Zulay Rodríguez, diputada panameña y vicepresidenta de la Asamblea Nacional del mencionado país, presentó durante la sesión del martes 9 de julio un anteproyecto de ley para “poner orden y control a todas las personas que vienen del extranjero”.
La representante del Partido Revolucionario Democrático, según detalló Panamá América, manifestó que «en ningún país hay tanto relajo como lo que hay aquí en Panamá”, denuncia en la que apuntó directamente al programa de regularización migratorio conocido como Crisol de Razas, el cual, denunció, fue un nido de corrupción.
“Lo que paguen ellos (extranjeros) en estos permisos migratorio tienen que ser evaluados y dar referencia en la Contraloría de la República”, siguió la parlamentaria.
Entre las medidas presentadas en la propuesta destaca a deportación de aquellos que formen parte de actividades delictivas en el país, sancionándolos con hasta 15 años sin poder entrar en dicho territorio.
“Si ponen en peligro las plazas de trabajo o las profesiones de los panameños, se van”, expresó en la sesión ordinaria del Parlamento panameño. “Los que adquirieron permisos provisionales de regularización migratoria extraordinaria tienen 6 meses para poner sus papeles en orden, si no pueden se les dará un mes de prórroga. Concluido el tiempo y no tienen sus documentos, se van”.
Hasta finales del año 2018, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) registró 94.000 venezolanos en territorio panameño, cifra que no fue confirmada por el gobierno local.
Entre enero y mayo del año en curso, 109 venezolanos fueron deportados por hacer vida en el país sin la debida documentación.
Para mejorar -aún más- la productividad en la región, será tarea esencial integrar a los trabajadores migrantes en profesiones u oficios calificados que les permitan utilizar sus habilidades
Además de la detención de migrantes por fuerzas estadales, en Texas el gobernador también ha lanzado iniciativas para construir muros y barreras en la frontera
La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que el gobierno de Panamá no le renueva autorización para ayudar a atender la crisis humanitaria en el Darién, por donde cada mes pasan miles de migrantes rumbo a EEUU, la gran mayoría venezolanos. Las víctimas de delitos graves también aumentan con este tráfico humano.
