Expropiación a empresas de alimentos: depredación gubernamental

Hace poco más de un mes los dueños del Grupo San Simón volvieron a sus oficinas. Su ausencia no fue voluntaria: una investigación penal los apartó durante casi cuatro años de la producción de leche, carne, pastas y camarones —rubros de sus fábricas y estanterías. En ese lapso, sus negocios quedaron en manos del Gobierno. Como ha sucedido con otra gran cantidad de casos, la gestión pública dejó unos resultados nefastos, unas empresas desnutridas y exangües.

La historia comenzó en abril de 2012, cuando un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana visitó la sede de Lácteos y Cárnicos San Simón, en la Zona Industrial de Maracaibo, estado Zulia. La inspección se tradujo en una acusación: se determinó que, supuestamente, la empresa había cometido delitos de contrabando y obtención ilegítima de divisas. Días después, 200 militares tomaron las instalaciones de varias empresas del grupo. Y ese fue el comienzo del declive.

Wilmer José Pérez Llavaneras, propietario y accionista de la compañía zuliana, lo contó así en noviembre de 2013 cuando interpuso una acción de amparo, tal como se lee en la decisión 336-13 de la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del estado Zulia. El texto señala que en mayo de 2012, antes de la toma militar, se ordenó el bloqueo de cuentas, la prohibición de enajenar bienes y otras medidas contra Lácteos y Cárnicos San Simón y Negocios San Simón, además de cinco personas vinculadas con estas empresas familiares. El Estado también nombró una junta administradora que más tarde no sólo estaría encargada de gestionar esas dos empresas, sino también el Frigorífico Industrial Sur del Lago, Inversiones El Palmeral, Agrodirecto, Inversiones San Simón y otras compañías asociadas al grupo.

En total, de acuerdo con los dueños, estas empresas tenían una participación de 15% en la producción nacional de leche, 12% en la de carne y 52% en la de aceite crudo de palma, además de las líneas de pastas y camarones. En los años de la junta administradora —concretamente en noviembre de 2013, cuando Pérez Llavaneras interpuso la acción de amparo— se contabilizaban pérdidas por 150 millones de bolívares y una baja producción: en lugar de las 5.500 toneladas de alimentos que se producían mensualmente, se estaba alcanzando una cifra menor a 1.000 toneladas.

En enero de 2016, el presidente fundador del grupo, Wilmer Pérez Carroz, escribió un comunicado, que se publicó en los medios de comunicación, en el que señalaba que la junta administradora ya no trabajaría más en sus empresas. Grupo San Simón volvería a manos de sus propios dueños, pues el Ministerio Público determinó a finales de 2015 que no habían cometido ningún delito —la medida fue ratificada a principios de 2016 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Zulia. Los propietarios, entonces, debían volver a tomar las riendas.

Ahora, ¿es la primera vez que ocurre la restitución a sus dueños de una empresa intervenida por el Gobierno? Luis Alfonso Herrera Orellana, investigador del Observatorio de la Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, señala que no es correcto ver el caso de esa manera, pues no hubo expropiación ni intervención administrativa. “Lo que entiendo que ocurrió es que la medida de aseguramiento de bienes provenientes o usados para cometer delitos —que presumo que se dictó con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo— fue revocada por el tribunal, a petición de la Fiscalía y, por lo tanto, cesaron sus efectos. En este sentido, no hubo ‘devolución’ del Gobierno. Se trató de un acto del Poder Judicial”, explica.

De todos modos, lo que sí es evidente es que la ausencia de los dueños dejó unos resultados deplorables: a principios de año, de acuerdo con el comunicado de Pérez Carroz, se estaba produciendo apenas 10% de la capacidad instalada. Se trata de una mala noticia para un país que padece el desabastecimiento. Un ejemplo: en 2014 la escasez de leche en polvo se ubicó en 83%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, citados en un estudio de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Ciertamente, no puede decirse que lo que sucedió con San Simón trajo esa consecuencia, pero sí es ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una empresa deja de ser administrada por sus propietarios.

El caso de Lácteos Los Andes, que para 2010 tenía 40% de la participación en el mercado venezolano de leche pasteurizada, también es ilustrativo de esta idea: fue nacionalizada en 2008 y ahora sus resultados distan de ser positivos. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación correspondiente a 2015, en 2010 la empresa tuvo una producción de 313.234 toneladas; en 2015, la cifra se ubicó en 260.450 toneladas, lo que equivale a una reducción de 16,8% en un período de 5 años. Un artículo publicado en febrero de 2016 por el Observatorio de Derechos de Propiedad señala que este rubro se vio seriamente afectado por esa medida y también por la regulación de precios.

Por supuesto, este no es el único caso. Desde 2005 se aceleró el proceso de intervención gubernamental. De hecho, de acuerdo con el Observatorio de la Propiedad, entre ese año y 2014 hubo 2.740 violaciones a la propiedad privada, entre intervenciones, expropiaciones, ocupaciones temporales y otras medidas. En los últimos años, además, si bien se redujo el número de expropiaciones, aumentaron considerablemente las ocupaciones de empresas, inmuebles y terrenos: pasaron de 12 en el año 2012 a 147 en 2015. Lo mismo sucedió con las intervenciones; en 2012 se registraron seis de estos procedimientos, mientras que en 2015 la cifra se ubicó en 72.

De este total, el sector de alimentos ha sido uno de los afectados. Otro informe del Observatorio de la Propiedad, con datos estadísticos de 2005 a 2011, señala que 26% de las violaciones a la propiedad privada durante ese periodo correspondieron al área agroindustrial y de la alimentación. A eso habría que sumar que el Estado tiene el control de 291 empresas ligadas a la producción, distribución y comercialización de alimentos —de acuerdo con la Gaceta Oficial 40.690—, en un país en el que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, a finales de 2015 se registró una escasez de 34,5%.

Las complejidades de una expropiación

El caso de San Simón es muy distinto al de otras empresas. Herrera señala que realmente no conoce ninguna restitución de bienes expropiados que, como explica, realmente han sido vías de hecho porque no se ha respetado la propiedad privada ni el debido proceso. “Sólo conozco el ejemplo de Baterías Duncan, una empresa a la que el antiguo Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios —Indepabis— dictó una medida administrativa de intervención, que no es igual a la expropiación, y después de un tiempo la dejaron sin efecto”, explica.

En cuanto a las expropiaciones —que el Gobierno denomina como “adquisiciones forzosas”— hay innumerables ejemplos de arbitrariedades. De hecho, entre 2005 y 2014, de acuerdo con el Observatorio de la Propiedad, se contabilizaron 1.317 empresas expropiadas, principalmente en el sector de la construcción, seguido por el industrial. Uno de los casos más emblemáticos es el de Fama de América, que fue expropiada el 10 de noviembre de 2009, a través del decreto publicado en la Gaceta Oficial 39.303. El Estado no sólo tomó posesión de los bienes, sino también de la marca comercial. Anabella Abadi, economista y analista de la consultora ODHGC, señala que la decisión de expropiar la marca es histórica. “No queda claro cómo eso puede ser de utilidad pública, cómo eso puede servir para seguir produciendo café. Quedó en evidencia que no se siguieron criterios técnicos, sino políticos”, contó.

De todos modos, hasta el momento, no ha habido indemnización. De hecho, justo por esa razón, la empresa holandesa Longreef Investments, inversionista de Fama de América, presentó en 2011 el caso ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del que Venezuela se retiró en 2012. Pese a eso, el procedimiento continúa: en enero de este año, la Procuraduría General de la República estaba a la espera del laudo arbitral del tribunal, que evalúa el reclamo de pago de más de 500 millones de dólares a la compañía demandante.

Mientras tanto, el país sufre por la escasez del café, un rubro que es dominado en 80% por el Estado, de acuerdo con datos de Fedecámaras de 2014. El bajo rendimiento de la gestión pública se evidencia en las cifras oficiales: las Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras indican que entre 2013 y 2015 la producción total se redujo en 36,8%. En julio de 2015 hubo necesidad de importar 27.600 toneladas de café de Brasil y Nicaragua.

Parte de la responsabilidad de esa merma recae en Fama de América, una de las 10 instalaciones de producción de café en manos del Gobierno, tal como indica Fedecámaras. En abril de 2015, el representante del sindicato de trabajadores de Fama de América, Gary Becerra, dijo a un medio oficial que la empresa estaba envasando 1,1 millones de kilos de café al mes, cuando la capacidad instalada era de 2,1 millones de kilos. Gustavo Martínez, extrabajador de la empresa e integrante de Marea Socialista, es aún más radical: asegura que las tres torrefactoras principales —Fama de América, Café Madrid o Empresa Nacional del Café y Café Venezuela— están prácticamente paralizadas.

Esa fue una de las denuncias que, de acuerdo con Martínez, desencadenaron su despido en enero de 2016, después de 15 años de labores en la empresa. Además de eso, él y otros trabajadores manifestaron su desacuerdo por el maltrato que la Corporación Venezolana del Café le daba a los pequeños productores, y pidieron explicaciones por las importaciones del producto, la escasez en los anaqueles, la corrupción dentro de la organización. Si bien él había apoyado en su momento la expropiación de la compañía, vio cómo los resultados fueron completamente diferentes a los que esperaba. “Los trabajadores queríamos avanzar, y el Gobierno quería controlar. Te lo refiero de esa manera porque no es un caso aislado de Fama de América, así están todas las empresas a escala nacional. Hay dirigentes y trabajadores despedidos, encarcelados, perseguidos porque han entrado en disputa con la burocracia, que es la responsable del enorme fracaso en el que se encuentran las empresas”, se lamenta.

A juicio de Abadi, el desplome de las compañías expropiadas o intervenidas por el Gobierno se debe a varios factores. Primero, que muchos de los productos no tienen metas de sustentabilidad en el tiempo, pues existe una alta dependencia de la administración central. A eso habría que agregar los problemas que se experimentan en un país en crisis: falta de divisas, inflación, entre otros. Y, agrega, en muchos de estos procesos los trabajadores más calificados abandonan las empresas, lo que se traduce en una pérdida de las mejores prácticas.

Herrera añade a la lista la falta de control administrativo, judicial y legislativo. “Por último, el Gobierno usa las empresas estatales como instrumentos para el populismo, la demagogia y el clientelismo electoral”, explica y asegura que, salvo excepciones del pasado como el Metro de Caracas, en el fondo la verdadera finalidad de estos procedimientos es esa distribución de beneficios entre partidarios políticos.

La recuperación

Tanto Abadi como Herrera dicen que la recuperación de estas empresas expropiadas —ya no solo en el sector de la alimentación, sino en todos los demás— depende de cada caso concreto: habría que evaluar, por ejemplo, la gravedad de los daños y, entre otras cosas, las razones que condujeron al fracaso. Es decir, se debe hacer un diagnóstico particular para encontrar los remedios.

Gustavo Martínez, extrabajador de Fama de América, señala que para que una empresa tenga verdadero éxito debe abandonar la burocracia, venga de donde venga, y centrarse en lo realmente importante: los trabajadores. “Apostamos por el surgimiento de ese tercer actor político, con los trabajadores como principales protagonistas, para impulsar y hacer auditorías, que se rindan cuentas al país”, señala. Herrera apunta que para que haya un reimpulso de las actividades de las empresas, las condiciones económicas deben mejorar –el acceso a las materias primas, por ejemplo– y se deben dejar de lado los instrumentos legales que amparan la violación a la propiedad privada y a la libertad económica.

Ya en lo más concreto, el también profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela propone una serie de medidas que están apuntadas en el anteproyecto de Ley de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada, escrito por él y presentado por el diputado Luis Stefanelli en la Asamblea Nacional a principios de marzo. Por ejemplo, se debe reconocer que existen unas víctimas y evaluar los daños para saber cuánto costaría su reparación. Más adelante, si las víctimas lo requieren y es posible, se debe restituir la propiedad. También hay que considerar el pago con varios mecanismos, como dinero, bonos, créditos, adjudicación de contratos y otros. En todo caso, lo más importante es la voluntad. “Como son miles de casos de violaciones a la propiedad, si la restitución de este derecho constitucional no se asume como política de Estado por los poderes públicos, no será posible la recuperación de las empresas tomadas delictivamente por el Gobierno”, asegura. Mientras tanto, la ineficiencia se sigue devorando a estas empresas, que después de años de expropiación no cumplen su cometido.

Fuente: Memoria y Cuenta Ministerio de Agricultura y Tierras