Venezuela

En América y en Europa rechazan "Golpe Judicial"

Gobiernos de algunos países han reaccionado ante la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que decidió asumir las competencias del Parlamento.

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Foto: JUAN BARRETO | AFP

El primer Gobierno en pronunciarse públicamente fue Perú. Su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, condenó “la ruptura de la democracia en Venezuela” e informó que retira “de manera definitiva” a su embajador en el país.

El comunicado de la Cancillería peruana indicó que el país ha iniciado consultas con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana “se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional. Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano”.

Un aliado del chavismo, el presidente de Bolivia Evo Morales, expresó su “solidaridad y apoyo incondicional” a su colega Nicolás Maduro, al considerar que existe un ataque contra Venezuela que busca generar distorsión en nuestro país.
Desde España, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, consideró que “se rompe la democracia” en Venezuela, al alertar que existe una ruptura en la división de poderes.

Por su parte, la Unión Europea pidió un «calendario electoral claro» y llamó a «respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros».

«Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución», señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Desde Brasil, el gobierno de Michel Temer consideró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias del como una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo.

«El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional», asegura un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos expresó su «profunda preocupación» por la decisión del TSJ.

Así lo aseguró la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien señaló a periodistas que su país expresa «su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo» y destacó «la importancia del respeto por la separación de poderes».

La jefa de la diplomacia colombiana aseguró que «es importante, urgente que en una tregua los venezolanos se sienten a resolver este problema que está llevando al país a una crisis muy grande» en lo social, en lo político y en lo económico.

Holguín, que se reunió en Bogotá con su colega mexicano, Luis Videgaray, abogó porque en Venezuela haya «unos poderes públicos fuertes independientes» para fortalecer la democracia y añadió que el Gobierno colombiano expedirá más tarde un comunicado al respecto.

El gobierno de México, en un comunicado, reafirmó “su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales”.

Aseguró que la medida tomada por el TSJ atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes.

«México reitera lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo, suscrita junto con otros países de la región, así como su llamado a que mediante el diálogo se avance en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas”.

Por su parte, Argentina vio “con gran preocupación la reciente decisión del TSJ” y reivindicó “la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas”.

Asimismo, acotó que considera “el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis”.

“Reafirmando lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo que Argentina suscribiera junto a otros estados de la región, reitera que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta el hermano pueblo venezolano e insta a su Gobierno a retomar dicho diálogo con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

El gobierno de Chile también expresó hoy su «más alta preocupación» por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela,.

«En nombre del Gobierno de Chile expreso nuestra más alta preocupación por el agravamiento de la situación venezolana», declaró hoy desde Lisboa el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

«Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante», agregó el canciller, quien se encuentra en la capital de Portugal acompañando a la presidenta Michelle Bachelet, en una visita de Estado.

«Quisiera reafirmar lo expresado por los veinte países de la OEA (Organización de Estados Americanos) hace poco más de 24 horas», agregó Heraldo Muñoz.

Ante lo sucedido en el país, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a consultas al embajador de ese país en Venezuela, Pedro Ramírez.

Por su parte, el senador derechista Hernán Larraín, quien también integra la delegación oficial chilena que viajó a Portugal, manifestó que la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional «es la crónica de una muerte anunciada».

«Nicolás Maduro es un verdadero dictador en los hechos. Elegido democráticamente, se ha convertido en un dictador por el ejercicio ilegítimo del poder», argumentó el parlamentario y expresidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

A juicio de Larraín, «disolver el Congreso, que es donde está la oposición, que mayoritariamente refleja al país, es simplemente quedarse con el control total del poder».

También la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, manifestó su preocupación y dijo que lo sucedido en Venezuela es «un golpe de Estado».

Además el Congreso de ese país aprobó una moción para pedir la aplicación de la Carta de la OEA y censurar a Venezuela por quitar inmunidad a parlamentarios.

Panamá hizo «un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas» en Venezuela.

Los senadores republicanos, Marco Rubio y Bob Menéndez, consideraron que lo acaecido este miércoles en Venezuela representa «el último ataque a lo que quedaba de las instituciones democráticas» en nuestro país, por lo que calificaron al Jefe de Estado venezolano como «dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente».

En tanto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se pronunció con un un llamado a activar la la Carta Democrática a Caracas.

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