Ortega Díaz pide capturar a Nicolás Maduro por "crímenes de lesa humanidad"

En la denuncia, Ortega Díaz, una chavista disidente considerada «prófuga de la justicia» por sus antiguos aliados políticos, también incluyó a prominentes funcionarios del gobierno de Maduro. Entre ellos Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y Néstor Reverol, ministro de Interior de Justicia. Además de Gustavo González López, director de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Antonio Benavides Torres, jefe del Gobierno de Distrito Capital.
«Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil», aseguró la fiscal en el exilio. Agregó que acudió a dicha instancia internacional «porque en Venezuela no hay justicia». 

La denuncia, ya anticipada por Ortega Díaz, se fundamenta principalmente en los crímenes documentados ejecutados por agentes uniformados y civiles del gobierno de Maduro que reprimieron a sangre y fuego una intensa ola de protestas callejeras que sacudieron  a Venezuela en la primera mitad de este año 2017, además de los delitos cometidos en 2015 y 2016.
Detalló que entre 2015 y primera mitad de 2017 hubo un total de 8.290 personas asesinadas por funcionarios policiales y militares que se encontraban «bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan de limpieza social», según denunció. En 2015 hubo 1.777 muertos; 4.667 para 2016; y hasta junio de 2017 fueron 1.846 ciudadanos.
En la acusación en la CPI incluyó a 505 personas asesinadas por efectivos de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), unos frecuentes operativos policiales y militares para capturar a delincuentes.
«Otra limpieza ejecutada por grupos tácticos de combate», dijo.
Luisa Ortega había sido fiscal general de la República activa desde 2008 hasta el 2014, durante el gobierno del difunto Hugo Chávez. Después sería ratificada por la Asamblea Nacional completamente chavista para el período 2014 -2021.
Pero fue destituida de manera sumaria en agosto de 2017 por el gobierno de Maduro, luego que la ex estrecha colaboradora de Chávez  denunciara que se había roto el orden constitucional  en Venezuela, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (también controlado por el chavismo) le arrebató por completo las funciones y atribuciones del parlamento opositor para asumirlos a través  de la sala Constitucional de la máxima corte.
La represión a comienzos de año durante las protestas antigubernamentales dejó al menos 120 asesinados – la mayoría jóvenes estudiantes universitarios alcanzados con disparos de armas de fuego en la cabeza y en el torso-, centenares de heridos y de civiles detenidos que están siendo juzgado por tribunales militares. Ortega Díaz dijo que en lo que va de año se han realizado 17.000 detenciones arbitrarias.
En el informe entregado a la Corte Penal Internacional, la fiscal (que todavía es reconocida por decenas de gobiernos de  países opuestos a Maduro) argumentó que se presentaron más de 1.000 elementos probatorios de lo que calificó como crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos. En el documento presentado se registran «reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas que sustentan la denuncia», recopilados por el Ministerio Público durante su gestión.
Señaló a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que el mandatario y su gobierno «deben pagar por el hambre, la miseria y las penurias a la que han sometido al pueblo de Venezuela», mientras añadió que solicitó en La Haya érdenes de capturas internacionales» contra los mencionados.

#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 de noviembre de 2017

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