El círculo vicioso de la corrupción

Este flagelo se agrava en presencia de una abundante renta petrolera que permite disimular o tapar los enormes huecos que va dejando la corrupción. Los gobernantes de turno -al disponer de una riqueza que no es generada por el esfuerzo productivo del país-, proceden a repartirla sin mayores exigencias ni condiciones. Los políticos populistas, en su afán por aferrarse al poder, conceden toda clase de dádivas y prebendas a los diferentes grupos de presión económica, política y social, cada uno de los cuales hilvana su mejor argumento para hacerse merecedor del mayor pedazo de la renta, ofreciendo a cambio su lealtad política y electoral.

La corrupción florece debido a la debilidad institucional y se agrava por la enorme discrecionalidad con la que suele actuar quien concentra cada vez un mayor poder. El poderoso actúa sin rendir cuenta ante una débil ciudadanía que no dispone de los mecanismos institucionales para ejercer una eficaz contraloría social. Y en tales condiciones es prácticamente imposible poner bajo el escrutinio de la ciudadanía la forma como se administran los recursos públicos.

La concentración del poder

Debido a la debilidad institucional, la participación activa y protagónica planteada en la CRBV se queda como letra muerta y no pasa de ser una consigna para la agitación. Si la gente no tiene la posibilidad de pronunciarse y tomar decisiones en los espacios que le son cruciales para su existencia, entonces no hay vías para que se desarrolle la iniciativa ciudadana ni el poder popular.

El exceso de centralización fue una de las causas del fracaso del Socialismo del Siglo XX, donde la intrusión del poder central llegó al extremo de despojar a los consejos de fábrica de todo poder real. Por eso, un asunto clave en la construcción del poder popular tiene que ver con la descentralización de la toma de decisiones. Mientras éstas se concentren en una sola persona o institución que suele estar en la capital, proliferará el burocratismo y la corrupción a través de gestores que prometen acelerar el trámite a cambio del pago de una comisión.

Ningún Estado -y mucho menos un Estado socialista que pretende la participación activa y protagónica-, puede administrarlo todo. La transparencia en las decisiones requiere un nuevo marco legal e institucional que active crecientes espacios para que la ciudadanía pueda decidir de manera directa y controlar el funcionamiento eficaz de esos mecanismos de decisión que afectan su vida cotidiana.

Las deformaciones burocráticas que hoy afectan al ciudadano de a pie no son solo una herencia perversa de la IV República. Si algo debe revisar autocríticamente el gobierno bolivariano es la inercia concentradora y centralista del poder, toda vez que no sólo las decisiones estratégicas sino incluso muchas decisiones de rutina requieren la firma del Presidente, del Ministro o de algún alto funcionario que suele acumular en su escritorio montañas de carpetas que esperan por su firma.

La descentralización es la mejor arma para luchar contra el burocratismo y la corrupción, toda vez que libera a las instancias superiores y organismos nacionales de una engorrosa carga de trámites administrativos que distraen su atención de los asuntos realmente estratégicos en los que debe enfocarse. De allí la importancia de descentralizar todo lo que se pueda descentralizar, enfrentando la férrea resistencia que opone el burocratismo del poder constituido, el cual se niega a ceder espacios a la ciudadanía como expresión del poder constituyente.

Es probable que se burocratice una institución o que se corrompa la persona responsable, incluso quien inspecciona puede ser complaciente con lo mal hecho, pero la ciudadanía que se ve afectada por la ineficiencia y la corrupción no se corrompe. Al contrario, asume una actitud crítica y cada vez más exigente. Y a medida que logre fortalecer el marco legal e institucional, contará con instrumentos adecuados para ejercer una exigente contraloría social que asegure mayor transparencia y eficiencia en la gestión.

Al transferir a la ciudadanía organizada el poder de decisión, control y fiscalización de las entidades administrativas, se abren vías para una creciente participación de la comunidad en la solución de sus propios problemas de base. De lo contrario, la noción del Poder Popular irremediablemente se desacreditará y se quedará como una retórica vacía que no moviliza a nadie.
El mito de la disolución del Estado nacional

Descentralizar no quiere decir que el Estado nacional se debilita o desintegra, tal como lo persigue la descentralización neoliberal. En su afán de abrir todos los mercados al interés de las grandes corporaciones transnacionales, los fundamentalistas del mercado ven como un estorbo la soberanía que ejercen los Estados sobre su territorio. Pero la noción de descentralización que aquí reivindicamos lo que busca es fortalecer la participación y el poder ciudadano como soportes del Estado nacional. Esto más bien exige el fortalecimiento (no agigantamiento) del Estado central, para que pueda estar en condiciones de defender la soberanía nacional.

La descentralización que fortalece el poder ciudadano y popular jamás puede destruir la unidad de la Nación. Ese es el argumento del burocratismo y las poderosas nomenklatura que secuestran el poder y se resisten a transferir las competencias y recursos a las nuevas formas de organización ciudadana y comunal. El burocratismo se aferra al poder para manipularlo como un mecanismo de dominación y no como un instrumento de emancipación. Lo que destruye la unidad de la Nación es la exagerada concentración de poder en pocas personas o instituciones, es la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se decide, es la falta de transparencia y la impotencia de la gente para ejercer una eficaz contraloría social. Eso sí es lo que va minando la credibilidad del gobierno, debilita al Estado y desintegra a una Nación.