Con la toma de posesión de Nicolás Maduro para el periodo presidencial 2019-2025, no son pocos los países de la región que desconocerán desde este 10 de enero al mandatario venezolano, ganador de unos comicios calificados como ilegítimos por la oposición venezolana y la comunidad internacional, hecho que desató una serie de acciones diplomáticas contra el presidente.
Uno de los países más críticos y que decidió tomar medidas a horas de la asunción del oficialista fue Ecuador, que a través de su jefe de Estado, Lenín Moreno, retiró a su embajador en Caracas además de asegurar que no tendrá representación en el acto a celebrarse en el Tribunal Supremo de Justicia.
En un mensaje a la población ecuatoriana, el mandatario reclamó que “recibimos gratuitamente injurias vertidas por la autoridad oficial que nos llevó a retirar a nuestro embajador en Caracas”.
El motivo, agregó Moreno, fue “por haber señalado reparos en temas de derechos humanos respecto a las causas de la gran migración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud”.
Según cifras de la cancillería ecuatoriana, más de 220.000 venezolanos se encuentran instalados en territorio meridional desde 2018, uno de los principales destinos para los migrantes venezolanos que escapan de la crisis que tomó forma bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez y que se agudizó con la llegada de Maduro al poder en 2013.
“Ecuador ha expresado en varias oportunidades que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos”, recordó Moreno.
Desde Miraflores, el Ejecutivo ha criticado en repetidas ocasiones al Grupo de Lima, alianza de 14 gobiernos, incluido Ecuador, el cual denunció las acciones de Maduro y su gabinete; mientras, desde el lado oficialista han acusado a los países que conforman el colectivo de asumir posturas injerencistas.
Sin embargo, el presidente ecuatoriano recordó que “la protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos en otros países”.]]>
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