El estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro el viernes y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (N° 6.227) de este lunes, pone en manos de los Consejos Comunales y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el orden público y la soberanía del país.
El decreto otorga, según el apartado 11 del artículo 2, plenas facultades a los llamados CLAPs (los comités creados por el Ejecutivo para distribuir en ventas directas bolsas de comida con alimentos regulados) para organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, consejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.
Los CLAPs que fueron creados por el Ejecutivo a principios de abril de este año, tienen como función original, según Maduro, transformar el sistema de distribución de productos básicos, sobre todo de alimentos, apoyándose en las organizaciones del poder popular, pero ahora se encargarán del “orden público”, como si fuesen policías.
Además de los Consejos Comunales, los CLAPs están compuestas por las UBCH (Las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, UBCh, estructura del PSUV) así como el Frente Francisco de Miranda, organización social que tiene la intención de profundizar los proyectos y las misiones del chavismo.
La nueva labor de los CLAPs recuerda a los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba, sistema vecinal que vigila a los disidentes del gobierno y se encarga de averiguar la procedencia de los bienes de las familias.
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En los últimos dos días se han reportado apagones de varias horas en todo el país. Entre las zonas más afectadas está la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo y varias comunidades merideñas
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
