Yuleidy Valera tiene 8 años como trasplantada. La falta de medicamentos en el Seguro Social hizo que su cuerpo colapsara y comenzara a rechazar el órgano donado que intenta salvar hospitalizada en el Pérez Carreño. Como ella podrían terminar otras 100 personas que ya no cuentan con los inmunosupresores que deberían tomar de por vida
Una mosca vuela entre los productos de limpieza personal y el monitor de signos vitales. Se posa unos minutos sobre una caja hasta que la acompañante de Yuleidy Valera se percata y la espanta. La escena ocurre en uno de los hospitales más grandes de Caracas, el Pérez Carreño, en una habitación en la que descansan cuatro pacientes trasplantados y, por ende, inmunosuprimidos.
Valera tiene 23 años de edad y por segunda vez su cuerpo está rechazando un riñón donado. Cuando tenía 14 años de edad fue por “mala comunicación” con el médico. Ahora ocurre por falta de Myfortic, un medicamento antirrechazo que debe tomar de por vida, pero que desde hace dos meses no se lo despachan en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Tras su primer rechazo, transcurrieron apenas cuatro meses hasta que consiguieron un nuevo órgano proveniente de un cadáver. La trasplaron en el Hospital J. M. de los Ríos.
Perder nuevamente el riñón sería sentenciarse a vivir dializándose, pues en mayo de 2017 la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) anunció la suspensión de las operaciones para sustituir órganos.
“Estoy rechazando el riñón trasplantado por falta de medicamentos. Solo estaba tomando Prednisona y Prograf porque desde hace dos meses no hay Myfortic (otro fármaco que completa el coctel) en el Seguro Social. No sentí nada, simplemente empecé a marearme, me hicieron una biopsia y me dijeron que tenía un rechazo agudo”, contó Valera a El Estímulo.
Tras tres semanas de hospitalización, los médicos le han dicho que su riñón está comenzando a responder, pero para lograr su recuperación total se dializa de forma interdiaria y debió recurrir a la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) para conseguir las medicinas que no le proporcionaron en el IVSS.
Sus venas están “destruidas”. Tiene más moretones en los brazos que piel sana y tuvieron que colocarle un catéter en el cuello para poder dializarla. “Tengo que traer todo. Yelcos, adhesivos, gasas. Además tengo que pagar todos los exámenes por fuera. La ‘hematorina’ me cuesta 150 mil cada 15 días”.
Su familia no cuenta con los recursos suficientes para costear los gastos que no está cubriendo el hospital. Ella es estudiante, aunque debió congelar el tercer semestre de Educación que cursaba en la Unefa, y su papá, motorizado, mantiene a la mamá y a los dos hermanos, uno preso y otra embarazada.
“Cuando me conectan a la máquina empiezo a sentirme bien, pero cuando está terminando la hemodiálisis, me desmayo, me dan ganas de vomitar, me mareo, de todo. Volver a empezar no sería fácil. Ya no hay trasplantes en ningún hospital. Solo en clínicas. Y no tengo dinero para eso”, dijo la muchacha.
En la institución tampoco recibe la alimentación adecuada. Los trasplantados no deben comer carnes rojas y sin embargo eso es lo que recibe de desayuno, almuerzo y cena. “En la mañana, arepa con carne molida. Al mediodía, pasta con carne molida y, en la noche, arepa con carne molida. No me lo como, le saco la carne y me como lo demás solo”.
La escasez de medicamentos que afecta a Yuleidy también pone en riesgo a otros 3.500 trasplantados y la suspensión de operaciones deja a 6.500 enfermos renales sin la posibilidad de conseguir un órgano que funcione. Las denuncias de Codevida han sido desoídas y ahora Francisco Valencia, presidente de la organización, cree que las consecuencias serán las peores.
“En la farmacia de Alto Costo del IVSS hoy solo había Prograf, de todos los inmunosupresores. Tenemos pacientes que tienen medicamentos para 3 a 5 días. Calculo que en una semana puede haber más de 100 rechazos si no se toman acciones inmediatas”, advirtió el activista.
La Sociedad Venezolana de Nefrología difundió el 6 de noviembre un comunicado en el que alertan que los “nefrólogos en todo el territorio nacional hacen un esfuerzo titánico de paliar sin recursos adecuados” la crisis generada por la escasez y la suspensión de las diálisis peritoneales y los trasplantes.
En la misiva, exhortan al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda extranjera, declarar en emergencia el sistema de salud y recuperar los programas de salud renal.
El Estímulo intentó contactar a las autoridades del Seguro Social para conocer la situación. Carlos Rotondaro, presidente del IVSS, no respondió las llamadas ni los mensajes de texto; Antonieta Hurtado, directora de Salud, se encontraba en reuniones y no devolvió las llamadas; y Mercedes Pereira, directora de la farmacia de Alto Costo, se excusó con que no estaba autorizada para dar declaraciones.
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