transparencia en la investigación.

El Estado, por su parte, debe crear mecanismos que aseguren el adecuado monitoreo y adiestramiento de las funciones de seguridad para minimizar el uso de la fuerza, así como el implemento de armamentos que incluyan opciones que no sean leatales.

«Los funcionarios sospechosos de participar en ejecuciones por uso de la fuerza letal deben ser retirados temporalmente de sus funciones, sin que esto suponga cualquier medida punitiva hasta que se determine su responsabilidad. Las posibles victimas, sus familiares y testigos deben recibir la protección del Estado, y en los casos en que se compruebe el delito, deben recibir una compensación adecuada», asegura la ONG. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas exige que el Estado debe recuperar la confianza de los civiles en las autoridades e instituciones judiciales a través de procesos que den garantía de la imparcialidad en el debido proceso, además de disolver las FAES y establecer operativos, con ayuda de la comunidad internacional, para que los acusados de ejecuciones extralegales rindan cuentas. 

Registro de fuerza letal en América Latina

Monitor Fuerza Letal denunció que los gobiernos y la sociedad civil en algunos países de América Latina exceden los límites de los estándares aceptados.

«El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado (25%). El Salvador también supera el límite de 10% asociado al abuso de la fuerza. Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7.3%). Sólo Colombia revela valores reducidos (1.5%)».

Monitor de Fuerza Letal menciona que El Salvador totaliza 6 civiles muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que Brasil contabiliza 2 por cada 100.000. Colombia tiene cifras menores a 1 por cada 100.000. Los datos de México no presentan una evaluación precisa debido a que los registros oficiales no son públicos. Las posiciones se repiten si se analiza la tasa de civiles muertos por cada 1.000 agentes del Estado.

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