El gobierno del presidente Nicolás Maduro instó el jueves al presidente Barack Obama a que no firme el ejecútese del proyecto de ley aprobado por la cámara baja del congreso estadounidense para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a un grupo de prominentes funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico.
«Exigimos al presidente Barack Hussein Obama respetar el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como una vez más le instamos a no promulgar esta ley que va en contra del sistema multilateral», dijo la cancillería venezolana en un comunicado.
Añadió que «rechaza categóricamente» la aprobación por el congreso estadounidense «de la extensión de las sanciones unilaterales, ilegales y violatorias del Derecho Internacional, que los Estados Unidos de América mantiene sobre nuestro país».
La cámara baja aprobó el miércoles por unanimidad un proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.
El Senado decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que la legislación será remitida ahora a la Casa Blanca para que el presidente Barack Obama firme el ejecútese.
Washington ha congelado activos en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos en el marco de la ley sancionada en 2014 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2016.
Pero el grupo de sancionados es más amplio. Se trata de una lista elaborada por el Departamento del Tesoro de EEUU, que incluye a gobernadores de estados venezolanos, al menos una vice ministra y militares hoy retirados, en el mismo saco donde hay reseñados notorios narcotraficantes y guerrilleros colombianos.
La congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, ambos republicanos de Florida que propulsaron la ley en 2014, exhortaron en la víspera al presidente Obama a sancionar aún más funcionarios venezolanos.
«Como el pueblo venezolano no tiene libertad, protesta por la falta de comida y cosas necesarias, y vive en una economía que se sigue deteriorando, tenemos que seguir presionando a los opresores mediante congelar activos y prohibir las visas de los violadores de derechos humanos que forman parte del régimen de Maduro», dijo Ros-Lehtinen refiriéndose al mandatario venezolano.
Maduro repudió en abril la legislación, a la que caracterizó como «un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista».
El Senado estadounidense decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que la legislación será remitida ahora a la Casa Blanca para que Obama firme el ejecútese.
En el comunicado, el gobierno de Maduro una vez más pidió a Obama «derogar» la acción ejecutiva, que renovó en marzo, que declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
El escrito destacó que el propio gobernante estadounidense «ha reconocido públicamente que Venezuela no representa ninguna amenaza a los Estados Unidos».
«La imposición de sanciones unilaterales sobre Venezuela evidencia el doble discurso del gobierno estadounidense, que por un lado dice estar a favor de un diálogo en Venezuela, y al mismo tiempo, con este gesto político, alienta a que sectores históricamente antidemocráticos y violentos de la oposición, continúen saboteando los intentos por mantener la paz y el respeto al orden constitucional venezolano», agregó el comunicado.
A pesar de las fricciones, y a estar sin embajadores desde 2010, ambos países mantienen un intenso intercambio comercial.
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