Solamente durante la jornada de la marcha convocada por líderes de la oposición para el 23 de enero, 696 personas fueron detenidas. Ese número representó el “mayor número de arrestos en un día desde 1999”, según uno de los directores de Foro Penal, Alfredo Romero.
La organización ofreció un balance exacto respecto a los adolescentes detenidos y contabilizó un total de 77, también desde su cuenta de Twitter se pueden sumar los datos que han compartido al respecto: 5 menores de edad arrestados en Puerto Ayacucho, 11 en Yaracuy y 3 en Zulia, en este caso en libertad pero con medidas cautelares. El número de muertes, por otro lado, se ubica en 35 desde el 22 de enero, según Provea.
El pasado 24 de enero, vecinos del sector 6 de Petare denunciaron que grupos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entraron al barrio José Félix Ribas en busca de quienes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad el día anterior. El periodista Román Camacho escribió en Twitter que un fallecido quedó como resultado del despliegue y El Estímulo confirmó a través de fuentes cercanas del Hospital Domingo Luciani que ingresaron a la emergencia tres personas por heridas de bala y perecieron en la madrugada.
Para la activista de la ONG Provea, Inti Rodríguez la FAES es “un grupo de exterminio” que opera con abierta impunidad en Venezuela. El grupo tomó fama desde la masacre de El Junquito en donde el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Penales (Cicpc), Óscar Pérez fue asesinado a manos del escuadrón policial.
“No se trata de una policía cualquiera, por eso son llamados fuerzas especiales. Tienen un entrenamiento diferente. Ellos operan en conjunto con grupos parapoliciales y eso se evidenció con el operativo que acabó con Óscar Pérez y su grupo”, aseguró.
Rodríguez afirmó a El Estímulo que las FAES sustituyeron a la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en las acciones para controlar la delincuencia con métodos más brutales que esas redadas policiales y militares desplegadas entre 2015 y 2016 y según contabilizaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) entre julio de 2015 y junio de 2017 son al menos 560 personas asesinadas durante sus operaciones.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui afirmó en una rueda de prensa que este “no es un ente policial entrenado para el uso proporcionado de la fuerza sino que su lógica es el ataque letal, tomar un sector y dar de baja a una serie de individuos”. También contó que familiares de las víctimas se han visto obligados a aceptar que su familiar murió en un enfrentamiento. “Se omite la participación del Faes y los familiares deben aceptar que su familiar murió asesinada por un enfrentamiento”, dijo.
A José Gregorio Blanco le mataron a su hijo el 23 de febrero de 2018 durante un presunto enfrentamiento con este cuerpo en el sector de La Vega al oeste de Caracas. Los hombres con armas largas y vestimenta negra le dijeron “somos la luz” antes de liquidar a Gregory Blanco. A José lo trasladaron a un sector de El Paraíso y para cuando regresó a su casa, su hijo Gregory yacía muerto en el piso con un tiro en el pecho. “Fue un ajusticiamiento, luego dicen que fue durante un enfrentamiento”, denunció entonces el padre.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, aseguró que los atropellos cometidos por este escuadrón con el aval del gobierno de Nicolás Maduro.
“Las denuncias de la actuación arbitraria son cada vez más frecuentes y entre más atropellos perpetra parecen más satisfechos en el alto gobierno que se encarga de aupar y felicitar su actuación. Al FAES lo han transformado en un grupo exterminio“, escribió Alvarado en un reciente artículo de opinión llamado “De la reforma policial a las OLP y las FAES”.]]>
